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Tercera Comisión

(Nueva York, 16 de octubre de 2006)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 64: Cuestiones indígenas

 

Señor Presidente:

La Constitución de Colombia reconoce a mi país como una Nación pluriétnica y multilingüe, cuya diversidad étnica y cultural es protegida por el Estado. Colombia ratificó, en 1991, el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, sin duda uno de los instrumentos más importantes para el avance legal y jurisprudencial en relación con este tema.

Señor Presidente:

Según el censo de población que se realizó entre octubre y diciembre de 2005, el 3.4% de la población colombiana, esto es, un millón 380 mil personas, se autorreconocen como miembros de pueblos indígenas.

Una amplia mayoría de ellos vive en territorios tradicionales protegidos legalmente, conocidos como resguardos. Allí, los pueblos indígenas tienen su propia organización social y títulos de propiedad colectiva, inembargable e intransferible. El Estado ha establecido y titulado 710 resguardos, que ocupan una extensión de 34 millones de hectáreas, es decir, el 29,8% del territorio nacional, coincidente en buena parte con zonas de especial importancia ambiental.

Nuestra Constitución ordena que los resguardos participen en las transferencias presupuestales del Gobierno central. También, establece la potestad de los pueblos indígenas de administrar justicia y resolver conflictos de acuerdo con su derecho consuetudinario y costumbres, en una jurisdicción indígena especial que debe encontrase, equilibrarse y coordinarse constructivamente con la justicia ordinaria.

Las lenguas indígenas son lenguas oficiales en sus territorios. En Colombia, los pueblos indígenas existentes hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias debe ser bilingüe y sustentada en programas de etnoeducación que refuercen su identidad cultural.

En el campo político, existen cuotas fijas de representación indígena en las dos cámaras del Congreso. Además, varios senadores y representantes indígenas, así como concejales y diputados departamentales, han sido elegidos por listas de los partidos tradicionales, en las circunscripciones ordinarias.

Dado que cerca del 90% de los indígenas habita en zonas rurales, estos compatriotas sufren problemas similares a los de la población campesina. A ellos los ha afectado la violencia de las agrupaciones terroristas financiadas por el narcotráfico, la falta de créditos, y en algunas zonas, la difícil comunicación vial y dotación de servicios. Por eso, el Gobierno nacional ha emprendido acciones en diversos frentes para reducir su vulnerabilidad. Menciono entre ellos: su vinculación universal al servicio de salud subsididado por el Estado; la inclusión de sus territorios en programas estatales de inversión en infraestructura; las acciones para su protección más eficaz, en el marco de la Política de Seguridad Democrática.

Además, en el país existe desde 1996 una Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, en la que participan las tres principales organizaciones nacionales indígenas de Colombia, que trabajar en temas relacionados con la prevención de violaciones de derechos humanos. También ese Ministerio estableció, en junio pasado, un Plan Integral para apoyar a las comunidades indígenas en alto grado de vulnerabilidad, dirigido a emprender acciones para beneficiar a cerca de 35.000 personas.

Existen también espacios permanentes de concertación y trabajo entre el Ministerio del Interior y los Pueblos y Organizaciones Indígenas en temas administrativos y normativos. En la "Mesa Regional Amazónica", los representantes de los indígenas y entidades del orden nacional y local, definen acciones integrales para el desarrollo sostenible de esta zona del país. En otro grupo participativo, se ha trabajado también en la nueva formulación de una política pública integral para los Pueblos Indígenas de Colombia, que se comienza a ejecutar con los presupuestos de 2007 y 2008.

Señor Presidente:

En el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, se solicita a la Asamblea General que apruebe el texto de la Declaración de Pueblos Indígenas, adoptada por votación en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Colombia considera que esta Declaración, sobre un tema tan importante, debe reunir el consenso de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y lamenta que no hubiera sido posible lograr ese consenso en el Consejo de Derechos Humanos, instancia que adoptó el texto por votación.

El hecho de que este texto se hubiera adoptado de esta forma en Ginebra indica que todavía debe trabajarse más su contenido, para lograr el lenguaje apropiado que pueda ser adoptado sin reservas por la Asamblea. En el caso de mi Delegación, desde diversas perspectivas, y a pesar de contar nuestro país con uno de los marcos constitucionales, legales e institucionales más avanzados en materia de comunidades indígenas, encontramos que varios temas de la Declaración requieren ajustes para que tengan un alcance adecuado, realista y acorde con las normas internas, incluidas algunas previsiones constitucionales. Varios conceptos y requieren mayor análisis, para facilitar el consenso, a la luz de los compromisos internacionales y de las normas generales de impacto nacional.

Aunque todavía no se ha definido qué instancia de la Asamblea será la que estudiará el informe del Consejo de Derechos Humanos, mi país subraya de antemano la importancia de realizar los esfuerzos necesarios para que la Declaración se sustente en ese consenso, como debe ser cuando se trata de un tema de derechos humanos, y en especial, de los derechos de los pueblos indígenas.

Ello resulta aun más claro si se tiene en cuenta, como lo anota el mismo relator especial, que la Declaración está llamada a convertirse en un nuevo marco para la jurisprudencia internacional y para otros organismos que hacen seguimiento a los Convenios internacionales.

Señor Presidente:

Colombia dedica sus mejores esfuerzos para desarrollar en políticas y acciones estatales las medidas que permitan realizar los derechos de los pueblos indígenas y enfrentar las vulnerabilidades que los afectan. En mi país, la política de Seguridad Democrática y la política de Herramientas para la Equidad, entre otras, son fundamentales para reducir los factores de riesgo que hoy amenazan sus derechos. Colombia espera que el marco internacional de instrumentos en este frente sea aplicable a cabalidad y contribuya de manera eficaz a ese propósito.

Muchas gracias, señor Presidente.

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