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Sexta Comisión

(Nueva York, 1 de noviembre de 2006)

Intervención del Sr. Álvaro Sandoval, Ministro Plenipotenciario, Tema 78. Informe de la Comisión de Derecho Internacional (Capítulo X. Efectos de los Conflictos Armados en los Tratados)

 

Señor Presidente:

La delegación de Colombia agradece a la Comisión de Derecho Internacional la presentación del Informe correspondiente a su 58º período de sesiones y se permite formular sus comentarios y observaciones sobre el Capítulo X titulado Efectos de los conflictos armados en los tratados.

Señor Presidente:

Colombia estima esencial que toda consideración, examen o desarrollo del derecho de los tratados esté presidida o sea abordada a la luz del principio rector pacta sunt servanda que, como norma de ius cogens, compromete a todos los miembros de la sociedad internacional a cumplir plenamente los compromisos pactados en los mismos. Ese cumplimiento está, a su vez, sujeto al principio de buena fe contenido en el artículo 2, numeral 2 de la Carta de Naciones Unidas, disposición incorporada por iniciativa de Colombia.

La observancia de los tratados y la buena fe en su ejecución, son garantes de la paz y la seguridad internacionales. Cualquier resquicio que pretenda un cese de la vigencia de los acuerdos internacionales por vías ajenas al derecho internacional o a las estipulaciones específicas contenidas en los mismos, no sólo afectaría la concordia entre las naciones sino que sería fuente de interminables conflictos, como se señaló en la Conferencia de San Francisco y se reiteró en la Conferencia de Viena de 1969.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, resultado de un concienzudo proceso de elaboración y negociación, debe ser el referente jurídico inmediato en toda labor que se emprenda en relación con el derecho de los tratados y, en consecuencia, es preciso evitar cualquier reinterpretación o desarrollo que pueda alterar el espíritu y contenido de sus disposiciones. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha señalado, de forma reiterada, que la mayor parte de los artículos de esa Convención son declarativas del derecho consuetudinario, lo que enaltece aún más su valor jurídico.

El régimen de terminación y suspensión de los tratados previsto en ese instrumento es suficientemente preciso y riguroso, razón de más para proceder con atención al abordar la eventual incidencia que en los mismos pudieran generar los conflictos armados. Todos los tratados merecen la más alta consideración y plena observancia para las partes dado que son leyes para éstas. En aspectos como su vigencia, la intangibilidad inherente a determinados tratados por las materias sobre las que versa no puede ser alterada por ninguna circunstancia, como lo preceptúa el Artículo 62, numeral 2, literal a. de la Convención de Viena de 1969, que, ni aún ante una cambio fundamental de las circunstancias, autoriza la terminación o el retiro del tratado cuando éste establece una frontera. Inclusive, en el evento de la sucesión de Estados no se afectan los tratados que versen sobre fronteras como lo ordena el artículo 11 de la Convención sobre sucesión de Estados de 1983.

Por todo ello, el examen que adelanta la Comisión sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados debe darse, principalmente, desde la perspectiva del derecho de los tratados y con base en el presupuesto de que los conflictos armados no pueden servir de pretexto para faltar a su cumplimiento.

Señor Presidente:

En relación con el segundo Informe presentado a la Comisión de Derecho Internacional por parte del Relator Especial del tema objeto de examen, mi delegación desea formular las siguientes observaciones específicas:

1. Consideramos que debe preservarse la definición de tratado contenida en el literal a, del proyecto de Artículo 2, por ser esa la establecida en la Convención de Viena de 1969 y, consecuentemente, estimamos que la misma debe circunscribirse a los acuerdos vigentes y a los concertados en el marco del derecho internacional vigentes.

En procura de evitar una reiteración innecesaria, proponemos que en lugar de transcribir la definición que de tratado estipula el literal a), del artículo 1º de la citada Convención, el proyecto de norma en consideración remita expresamente a esa disposición.

2. Compartimos la opinión expresada en el curso de las deliberaciones de la Comisión que calificó de tautológica la definición de conflicto armado, prevista en el literal b, del mismo artículo 2. A ese respecto, no parece conveniente acuñar una definición que arriesga ser imprecisa o insuficiente, cuando existe un desarrollo convencional en la materia, por lo que proponemos que ese proyecto disposición simplemente remita a las Convenciones de Ginebra de 1949.

No es pertinente, en nuestro criterio, incorporar en una eventual definición los conflictos armados internos que, por su naturaleza, no afectan las relaciones interestatales y, por ende, no deben tenerse como causal de terminación o suspensión de los tratados vigentes, salvo disposición en contrario de las partes en el correspondiente tratado. De otra parte, nos sumamos a la opinión de los miembros de la Comisión que se oponen a la inclusión de las ocupaciones militares en la definición que se comenta.

3. Es relevante, en aras de la certeza contractual, preservar el texto del proyecto de artículo tercero, con lo cual se reitera que el desencadenamiento de un conflicto armado no produce ipso facto la terminación de los tratados ni la suspensión de su aplicación. En ese sentido, coincidimos con quienes expresaron en el seno de la Comisión, la inconveniencia de substituir el término ipso facto por el de necesariamente, del cual se inferiría una aplicación relativa según el tratado. Si bien encontramos plausible y pertinente el tenor de ese proyecto de disposición, no estimamos afortunado el título del mismo por que induce a confusión. Sugerimos, en consecuencia, que se reemplace por el de Vigencia de los tratados.

4. El proyecto de artículo 4, titulado Indicios de la posibilidad de terminación o suspensión de la aplicación de los tratados en caso de conflicto armado, está construido sobre la premisa de que los Estados suelen celebrar tratados considerando la posibilidad del desencadenamiento de conflictos armados luego de la entrada en vigor de esos instrumentos. Lo que la realidad enseña es que los tratados se concertan para afianzar las relaciones entre los Estados, promover el intercambio, la cooperación o para definir situaciones pendientes con miras a prevenir, evitar o concluir diferendos o conflictos. Por lo mismo, no parece conveniente mantener este proyecto de artículo si su sustento es la intención de las partes en relación con la posibilidad de terminación o suspensión de la aplicación de los tratados en caso de conflicto armado.

5. El proyecto de artículo 5 es innecesario. El numeral 1 de esa disposición no solo es redundante sino que además puede inducir a confusión. Si los conflictos armados no generan por sí mismos la terminación de los tratados o la suspensión de su aplicación, menos aún parecería pertinente que ello ocurriera respecto de aquellos tratados concertados expresamente para situaciones de conflicto armado. Menos necesario es este numeral si perviviera el proyecto de artículo 4, en virtud del cual se pretende apelar a la intención de las partes para determinar la posibilidad de terminación o suspensión de la aplicación de los tratados en las situaciones descritas. Si está vigente un tratado aplicable en esos eventos es manifiesta la voluntad de las partes y ello no precisa, en consecuencia, una cláusula como la consignada en el numeral comentado.

Así mismo, es evidente que los Estados partes no están jurídicamente impedidas con motivo del desencadenamiento de un conflicto armado a celebrar acuerdos lícitos sobre la suspensión de la aplicación o la renuncia a la aplicación de un tratado que verse sobre tales situaciones.

Aún más inoficioso es, en nuestro concepto, el numeral 2 del proyecto de artículo 5, por que el Estado, mientras exista, está dotado de la competencia inherente a su soberanía de celebrar tratados. Jurídicamente, los conflictos armados, en ningún caso, atenúan o derogan las competencias de los Estados.

6. De igual forma, el proyecto de artículo 6 es, en nuestra opinión, innecesario a la luz de lo expresado por el mismo Relator Especial y debería suprimirse.

7. Si bien es pertinente una disposición como la contenida en el proyecto de artículo 7, compartimos la opinión de quienes estiman que no es procedente recurrir a una clasificación o lista de los tratados que de suyo es arbitraria y, a su vez, como se dijo en el curso de las deliberaciones en la Comisión, puede crear una presunción en contrario de la que se colegiría que los demás tratados, vale decir los no incluidos en la lista, no se aplicarían como efecto del conflicto armado.

El proyecto de artículo 7 debería contener una precisa relación de principios rectores o de factores frente a los cuales sea claro que, determinados tratados por su naturaleza o su objeto y fin no se afectan, en ningún caso, como consecuencia de un conflicto armado. En la redacción de esa disposición es esencial que la intangibilidad de que están revestidos determinados tratados por las materias que regulan sea un principio rector o factor que se contemple.

En el evento de persistir la propuesta de elaborar una lista de tratados que por su objeto y fin son necesariamente aplicables, es imprescindible incorporar en la misma los tratados que establecen fronteras.

Señor Presidente:

Mi delegación renueva su agradecimiento a la Comisión de Derecho Internacional y apoya sus labores como fuentes que son del desarrollo y la codificación del Derecho Internacional, y proseguirá, con particular atención, los trabajos sobre este proyecto y otros en curso de examen en ese órgano al que Colombia le asigna la mayor importancia.

Gracias Señor Presidente.

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