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Plenario

(Nueva York, 7 de Octubre de 2004)

Intervención de la Embajadora María Angela Holguín, Representante Permanente de Colombia, Tema 10: Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización.

 

Señor Presidente:

Agradezco al Secretario General por la elaboración y presentación de la Memoria sobre la labor de la Organización. Como todos los años, este informe da cuenta de la importante labor que adelanta la ONU por el logro de la paz y la seguridad mundial, el impulso al desarrollo económico y social de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos humanitarios.

Colombia reconoce y exalta esta labor. Así lo expresó la semana pasada en el Debate General de esta Asamblea el Presidente Uribe, cuando expuso los avances del gobierno colombiano en el área social y agradeció el apoyo de los 21 organismos y agencias de Naciones Unidas que tienen presencia en el país. Todas estas instituciones de la ONU, incluido el Asesor Especial para Colombia del Secretario General, desarrollan sus labores con absoluta independencia, con el pleno apoyo y respaldo del Gobierno y en estrecha colaboración con las instituciones estatales y de la sociedad civil.

Señor Presidente:

Como es de amplio conocimiento por parte de la comunidad internacional, tanto éste como todos los últimos gobiernos colombianos han mantenido siempre abierta la puerta del diálogo con los grupos armados ilegales. Al asumir la Presidencia de Colombia, en Agosto del 2002, el Presidente Uribe reiteró esta disposición al diálogo sobre la base del cese del fuego y hostilidades por parte de los grupos armados ilegales. Solicitó también la continuación de los buenos oficios que desde 1999 viene ejerciendo el Secretario General a través de su Asesor Especial para Colombia.

El Gobierno Nacional ha mantenido abiertas las puertas del diálogo con todos los grupos armados ilegales que cesen hostilidades y muestren una clara voluntad de paz. Bajo estas condiciones, se dio inicio a un proceso con los grupos de autodefensas que debe culminar con la desmovilización total de sus integrantes antes de finalizar el año 2005, como está establecido en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito (15 de julio de 2003). Este proceso, que avanza con la veeduría de la Organización de los Estados Americanos y en el que algunos países europeos ya han mostrado interés por colaborar, merece un decidido apoyo para lograr el desarme, la desmovilización y la reinserción de miles de miembros de este grupo armado ilegal.

Con los demás grupos armados ilegales, el Gobierno ha realizado esfuerzos de paz importantes. Recientemente, le fue enviada al Ejército de Liberación Nacional -ELN- una propuesta de diálogo amplia y flexible, a través del Gobierno de México, quien viene desarrollando una labor de facilitación.

Así mismo, el Gobierno colombiano valora positivamente los buenos oficios que la ONU ha realizado para lograr acercamientos de paz con las FARC. Frente al tema del acuerdo humanitario, a través del Gobierno Suizo, le fue enviada una propuesta a este grupo armado ilegal para obtener la libertad de las personas secuestradas. Todos estos esfuerzos han sido ampliamente conocidos por la opinión nacional y la comunidad internacional.

Pero así como el pueblo y el Gobierno de Colombia han mantenido la mano tendida para aquellos que demuestren su voluntad de iniciar un proceso serio de negociaciones, así mismo mantenemos inquebrantable nuestra lucha contra el terrorismo y la violencia, que cada año causan decenas de miles de muertos y le cuestan 5.8% del Producto Interno Bruto al país. Para enfrentar estos flagelos hemos venido aplicando la política de seguridad democrática, que ya ofrece resultados contundentes como la presencia de la policía en todos los municipios del país y el descenso de los homicidios en un 22%, las masacres en un 35% y los secuestros en un 34.7%.

Esta Política, que cubre también la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilícitas, logro por primera vez revertir la tendencia al aumento de los cultivos ilícitos, que desde el 2002 vienen registrando una reducción anual de un 30%. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra la Droga y el Crimen registra este avance significativo.

Señor Presidente:

Hago todas estas precisiones para aclarar que lo que el párrafo 31 de la Memoria del Secretario General describe como "una intensa campaña militar contra los dos principales grupos guerrilleros", es en realidad la más exitosa política de seguridad que se haya aplicado en Colombia. Política que está recuperando el imperio de la ley en todo el territorio nacional, que ha disminuido la violencia y el terrorismo con estricto apego a los derechos humanos, y que ha logrado reducir la tasa de desplazamiento interno en un 40%. Política dirigida a proteger a la población civil colombiana que ha sufrido durante décadas el terrorismo ejercido por los grupos ilegales.

La Política de Seguridad Democrática no se opone a la salida negociada, la incluye dentro de su horizonte y se convierte en su plataforma. La paz definitiva necesita del diálogo; y el imperio de las Instituciones, la Constitución y la Ley, son la mejor garantía para transitar este camino con transparencia y seriedad. La consolidación de una autoridad firme y transparente, pasa por un tratamiento igualmente firme frente a todos los grupos armados ilegales sin distinción alguna. Durante esta administración, la lucha contra los grupos de autodefensas ha sido la más fuerte y contundente en la historia reciente del país. Las bajas de miembros de estos grupos han aumentado en un 210% y las capturas en un 280%.

Desde el inicio del Gobierno se ha trabajado para la desmovilización de los miembros de los grupos guerrilleros y de autodefensa. Hoy hay 6000 personas, hombres y mujeres, que se han salido de las filas de estos grupos. El Gobierno tiene en marcha un programa de ayuda para que estas personas retornen a la vida civil. El 57 % son miembros de las FARC, 22% de las AUC, 17% del ELN y 4% de grupos disidentes. Este programa, vital para los esfuerzos de paz y la reconciliación nacional, representa un esfuerzo enorme tanto financiero como logístico para un país como Colombia. Por eso requerimos del apoyo y la cooperación de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas para darle a estos miles de colombianos una alternativa de vida distinta a la violencia.

Señor Presidente:

El Gobierno colombiano valora positivamente la asistencia y cooperación de la comunidad internacional en los esfuerzos de paz y reconciliación nacional. Ha sido invaluable el apoyo prestado por la OEA en materia de verificación y acompañamiento a los esfuerzos de diálogo en nuestro país. Así mismo, son bienvenidas todas las iniciativas de apoyo y cooperación de organismos internacionales y países amigos que, a solicitud del Gobierno colombiano, conduzcan a alcanzar una paz seria y definitiva.

Hemos valorado y agradecido al Secretario General las gestiones realizadas en desarrollo de sus buenos oficios, solicitados por el Gobierno Nacional. Así mismo, hemos considerado conveniente que se valore conjuntamente la pertinencia y eficacia de los contactos que realice el Enviado Especial con los grupos armados ilegales.

Finalmente, en cuanto se refiere al proyecto de ley sobre justicia y reparación, cabe anotar que se aplicaría, no sólo a los grupos de autodefensa que han emprendido diálogos de paz con el Gobierno, sino a todos los grupos armados ilegales que se decidan a dejar las armas y entrar en un proceso serio de negociación. Para el Gobierno colombiano es claro que las personas responsables de delitos atroces o de lesa humanidad, no pueden beneficiarse con las figuras de indulto y amnistía, trátese de guerrilleros o autodefensas. Estos casos requieren de herramientas jurídicas adicionales que reconozcan los principios que gobiernan la lucha contra la impunidad: Verdad, Justicia y Reparación. Con este fin, el Gobierno ha formulado el proyecto de ley de Justicia y Reparación que, tras haber sido concertado con el Senado y haberse discutido en audiencias públicas, se encuentra actualmente en una etapa de concertación con la Cámara de Representantes. El objetivo, es obtener un instrumento jurídico producto del más amplio consenso nacional, que permita juzgar a personas que han participado en procesos de paz y sean responsables de delitos atroces.

Señor President:

El pueblo y el Gobierno de Colombia son conscientes de la situación humanitaria y de derechos humanos que ha ocasionado la violencia y la escalada terrorista en el país. Por eso, más que entrar en discusiones sobre las cifras totales de desplazados internos, que son imposibles de calcular con exactitud y que trivializan un drama humano, estamos comprometidos con brindarles atención suficiente y oportuna. El actual gobierno ha multiplicado por 8 los recursos destinados a la atención de esta población altamente vulnerable. El presupuesto de inversión de la Red se Solidaridad Social, entidad encargada de su atención, ha pasado de 14 millones de dólares en el año 2002 a 120 millones para el 2005,.Se han dado retornos que benefician a mas de 70 mil personas y se trabaja arduamente para consolidar la paz en las regiones y así lograr más retornos masivos.

Por otra parte, como la situación hace necesaria la coordinación y cooperación de todas las partes que trabajan en el área humanitaria, incluidos los gobiernos regionales y locales, las ONGs, las organizaciones internacionales y los países donantes, con el Sistema de Naciones Unidas en Colombia hemos iniciado la concertación del segundo plan de asistencia humanitaria que requerirá el firme compromiso, no solo del Gobierno de Colombia, sino de todas las partes involucradas, así como del Sistema de Naciones Unidas y de la cooperación de la comunidad internacional.

Permítame finalizar, Señor Presidente, refiriéndome a otro drama humanitario que vive mi país por obra de los grupos armados ilegales. Me refiero a las minas anti-personales que han sembrado a lo largo y ancho del país, que matan y mutilan principalmente a los soldados y policías colombianos, pero también a civiles indefensos, especialmente niños, y que impiden el desarrollo en vastas zonas del campo colombiano. Agradecemos la cooperación internacional que nos brindan en las costosas labores de desminado varios países, ONGs y organizaciones internacionales como la OEA y la ONU. Reiteramos la importancia de continuar e incrementar la asistencia y cooperación internacional en esta materia.

Muchas Gracias.

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