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Tercera Comisión

(Nueva York, 25 de enero de 2007)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas. Comité Contra la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer: Introducción

 

Señora Presidenta del Comité

Señoras Expertas

Señoras y señores delegados, representantes de las agencias de Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales:

En nombre del Gobierno de Colombia, tengo el honor de expresarles nuestro más cordial y respetuoso saludo.

Para mi país, las acciones nacionales e internacionales encaminadas a promover el avance de la mujer mediante la incorporación de la perspectiva de género y de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, tienen especial prioridad en la agenda del Estado. No sólo por tratarse de una cuestión central de derechos humanos y justicia social, sino también porque este avance es decisivo para el desarrollo humano individual y colectivo de la sociedad, y para la construcción de condiciones de bienestar y paz.

El Plan Nacional de Desarrollo y las diversas políticas y acciones nacionales, sitúan a la mujer como eje de construcción de la paz y el desarrollo. El respeto a los derechos de las mujeres, la equidad, la igualdad de oportunidades, la participación de la mujer, el respeto a la diversidad, entre otros, son principios que se incorporan cada vez más en las distintas decisiones del Estado.

La rama Ejecutiva ha formulado políticas y programas específicos para la mujer, y realiza esfuerzos continuos por incorporar de forma transversal el tema de los derechos de la mujer en los planes de desarrollo, y en las acciones sectoriales del Estado. Los resultados de los avances en este frente son notorios y verificables.

El Congreso Nacional, por su parte, ha aprobado leyes encaminadas a resolver debilidades y a construir fortalezas institucionales, económicas y sociales que benefician a la mujer. Están vigentes, y se aplican en el país, leyes especiales sobre derechos de la mujer, y leyes generales que han incorporado la perspectiva de género con un criterio de transversalidad.

La rama jurisdiccional ha avanzado en la construcción de marcos de jurisprudencia acordes con los estándares internacionales en la materia, para garantizar los derechos de la mujer en circunstancias individuales. Los entes autónomos de control del Estado, como la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, hacen seguimiento a la gestión oficial, con plena independencia, para verificar que ésta atienda sus obligaciones frente a la mujer. En otros frentes, sirven también como mecanismo de alerta a las autoridades sobre situaciones de vulnerabilidad que afectan a la mujer.

La sociedad civil, por su parte, ha avanzado significativamente en su organización eficaz para trabajar en muy diversos temas de los derechos de la mujer. Su liderazgo ha permitido construir un diálogo permanente con las instituciones gubernamentales en la definición, ejecución y control de políticas públicas focalizadas y generales.

Señoras expertas:

Colombia reconoce el papel central de las normas, objetivos y estrategias acordados internacionalmente para promover y proteger en el ámbito mundial los derechos de la mujer. Y respalda la inclusión de la perspectiva de género, de manera transversal, en todas las decisiones y acciones de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y la paz, que impulsan los entes multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, Colombia considera la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como un instrumento central de la estructura internacional de promoción y protección de los derechos de la mujer en los distintos países. Mi país firmó esta Convención en 1980 y la ratificó en 1982.

Así mismo, el Protocolo Facultativo de la Convención fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 984 de 2005. De acuerdo con nuestro procedimiento interno, esta Ley fue objeto de examen por parte de la Corte Constitucional, que mediante sentencia C-322 de 2006, declaró su exequibilidad. El Presidente de la República expidió el instrumento de ratificación el 27 de diciembre de 2006, que fue depositado durante la presente semana en la Oficina de Asuntos Legales de Naciones Unidas. De este modo, el Protocolo pasa a formar parte del ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de nuestra Carta Política.

Para la delegación colombiana es de gran importancia participar en el examen del V y VI Informe del Estado colombiano. Asistimos a este importante Comité con el ánimo de tener un diálogo productivo sobre la situación de la mujer en Colombia, sobre los esfuerzos del Gobierno y del Estado en favor de las mujeres, así como sobre los obstáculos que es necesario superar para avanzar cada vez más en el logro de la equidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por último, quiero presentarles la Delegación de Colombia que sostendrá con ustedes el diálogo interactivo:

En primer lugar, nos acompaña la jefa de la delegación, señora MARTHA LUCÍA VASQUEZ ZAWADSKY, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, quien dirige el ente oficial principal, encargado del diseño, promoción, coordinación y seguimiento de la política nacional para las mujeres, y de su incorporación transversal en las demás políticas del Estado.

La Viceministra María Isabel Nieto, quien representa al Ministerio del Interior y de Justicia, entidad que tiene a su cargo, entre otros asuntos, las políticas de participación comunitaria y democrática, convivencia, asuntos étnicos, fortalecimiento y acceso a la justicia. Del Ministerio de Relaciones Exteriores nos acompaña la Embajadora Clara Inés Vargas, Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La señora Comisionada Patricia Buriticá, destacada representante de la sociedad civil que hoy integra la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada mediante la Ley de Justicia y Paz.

Así mismo, nos acompaña un destacado grupo de funcionarias y funcionarios de alto nivel, en representación de las siguientes entidades: Ministerio de la Protección Social, entidad rectora de la seguridad social y de las políticas laborales. Ministerio de Educación Nacional. Agencia Presidencial para la Acción Social. Consejería Presidencial de Programas Especiales. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad responsable de las políticas para la protección integral de la familia, y en especial de los niños, niñas y adolescentes.

A continuación, se dirigirá a ustedes la jefa de la Delegación, quien profundizará en los avances logrados en el período que cubre el informe frente a cada tema contemplado en la Convención.

Muchas gracias, señoras expertas.

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