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Plenario

(Nueva York, 21 de septiembre de 2006)

Intervención del Presidente de la República de Colombia, S.E. Sr. Alvaro Uribe Velez, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Sexagésimo Primer Período de Sesiones Ordinarias

 

Quiero felicitarla a usted, Señora Presidenta, y desearle todos los éxitos en esta nueva Asamblea General.

Hace 4 años acudí por primera vez ante este foro del mundo a anunciar que Colombia empezaba una era de seguridad democrática. Explicaba por qué la seguridad es en nuestro tiempo un valor democrático sin el cual no prosperan las libertades, y es también una fuente de recursos, en cuya ausencia no afluye la inversión y son esquivas las posibilidades para eliminar pobreza y construir igualdad.

Hace 4 años referí a ustedes por qué nuestro concepto de seguridad es democrático y, por ende, merecedor del apoyo y confianza de todos los pueblos y de las Naciones Unidas.

Soy consciente que hoy no podría dirigirme a ustedes para proponer una teoría de seguridad democrática; la oportunidad de haber estado 4 años en la Presidencia de mi País, me obliga a presentar los resultados de esta política. Colombia ha realizado 4 elecciones generales y un sinnúmero de elecciones locales. El Referendo, la elección de alcaldes y gobernadores de 2003, fueron eventos que pusieron a prueba nuestro significado democrático de seguridad. Este año, las elecciones en fecha separada de Congreso y Presidente de la República, altamente amenazadas por terroristas, resultaron, sin embargo, las más pacíficas en muchas décadas. Todas las opciones políticas disfrutaron de garantías efectivas, sin importar su grado de apoyo o de oposición al Gobierno.

Colombia ha elegido, bajo la seguridad democrática, alcaldes, gobernadores y congresistas de todas las tendencias. La seguridad ha contenido al terrorismo para que se exprese la democracia.

Aún nos falta mucho en seguridad y todavía no se vislumbra la paz definitiva, pero los avances son innegables. La protección efectiva de los colombianos se traduce en la caída del número de homicidios, secuestros, actos terroristas, crímenes y amenazas contra periodistas y líderes de organizaciones sindicales. La totalidad de gobernadores y alcaldes ejercen sus funciones en sus propias jurisdicciones, superando la pesadilla del destierro a que muchos fueron sometidos por acciones terroristas no contrarrestadas por el Estado.

Para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la seguridad, se requiere que la ciudadanía la rodee con credibilidad. Nuestra tarea se orienta a construir credibilidad basada en eficacia y transparencia. En consecuencia, los derechos humanos son un imperativo de la seguridad. En los últimos años hemos crecido la fuerza pública en un 30%, las operaciones militares se han multiplicado por 3 y simultáneamente las quejas contra la fuerza pública se han reducido en un 38%. Esto cobra más importancia al tratarse de un País con plena democracia interna y totalmente abierto a la supervisión y crítica internacional, como ha ocurrido a través de la presencia de una oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.

A pesar del camino que queda por recorrer, el logro más importante es la valoración positiva que los ciudadanos le asignan a la seguridad, y la determinación colectiva para consolidarla.

Para nosotros la violencia organizada, con móviles políticos ficticios, es terrorismo; y la seguridad es camino de paz. Cuando hay una democracia de por medio, pluralista, vigorosa y garantista, la acción armada contra ella es puro terrorismo. Negarlo haría que no hubiese diferencia entre el combate armado a las dictaduras, que ameritó en otros países el reconocimiento a grupos insurgentes, y la agresión violenta padecida por nuestra democracia, que es terrorismo.

La desmovilización de más de 40.000 integrantes de agrupaciones violentas, como resultado de la seguridad democrática, y los esfuerzos que el País adelanta para reinsertarlos a la vida Constitucional, acreditan plenamente que para nosotros la seguridad es camino de paz y reconciliación.

Hablar de 40.000 desmovilizados es fácil, sumarlos es muy difícil; lograr que se desmovilicen es aún más difícil y reinsertarlos es obra monumental. En medio de comprensible controversia hemos avanzado en el desmonte de poderes irregulares. Las autodefensas ilegales, que hasta hace 2 años, conjuntamente con la guerrilla, parecían poderes superiores al Estado, hoy, en su inmensa mayoría están desmovilizados y un alto porcentaje de los jefes están recluidos a órdenes de la justicia. Son resultados más elocuentes que la retórica.

Debo anotar que en la guerrilla ha sido superior el número de desmovilizados que los dados de baja por las fuerzas institucionales.

Vengo hoy a Naciones Unidas a pedir apoyo resuelto a nuestra política de seguridad y al programa de reinserción. La violencia colombiana ha tenido mucha publicidad internacional, crítica constante al Estado, y poca ayuda para superarla. Es tiempo para que la comunidad internacional emplace, de manera perentoria, a los grupos violentos a hacer la paz sin más dilaciones. El Gobierno es tan firme para implementar la seguridad, como riguroso para respetar las reglas democráticas, y abierto y generoso para buscar la paz. Una muestra sincera de voluntad de paz no tropezará con obstáculos gubernamentales para llegar a la reconciliación definitiva.

La comunidad internacional debe apoyar, de manera más decidida, nuestra política de seguridad. De este modo se acelerarán resultados de superación de violencia y búsqueda de paz.

Las drogas ilícitas como fuente de financiación de los grupos violentos, son uno de los aspectos que marca la diferencia con antiguas guerrillas de otros países latinoamericanos. Esa financiación criminal, sin fondo y autónoma, es el principal obstáculo para la paz.

En la lucha contra las drogas ilícitas, expreso con angustia que los progresos son pequeños si se comparan con el sacrificio del pueblo colombiano y la voluntad del Gobierno para erradicarlas.

Los esfuerzos en número de ciudadanos extraditados, confiscación de riqueza ilegítima, extensiones fumigadas, son enormes; pero los resultados no son proporcionales. Por segundo año consecutivo contamos con un programa de erradicación manual masiva, que completará 70.000 hectáreas eliminadas de coca.

La producción y el consumo requieren un compromiso global, que trascienda las declaraciones formales, para aplicar de manera creciente programas que reflejen acciones de responsabilidad compartida.

Hay exitosos proyectos de desarrollo alternativo. Hace pocas semanas Naciones Unidas evaluó muy positivamente el programa Familias Guardabosques, que cobija a 43.000 familias campesinas, que han sustituido la droga por el cuidado del bosque y la siembra de cultivos alternativos. Algunos, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, ofrecen servicios de turismo ecológico. Según la Agencia de Naciones Unidas contra el delito, la droga ha sido eliminada en un 80% dentro del área de las familias guardabosques, que abarca 2.000.000 de hectáreas. Han sido recuperadas más de 136.000 hectáreas de bosque tropical. Gracias a los pagos que realiza el Gobierno, estas familias ya han adquirido más de 30.000 hectáreas. Sin embargo, para cuidar un alto porcentaje de la selva colombiana, necesitamos llegar a 120.000 familias, lo cual se constituye en un gran reto presupuestal que demanda apoyo internacional más general y decidido.

El programa frena la tala del bosque tropical y de la selva amazónica, que por efecto de la droga han sufrido en nuestro País la destrucción de cerca de 2.000.000 de hectáreas.

Pregunto al mundo: ¿por qué no hay un compromiso mayor, menos retórico y más eficaz, para que Colombia, que tiene absoluta voluntad para lograrlo, supere definitivamente este flagelo de la coca?

Los colombianos no queremos quedarnos en esfuerzos y sacrificios, requerimos resultados. Estamos dispuestos a revisar nuestra estrategia, a mejorarla, pero necesitamos que el mundo entero se involucre con nosotros. Pido a Naciones Unidas esfuerzos adicionales que nos ayuden a encontrar senderos de eficacia.

Reiteramos ante Naciones Unidas nuestro comprometido entusiasmo para honrar las metas sociales del milenio. Cohesión social, superación de pobreza y construcción de equidad son aspiraciones esenciales de nuestra democracia. En 2002 la pobreza alcanzaba casi el 60 % de la población; en 2005 había bajado al 49%. Haremos lo posible para que en 2010 no supere el 35% y alcanzar la meta de 15% para el 2019, Segundo Centenario de la Independencia de nuestro País. Por fortuna el coeficiente Gini empieza a mostrar una tendencia de corrección en la distribución del ingreso.

Nuestras metas son ambiciosas para lograr en el cuatrienio que inicia plenas coberturas en educación básica y salud; avances significativos en saneamiento básico y microcrédito para 5.000.000 de familias.

Queremos una democracia moderna con seguridad, libertades, cohesión social, transparencia e instituciones independientes.

Queremos una Nación sin exclusiones y sin odio de clases, con armonía, rectitud y prosperidad. Una Nación en permanente debate democrático, con fraternidad, sin antagonismos insuperables. Una Nación integrada al multilateralismo, agradecida de los esfuerzos de Naciones Unidas, receptiva a sugerencias de la comunidad internacional y dispuesta a compartir sus experiencias y mejorar sus resultados.

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