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Plenario

(Nueva York, 15 de Noviembre de 2002)

Intervención del Embajador Alfonso Valdivieso, Representante Permanente de Colombia, Tema 28: Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas

 

Señor Presidente:

Deseo comenzar por agradecer al Secretario General la presentación de su informe sobre el tema que nos ocupa, el cual ilustra los progresos alcanzados en la consolidación de los fines estratégicos y los objetivos consagrados en la estrategia de las Naciones Unidas de lucha contra las minas para el período 2001-2005.

Señor Presidente:

"Hoy, mientras tiene lugar esta reunión, al menos dos colombianos serán víctimas de minas antipersonales en nuestro territorio." Con estas desgarradoras palabras inició su intervención el Dr. Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República de Colombia, al inaugurar recientemente en Bogotá un foro internacional sobre los desafíos que plantean las minas antipersonales en mi país. Con esas mismas palabras deseo introducir ante ustedes en esta mañana un diagnóstico global de la situación de amenaza y peligro latente que continúan representando las minas terrestres antipersonales en el territorio colombiano y un panorama de las acciones emprendidas por el gobierno de mi país para luchar contra este grave problema.

Es imposible establecer una cifra exacta del número de minas antipersonales sembradas en la actualidad en el territorio colombiano. Cifras proporcionadas por algunos estudios realizados en los últimos años hablan de un número aproximado de 100,000. La mayoría de ellas se concentra en cuatro departamentos de nuestra geografía nacional, áreas en las cuales el gobierno de Colombia ha desplegado durante los últimos cinco años sus más ingentes esfuerzos no sólo para erradicar de forma permanente y definitiva el flagelo de estos crueles artefactos -tristemente denominados "centinelas ocultos" o "enemigos que no duermen"- sino para crear de forma paralela una cultura de prevención frente a futuros accidentes con minas antipersonales, así como una estrategia completa de rehabilitación de víctimas de cara a su papel en la sociedad.

Señor Presidente:

El 6 de septiembre de 2001, en el marco de la Cumbre del Milenio, Colombia demostró su firme compromiso con la erradicación de las minas antipersonales al depositar el instrumento de ratificación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, comúnmente denominada "Convención de Ottawa", con lo que se convirtió en el Estado Parte número 103.

No obstante, las iniciativas encaminadas a prevenir y erradicar su uso en Colombia se remontan a algunos años más atrás. En 1996, la Industria Militar de Colombia (INDUMIL) suspendió definitivamente la fabricación de las minas antipersonales y procedió al desmantelamiento y posterior destrucción de las instalaciones de producción de las mismas. Desde que adquirimos la condición de Estado Parte en la Convención de Ottawa, nuestro compromiso se ha hecho patente en resultados igualmente concretos: en cumplimiento de tan importante convenio, se creó en enero del presente año la "Autoridad Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonales", un comité interinstitucional del más alto nivel, encabezado por el Vicepresidente de la República y constituido por los diferentes entes estatales y no estatales que enriquecen con su visión y su experiencia la planeación de estrategias para eliminar por completo las minas en Colombia.

Así mismo, Colombia ha participado de forma activa y permanente en las cuatro reuniones de Estados Parte que han tenido lugar hasta la fecha desde 1999, efectuadas en Maputo, Mozambique; Managua, Nicaragua y Ginebra, Suiza. Cabe agregar que, desde el año pasado, mi país viene presentando el informe anual derivado del artículo 7 de la Convención de Ottawa, que condensa las acciones realizadas en la materia en el marco de dicho instrumento internacional.

Señor Presidente:

Nada de lo anterior se hubiera podido lograr sin el invaluable apoyo y cooperación de la comunidad internacional a lo largo del proceso. Dos países en particular, Suiza y Canadá, destacan en el espectro de naciones que han efectuado un verdadero acompañamiento al Gobierno de Colombia durante la implementación de la Convención de Ottawa, a través de una asistencia permanente y comprometida tanto en el intercambio de experiencias respecto de la creación de una Autoridad Nacional, como en la cooperación técnica de expertos en la acción contra las minas antipersonales. Capítulo aparte merece igualmente el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD, por sus siglas en inglés), el cual fundamenta su labor en los aportes de varios países industrializados y de organismos internacionales como las Naciones Unidas, constituyendo en la actualidad el más claro referente y punto focal de toda iniciativa mundial relacionada con el tema. Las Naciones Unidas han ofrecido generosamente su concurso en la solución de este problema, a través de la posibilidad de futuras visitas por parte de una misión del Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra las Minas (UNMAS). Mi país acoge con beneplácito la voluntad de la organización sobre el particular y serán los habitantes de las zonas afectadas los que de forma más directa apreciarán la asistencia que podamos recibir en la materia.

Sin embargo, Señor Presidente, es mucho lo que aún queda por hacer. Los grupos armados al margen de la ley continúan sembrando indiscriminadamente minas antipersonales en territorio colombiano. Son por todos ampliamente conocidas las nefastas consecuencias que un sólo artefacto de ellos, o tan solo la sospecha de su presencia, genera en una población entera por un amplio período de tiempo. Las minas antipersonales no sólo afectan profundamente la integridad física y psicológica de poblaciones enteras, sino que su impacto negativo se traduce en efectos colaterales de suma gravedad, tales como la inutilización de tierra cultivable y la destrucción de recursos naturales, bienes y servicios, entre muchos otros. La rehabilitación de las víctimas, además, supone elevados costos para el Estado y genera un daño irreparable en la relación de la víctima frente a su familia y a la sociedad, con secuelas tan profundas que afectan a un conglomerado de personas mucho más allá de aquella que sufrió las consecuencias directas del accidente.

En los primeros nueve meses de este año 459 personas fueron víctimas de minas antipersonales en Colombia, es decir, dos víctimas diarias, como anoté al comienzo de mi intervención cuando hacía eco de las palabras del Vicepresidente de la República. Tristemente, un 50% de las víctimas civiles suelen ser niños y niñas, algunos de los cuales sufren la amputación de uno de sus miembros, pero muchos de los cuales pierden la vida instantáneamente o tras dolorosa agonía.

Señor Presidente:

El tratamiento del presente tema en la agenda constituye un espacio de reflexión y una plataforma para encontrar soluciones conjuntas frente a la magnitud del problema. El esfuerzo por alcanzar la eliminación total de las minas antipersonales ha propiciado un importante acercamiento entre los más variados sectores del Estado y de la sociedad. Pero dichos esfuerzos requieren de un apoyo adicional que la comunidad internacional y organismos como las Naciones Unidas están en capacidad de brindar. Colombia sabrá apreciar altamente toda iniciativa de la organización en tal sentido. Sólo así podremos mirar hacia el futuro sobre la base de una misma meta que constituye nuestro denominador común: por un mundo libre de minas antipersonales.

Muchas gracias.

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