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Tercera Comisión

(Nueva York, 6 de Noviembre de 2002)

Intervención del Embajador Alfonso Valdivieso, Representante Permanente de Colombia, Temas: Cuestiones Relativas a los Derechos Humanos

 

Señor Presidente:

En primer lugar, quiero agradecer al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, por su presentación. Quiero así mismo agradecer las exposiciones de los diferentes Relatores Especiales y destacar la complacencia de mi delegación con el debate interactivo que se ha sostenido con todos ellos, y que ha sido de gran utilidad para los trabajos de esta Comisión.

Señor Presidente:

El Fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los Derechos Humanos

Escuchamos con atención al Alto Comisionado, y debo decir que mi delegación considera de la mayor importancia su decisión de fijar el fortalecimiento del Estado de Derecho como el eje central de su gestión.

Colombia apoya, los esfuerzos del Alto Comisionado por reflejar esta prioridad en los programas y proyectos a ser ejecutados por su oficina, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de las instituciones nacionales, y de los mecanismos de participación de la sociedad civil.

Las situaciones de conflicto armado son a la vez causa y consecuencia del debilitamiento del Estado de Derecho. Y es precisamente el Estado el garante de los derechos humanos, de su promoción, de su protección y de su realización.

Señor Presidente:

Con renovado mandato, el nuevo Gobierno ha definido como prioridad el desarrollo de una Política de Seguridad Democrática, con el propósito de restaurar el imperio de la Ley en todo el territorio nacional, devolver la seguridad y el orden a los ciudadanos, y garantizar sus derechos y libertades fundamentales.

En ese propósito estamos empeñados, en el marco de un compromiso irrestricto con los derechos humanos, cuya garantía, promoción y protección hemos fijado como fundamento de nuestra institucionalidad y base para la convivencia democrática.

Pretendemos que los derechos humanos no sean motivo de polarización social y política, sino el mínimo común que unifique el trabajo de todos los estamentos de la sociedad por una Colombia en paz.

Con esa visión, las instituciones del gobierno con responsabilidades en la protección, prevención o atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario están trabajando intensamente en la evaluación de las políticas, programas e instituciones. La misión será cumplir las obligaciones con eficacia y máximo aprovechamiento de los recursos con que contamos.

Señor Presidente:

Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

Colombia no acepta las violaciones a los derechos humanos ni las infracciones al derecho internacional humanitario ni para combatir al Estado ni para defenderlo. Por esta razón condenamos enérgicamente las masacres, secuestros, asesinatos, destrucción de pueblos y otros atropellos cometidos por la guerrilla y por las autodefensas, que constituyen las mayores violaciones del derecho internacional humanitario en nuestro país.

No escapan a nosotros los señalamientos de connivencia de algunas autoridades con los grupos de autodefensa, pero rechazamos enérgicamente que hechos aislados, que son condenables y que el Estado está empeñado en combatir y castigar, sean presentados como una práctica institucional común y sistemática. El compromiso del Gobierno es contener por igual a la insurgencia y las autodefensas. Aplicar el mismo rigor a ambas amenazas.

Las Fuerzas Militares de Colombia están haciendo un esfuerzo enorme por continuar su proceso de profesionalización, en el marco de un firme compromiso con los principios y normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El país y la comunidad internacional han sido testigos de su empeño en emprender rectificaciones y sobre todo de su sometimiento a la institucionalidad civil.

Estamos comprometidos con la seguridad, pero entendemos claramente que esta no se puede lograr al costo de la institucionalidad y la legitimidad. En materia de resultados contra los grupos de autodefensa, a pesar de haber aumentado en un 300% el número de capturas en los últimos dos años hay todavía mucho por hacer. Los sectores sociales que ven en estos grupos una alternativa a la crisis deben comprender que su persistencia deslegitima al Estado, produce tano daño como la insurgencia y atenta de manera grave contra nuestra democracia. vSeñor Presidente:

Los defensores de los derechos humanos

El gobierno de Colombia comprende y reconoce el aporte fundamental de los defensores de los derechos humanos en el fortalecimiento de nuestra democracia. Por ello, y en respeto de la constitución y la ley, rechaza con toda energía las amenazas, atentados y descalificaciones de que son objeto. Cada víctima de las organizaciones de defensores de derechos humanos, del movimiento sindical, de las organizaciones sociales de trabajo por la paz, representa un ataque al país y a nuestra democracia.

Las personas desplazadas internas

No quisiera terminar esta intervención sin referirme a uno de los mayores dramas que vive Colombia, el de las personas desplazadas por el conflicto interno, la gran mayoría de los cuales son mujeres y niños.

El Gobierno de Colombia, a nivel nacional y a través de las autoridades locales, ha venido trabajando, con el apoyo del ACNUR y con la colaboración de un buen número de Organizaciones No Gubernamentales, en la implementación de medidas para hacer frente a este fenómeno.

En este contexto, hemos emprendido una iniciativa del Gobierno nacional dirigida a proteger a nuestros ciudadanos a fin de evitar los desplazamientos, y estamos implementando desde la Red de Solidaridad Social un proyecto para que 30.000 familias desplazadas regresen a sus parcelas, bajo la protección de la fuerza pública, y a través de la asignación de subsidios de vivienda y crédito productivo.

Señor Presidente:

Colombia ratifica su intención de continuar trabajando intensamente en el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el país. En ese sentido, valoramos la relación de cooperación que sostenemos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con la que hemos celebrado un acuerdo para renovar su mandato y ampliar su presencia a las ciudades de Cali y Medellín.

Los Acuerdos Especiales que tenemos con el Alto Comisionado para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y muchos otros representantes de la comunidad internacional a nivel mundial y regional son también prueba e instrumento de ese compromiso.

Por invitación del Gobierno han visitado nuestro país la Representante del Secretario General para los Defensores de los Derechos Humanos, y la Relatora Especial para la Violencia contra la Mujer. Hemos cursado también invitaciones a los relatores especiales para la Libertad de Opinión y Expresión, para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y para la cuestión de las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Continuaremos dándole la bienvenida a las contribuciones y recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, y continuaremos manteniendo un espacio de diálogo permanente y respetuoso con las organizaciones de la sociedad civil, pero no renunciaremos a ejercer, a la vez, el derecho a disentir, cuando consideremos que en lugar de coadyuvar al fortalecimiento de nuestras instituciones nacionales se está estableciendo juicios de valor basados en aproximaciones parciales o coyunturales.

Reiteramos nuestro compromiso con los derechos humanos y con la vigencia del derecho internacional humanitario, así como con el cumplimiento del mandato impartido por el pueblo colombiano.

Muchas gracias.

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