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Tercera Comisión

(Nueva York, 25 de enero de 2007)

Intervención de la Dra. Martha Lucía Vásquez Zawadsky, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. Comité Contra la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer: V y VI Informe Periódico del Estado Colombiano

 

Honorables Expertas:

En el marco de esta sesión del Comité, la Delegación de Colombia presenta los avances alcanzados en el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, entre los años 1999-2006.

Año tras año, la Convención ha ido cobrando relevancia en el quehacer del Estado colombiano y ha servido como derrotero en muchas de las acciones y políticas públicas.

Resaltamos que las medidas adoptadas para avanzar en la aplicación de la Convención han sido analizadas a la luz de las diferentes coyunturas políticas, sociales y económicas que ha atravesado nuestra nación en el periodo correspondiente al informe que hoy se sustenta, así como del proceso de reelección presidencial que se surtió en el país en el 2006.

En momentos en que el Estado Colombiano enfrentaba niveles preocupantes de amenazas a la institucionalidad democrática, el Presidente Álvaro Uribe Vélez inicia su gobierno en agosto de 2002 y ante la coyuntura interna, se compromete a fortalecer el Estado de derecho y a restablecer el imperio de la ley en todo el territorio, en el marco del compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a fin de defender y preservar la gobernabilidad democrática.

Para avanzar en ese propósito, se pone en marcha la Política de Seguridad Democrática, que involucra no solo la dimensión de seguridad, sino también las dimensiones de equidad social y desarrollo humano; esta política además de mejorar el ambiente general del país en materia de seguridad y confianza, ha tenido grandes logros, que benefician a mujeres y hombres, los cuales se sintetizan así:

Importantes resultados en la recuperación del territorio, la protección de la población y la reducción del narcotráfico; tales como la disminución de ataques a poblaciones en un 84.8% en relación con el cuatrienio anterior, de secuestros extorsivos en un 80% entre 2002 y 2005, de atentados terroristas en un 63%.; disminución del desplazamiento forzado en un 29% promedio anual desde el 2003, mediante una gestión de prevención y atención integral a la población afectada y la destinación de cuantiosos recursos presupuestales.

Entre agosto de 2002 y noviembre de 2006 se logró la desmovilización de 42.808 personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley, de los cuales 34.196 pertenecían a las autodefensas ilegales, hecho nunca antes visto en la historia del país. En el marco del proceso de desmovilización colectiva de los grupos armados de autodefensa, se aprobó la Ley Justicia y Paz, que consagra la equidad de género como un principio orientador y transversal.

De otra parte, la equidad social se consignó como pilar del Plan Nacional de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario 2003-2006".

Para lograr los objetivos consagrados en el Plan, la Política de Reactivación Social se sustentó en siete herramientas de equidad social, con acciones que han impulsado el crecimiento económico, la generación de empleo y la lucha contra la pobreza y que han priorizado la atención a los sectores más vulnerables de la población, en especial aquellas personas afectadas por la violencia.

El gobierno nacional está convencido que sólo así podremos construir una sociedad más justa y democrática, que brinde a la mujer el lugar que le corresponde como factor de desarrollo y de equidad social.

Señoras Expertas:

La voluntad del Gobierno Nacional por introducir de manera transversal el enfoque de género en todas las políticas, planes, estrategias y acciones, fue consignada en el mencionado Plan Nacional de Desarrollo y se verá fortalecida en el periodo 2006-2010 con el nuevo Plan de Desarrollo, en el que el gobierno incluyó la Equidad de Género en un capítulo específico.

Son tres las estrategias que el Estado colombiano adelanta para procurar el adelanto de la mujer y avanzar hacia la equidad de Género:

-Acciones afirmativas

-Política de Reactivación social

-Estrategia de transversalidad de género.

Las Acciones Afirmativas se desarrollan a favor de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los grupos étnicos y las personas con discapacidad entre otros, desde entidades creadas especialmente para combatir las diversas discriminaciones que afectan a estos grupos de la población.

En relación con las mujeres, el poder ejecutivo adoptó la política afirmativa "Mujeres constructoras de Paz y Desarrollo" que prioriza cuatro (4) áreas de intervención: empleo y desarrollo empresarial, educación y cultura, participación política y prevención de la violencia contra la mujer; esta política desarrolla programas y estrategias, que se articulan con las demás políticas e instancias del gobierno nacional y de los gobiernos locales; los resultados de esta política son satisfactorios y el reto es darle continuidad a ésta.

La Política Afirmativa contempla para el periodo 2006-2010 un Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la Justicia en Colombia, con más de 100 medidas relacionadas exclusivamente con la protección de la mujer frente a la violencia intrafamiliar, la ruptura de la unión marital y la discriminación laboral; en su implementación intervendrán más de 30 entidades y diversos sectores del Estado.

La Política de Reactivación Social promovida por el Gobierno Nacional se equipara a un gran Plan de Igualdad de oportunidades, si se tiene en cuenta que está sustentada en siete herramientas de equidad social y ha contribuido de manera significativa a la igualdad real entre mujeres y hombres como lo confirman los resultados de los programas que la conforman, al ser presentados desagregados por sexo.

Respecto a la Transversalidad de Género, estrategia que supone una agenda de país que comprometa a todas las ramas del poder público, en concordancia con los artículos 2 a 4 de la Convención, podemos afirmar que en Colombia se ha ido consolidando una verdadera política de Estado encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, con avances significativos a nivel normativo, jurisprudencial, institucional y en materia de políticas públicas.

A nivel normativo, entre 1999 y 2006 se alcanzó un mayor nivel de protección con la adopción de 9 leyes aprobatorias de tratados internacionales relacionados con la mujer, 28 leyes que las protegen de manera especial y se encuentran en trámite por lo menos otros 9 proyectos de ley. A nivel jurisprudencial, en el mismo periodo, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han proferido cerca de 3.000 sentencias relacionadas con la situación de la mujer y la protección de sus derechos.

Contamos con recursos judiciales para proteger los derechos fundamentales de las mujeres; los constitucionales, como la acción de tutela, las acciones populares y de grupo; la acción de reparación directa por daños y perjuicios producidos por el Estado y las acciones penales por delitos que constituyan violencia de género.

El Recurso de constitucionalidad que puede ser interpuesto por cualquier persona, ha permitido eliminar del ordenamiento jurídico, disposiciones que eran incompatibles con el reconocimiento de los derechos de la mujer y que resultaban contrarias a los tratados internacionales, en virtud de la figura de "bloque de constitucionalidad".

A nivel institucional: Contamos con una gama de instituciones comprometidas con la promoción y el respeto a los derechos de la mujer; el Ministerio Público y el Congreso de la República realizan un exhaustivo control político para velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, cuentan con Delegadas para el tema de mujer, y realizan una vigilancia a las actuaciones del Gobierno.

En lo atinente a violencias contra la mujer, el Estado colombiano, a través de diversas entidades, protege los derechos de las mujeres y las atiende como víctimas de las distintas formas de violencia. La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestan asistencia a los casos de violencia contra la mujer, a través de los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, los Centros de Atención Integral a víctimas de violencia sexual y las acciones derivadas de la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar "Haz Paz".

De igual forma, el Gobierno Nacional ha fortalecido el mecanismo nacional creado para trabajar por el adelanto de la mujer, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para que pueda desarrollar con mayor eficiencia las nuevas responsabilidades que le competen: formulación y puesta en marcha de una Política afirmativa a favor de la mujer y coordinación del proceso de transversalidad de género con entidades del nivel central, departamental y local; para ello, desde el 2003 se redefinieron sus funciones, su misión y su visión, y continuará en ese proceso de fortalecimiento institucional en los próximos años, valiéndose del análisis de la naturaleza, estructura y funciones de los mecanismos de la mujer de otros países.

La Consejería está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y es ahí donde debe continuar, para beneficiarse simultáneamente de una de las estructuras más importantes del Estado, junto con el presupuesto de funcionamiento e inversión que le es asignado anualmente, así como para tener la interlocución que ha logrado con todos los Ministerios y entidades del orden nacional y territorial, la cooperación internacional y el sector privado, lo que le ha permitido ejecutar más de 18.724 millones de pesos (USD 8.419.065 aprox.) entre el 2002 y el 2006 en acciones dirigidas exclusivamente a la mujer.

A nivel de políticas Públicas: Además de las Políticas ya mencionadas, el Estado en su conjunto, adelanta la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el cual tiene como principio transversal el enfoque de género y además cuenta con una Ruta sobre la lucha contra la discriminación promoción de la identidad y un capítulo especial sobre lucha contra la discriminación de la mujer.

La tercera estrategia, esto es, la de transversalidad de Género, encuentra un gran soporte en el "Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres" suscrito el 14 de octubre de 2003, en presencia del Presidente de la República, por parte de los representantes de las tres ramas del poder público, universidades públicas, órganos de control y algunos gremios del sector privado, que ha permitido concertar agendas interinstitucionales e intersectoriales.

El "Acuerdo Nacional" tiene un especial significado en la implementación de la Resolución 1325 de N.U., por cuanto además de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género a las políticas públicas, potencia la participación de la mujer en condiciones de igualdad con los hombres, en todas las esferas de la sociedad.

Honorable Comité:

En atención al artículo 5 de la Convención, Colombia ha realizado diversos esfuerzos para implementar agendas relacionadas con la eliminación de estereotipos sexistas, en un trabajo emprendido por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comunicaciones y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

El Ministerio de Comunicaciones elaboró el documento de "Política Sectorial para la Radiodifusión en Colombia" dentro de la cual se incluye dinamizar la responsabilidad social, con programas para erradicar la violencia contra la mujer. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha realizado constantemente, programas de sensibilización y prevención de la violencia intrafamiliar a través de medios de comunicación.

Según lo establecido en el artículo 6 de la Convención, el Estado Colombiano, consciente de la gravedad del delito de la Trata de Personas, ratificó el Protocolo para "Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños" e impulsó la aprobación de la Ley 985 de 2005; con esta nueva legislación se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, y se han logrado importantes avances en materia de lucha contra este flagelo tanto en el nivel interno como internacional tales como:

- El establecimiento de un tipo penal de Trata de Personas avanzado.

- Creación y fortalecimiento del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas como órgano consultivo del Gobierno Nacional, y que cuenta con recursos propios que ascienden a $904'000.000 (USD 406.475) de pesos para la vigencia 2007.

- La formulación de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, y el compromiso de las instituciones de elaborar un Plan de Acción Nacional ajustado a esa Estrategia.

De acuerdo con el artículo 7, las mujeres participan como electoras en un mayor porcentaje frente a los hombres. El voto femenino alcanzó el 51.9% en las elecciones del 28 de mayo de 2006, con una votación de 6.161.817 frente a una votación masculina de 5.700.547.

Se destaca el aumento para el año 2005 de la participación de la mujer en la totalidad de los cargos públicos, gracias a la aplicación de la Ley de Cuotas entre otros factores. En la rama ejecutiva aumentó 3.57%; en el interior de los organismos 5.53%. Cuatro (4) de 13 Ministerios y más del 33% de los cargos del nivel directivo de la administración pública a nivel territorial, están siendo ocupados por mujeres. En Bogotá, la ciudad capital, 20 mujeres fueron designadas alcaldesas locales de un total de 20 alcaldías.

Para garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas y en organizaciones y asociaciones no gubernamentales, se han promovido: -Los Consejos Comunitarios de Mujeres, impulsados desde la Consejería para la Equidad de la Mujer; existen 323 en igual número de municipios, que reconocen la diversidad y heterogeneidad de las mujeres de todas las regiones y les otorga "voz propia", para que puedan exigir sus derechos. -Los Encuentros de Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, realizados con la participación de representantes de más de 4.000 organizaciones sociales y comunitarias de mujeres, a nivel nacional. -El Pacto para una Inclusión Efectiva de las Mujeres en la Política, firmado el 5 de octubre de 2005 por los representantes de 16 partidos y movimientos políticos que se comprometieron a desarrollar estrategias para avanzar en la equidad de género. -La implementación de la Resolución 1325, orientada a la construcción, el mantenimiento de la paz y la seguridad Internacionales, que cuenta con el decidido apoyo de Colombia, uno de los países promotores de ésta e integrante del Grupo de Amigos que impulsa su aplicación y difusión.

Desde el 2002, el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, conformó una Mesa sobre Mujer, Paz y Seguridad que adoptó una Agenda común en torno a esta resolución; su divulgación y promoción ha sido una prioridad permanente. Anualmente conmemoramos su aniversario en un evento en el que participan diferentes estamentos de la sociedad e instituciones; así mismo participamos y organizamos cursos de capacitación sobre este instrumento, para aportar a las mujeres de diferentes regiones, disciplinas e intereses, y a funcionarios-as, herramientas técnicas, conceptuales y metodológicas para la negociación y resolución de conflictos.

UNIFEM ha sido una importante aliada en todos estos esfuerzos. Dos mujeres de amplia trayectoria en ONG que trabajan a favor de la paz hacen parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, una de ellas nos acompaña en nuestra delegación. En cumplimiento del artículo 8, las mujeres representan al Estado en el plano internacional en igualdad de condiciones a los hombres: 131 mujeres están vinculadas al servicio exterior en cargos diplomáticos y 35 son jefas de misiones diplomáticas. Las mujeres han sido cabeza de representación del Estado en organismos internacionales. Recientemente, Colombia fue elegida para ocupar la Vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres en el marco de la Organización de Estados Americanos, lo cual constituye un reconocimiento a la labor que ha venido desarrollando el Estado en este importante tema.

En relación con el artículo 10, las diferencias en el acceso a la educación entre mujeres y hombres prácticamente han desaparecido; las mujeres han bajado su tasa de analfabetismo; los datos registran que en todos los niveles, los hombres se retiran más del sistema educativo que las mujeres; en la última década, en primaria, secundaria, y educación universitaria se observa que la cobertura ha sido mayor en el caso de las mujeres. El actual gobierno está cristalizando una verdadera "revolución educativa con perspectiva de género"; las cifras así lo confirman; el 49.72% de los nuevos cupos escolares creados para educación básica y media fueron captados por mujeres; en educación superior la participación de las mujeres se mantiene en el 51%.; en los nuevos cupos para educación superior el 67.8% de los créditos otorgados por ICETEX beneficiaron a mujeres; el éxito de las estrategias promovidas para la ampliación de la cobertura se refleja en la generación de nuevos cupos en la educación preescolar, básica y media.

Con relación al artículo 11, en materia de empleo, el diagnóstico sobre los resultados de las principales variables sobre nivel y calidad del empleo indican que las condiciones son significativamente más favorables que en 2002: la tasa de desempleo promedio anual a nivel nacional registró una reducción de 3,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2002 y diciembre de 2005 periodo en el que registró 11,8%. A mayo de 2006 el desempleo alcanzó 11,5%, nivel que contrasta con igual periodo del año 2002 cuando se ubicó en 15,1%. Las políticas de Reactivación Social, de Manejo Social del Campo, de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, los programas del Ministerio de Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); la política de la Banca de las oportunidades , entre otros, han contribuido al dinamismo del mercado laboral, permitiendo una reducción drástica del desempleo con la creación de 1,9 millones de nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos y mejores condiciones laborales debido a la reducción de 2,8 puntos porcentuales en el nivel de subempleo por insuficiencia de horas trabajadas.

No obstante lo anterior, las mujeres alcanzaron en promedio un 75% de los ingresos de los hombres entre el 2001 y el 2004, presentándose una brecha del 25%, la cual es más pronunciada para el sector informal (31%) que para el sector formal (17%) y ha implicado que muchas mujeres consideren más adecuado para ellas y sus familias llevar a cabo una iniciativa empresarial propia que les permita marcar sus propias condiciones laborales. Como Acciones afirmativas en materia de empleo y desarrollo empresarial de las mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer desarrolla, a nivel nacional, programas que permiten el acceso de las mujeres a los recursos del sector financiero, a la capacitación empresarial y a los canales de comercialización, y que contribuyen al fortalecimiento de proyectos productivos, a la generación de ingresos y de empleos de las mujeres, a la bancarización y al desarrollo de una cultura empresarial.

Honorables Expertas:

En materia de salud (artículo 12), se logró la inclusión de 7,8 millones de nuevos usuarios al Régimen Subsidiado de Salud, en contraste con los 5,9 millones de cupos creados entre 1998 y 2002. En el período 2002-2006, el número total de afiliados/as se incrementó 72,9% pasando de 10,7 millones a 18,6 millones, con lo que la cobertura actual de la población con Sisbén 1 y 2 alcanzó 62,7%.

El Régimen Contributivo alcanzó 15,7 millones de afiliados/as, lo que representa un incremento de 19,4% frente al 2002; el Sistema General de Seguridad Social en Salud completó 34,3 millones de beneficiarios/as en 2006, lo que representa una cobertura de 74,6% del total de la población frente al 54,6% que se encontraba cubierto en el 2002. Se han logrado avances y desarrollos sustanciales en la promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención y atención en cada uno de sus componentes, así como la transformación de los indicadores de detección temprana y atención de los problemas asociados al ejercicio sexual y reproductivo.

La Tasa total de fecundidad continúa en descenso de 6.8 en 1950 a 2.4 hijos por mujer en 2005, siendo la fecundidad urbana de 2.1 y la rural de 3.4 hijos por mujer. El uso actual de métodos anticonceptivos entre todas las mujeres en edad fértil se incrementó de 53% en 2000 a 56% en 2005. La desnutrición crónica disminuyó en el mismo periodo, aunque se presentan diferencias regionales marcadas y la zona rural resulta más afectada para estos indicadores.

En el periodo 1990-2005 se observa descenso de 20% a 6% en la proporción de embarazos sin atención prenatal institucional. Para el periodo 2000-2005 la atención prenatal por médico aumentó de 90% a 94%, el 83% de las gestantes tuvo 4 o mas controles prenatales y el 71% fue a la primera cita a los 4 meses de gestación. Por su parte la cobertura del parto Institucional aumentó de 86% al de 92% en este período. La Consejería Presidencial de Programas Especiales (CPPE) actúa en conjunto con la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva formulada por el Ministerio de Protección Social, adelantando el Programa de "Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz".

En todos los programas y proyectos del sector salud se ha incorporado la perspectiva de género y en los registros de información, se han contemplado las diferencias para hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo vital, con varias experiencias exitosas.

Con relación a la participación de las mujeres rurales en instancias de toma de decisiones (artículo 14), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia -ANMUCIC hace parte de la Junta Directiva del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- FINAGRO y es miembro de la junta directiva del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, aplicó la perspectiva de género en la recolección y el análisis de varios productos básicos y para visualizar aspectos relacionados con las mujeres rurales, incluyó en el Censo realizado en el 2005, preguntas para conocer aspectos relacionados con sus ocupaciones, actividades generadoras de ingreso, y en general sobre sus condiciones de vida.

En la Política "Manejo Social del Campo" del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se inscriben programas que involucran a las mujeres rurales en la formulación y ejecución de proyecto, entre los que se destacan Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural (PADEMER), Alianzas Productivas, FOMMUR, Vivienda de Interés Social Rural y Reforma Agraria. El Gobierno Nacional sancionó la Ley 731 de 2002, para favorecer a las mujeres rurales, mejorar su calidad de vida, priorizar la atención a las de bajos recursos y acelerar la equidad entre mujeres y hombres.

En materia de riesgos profesionales, el Ministerio de la Protección Social ha diseñado planes de acción especiales y estrategias para atender a las mujeres rurales: i) Desarrollo de proyectos sobre prevención en salud ocupacional en poblaciones específicas de trabajadoras campesinas; ii) Desarrollo del Convenio con la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo de la agricultura; iii) Contratos con entidades privadas para la investigación y la promoción de la salud ocupacional.

En relación con los artículos 15 y 16 de la Convención destacamos los siguientes avances: Se reconoce a la mujer una capacidad jurídica idéntica a la del hombre, iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes; trato igual en todas las etapas del procedimiento en la jurisdicción. Mediante la acción de constitucionalidad se han eliminado aquellas normas que han tendido a limitar la capacidad jurídica de las mujeres, quienes tienen los mismos derechos que el hombre para circular libremente y para elegir su residencia y domicilio, contraer matrimonio, elegir libremente a su cónyuge, con iguales derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; iguales derechos y responsabilidades como progenitores/as, y en materia de propiedad; y, la misma edad mínima para la celebración del matrimonio, por reciente pronunciamiento jurisprudencial.

La Corte Constitucional profirió la sentencia de constitucionalidad C-355 el 10 de mayo de 2006 que despenalizó el aborto en tres casos especiales: violación, malformación grave en el feto o cuando el embarazo revista riesgo para la madre. Se cuenta con los siguientes mecanismos de seguimiento: SINERGIA- Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Publica; SIGOB- sistema para el seguimiento a los resultados alcanzados en la Política Social del Gobierno y, el Observatorio de Asuntos de Género, para el seguimiento a los avances en materia de equidad de género como categoría y método de análisis; éste último trabaja en 5 ejes temáticos e incluye los componentes normativo, jurisprudencial, administrativo, y estadístico; recoge y sistematiza información secundaria, construye indicadores de género, divulga la información recolectada y los análisis elaborados y formula recomendaciones.

El O. A. G. que funciona desde el 2004, fue creado de manera permanente por la Ley 1009 de 2006, adscrito a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, fortalece el proceso de transversalidad de género y aporta análisis e insumos para elaborar informes sobre bases sólidas y confiables. Mi país ha recibido en los últimos años varios reconocimientos por los avances alcanzados en materia de equidad de género, de respeto a los derechos humanos y por el trabajo adelantado por el gobierno nacional a favor de las mujeres.

Una de las metas para el período 2006-2010 es la inclusión de la perspectiva de género en la agenda de la política exterior y de cooperación internacional, con énfasis en los temas de desarrollo social.

Señoras expertas:

Estos avances con los cuales estamos dando cumplimiento a la CEDAW, corresponden al esfuerzo conjunto del Congreso de la República, del Gobierno Nacional, de la Rama Judicial y del compromiso de otros sectores de la sociedad. Sin embargo, la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer están lejos de ser alcanzadas, y es necesario reconocer que para lograr una mayor y efectiva participación de las mujeres, que les permita incidir de manera sostenida en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, es necesario redoblar los esfuerzos. Colombia se encuentra comprometida con este objetivo.

Entre los RETOS que se nos plantean podemos señalar: 1. Continuidad en las Políticas mencionadas en este informe. 2. Mayor calidad educativa y su articulación con el mercado laboral. 3. Responsabilidad compartida en las labores domésticas. 3. Apropiación de la política Afirmativa para la Mujer en todos los entes locales. 4. Seguir fortaleciendo el mecanismo nacional para la Mujer. 5. Disminuir los niveles de todas las formas de violencia contra la mujer. 6. Consolidar la estrategia de Transversalidad de Género. 7. Incrementar la participación de las mujeres en cargos de elección popular.

Por último, quiero resaltar otro aspecto que ratifica el compromiso con la CEDAW: la amplia delegación que ha venido de nuestro país con presencia de funcionarias y funcionarios del más alto nivel gubernamental.

Muchas gracias.

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