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Tercera Comisión

(Nueva York, 17 de octubre de 2006)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 67: Cuestiones de los derechos humanos

 

Señor Presidente:

Mi Delegación quiere reiterar el firme compromiso de Colombia con el cumplimiento en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, de los cuales forma parte. Mi país reconoce la legitimidad de los órganos de seguimiento de tales tratados, y presenta los informes convencionales periódicos a los respectivos Comités, responde las solicitudes de información adicional que le sean presentadas, y adopta políticas, programas y acciones permanentes con el objetivo de atender las recomendaciones que plantean tales organismos.

Hemos estado abiertos a la supervisión y diálogo internacional en materia de derechos humanos, como ha ocurrido durante 10 años a través de la presencia en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo mandato se ha prorrogado nuevamente hasta octubre del próximo año. Varios mecanismos extraconvencionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, han visitado nuestro país, atendiendo la invitación efectuada por el Gobierno Nacional.

Señor Presidente:

Para Colombia el tema de Derechos Humanos es prioritario. El Plan Nacional de Desarrollo tiene claros mandatos para avanzar en este campo. Bajo la coordinación del Vicepresidente de la República se ejecutan importantes lineamientos de política en la materia, que tienen en cuenta las recomendaciones de los órganos creados en los tratados sobre Derechos Humanos y de mecanismos de Derechos Humanos y de otras agencias de la ONU.

El informe de 2005, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, reconoce, como lo ha venido reiterando el Gobierno Nacional, que en Colombia "las violaciones graves no forman parte de una política deliberada del Estado". Por el contrario, el Gobierno Nacional, gracias a la Política de Seguridad Democrática, incluidos sus componentes en materia de derechos humanos, ha logrado revertir significativamente la tendencia de agravamiento de los indicadores de vulneración de los derechos y libertades fundamentales, que hace algunos años existía en el país.

Gracias a la aplicación de esta Política, entre 2002 y 2005 los homicidios en el país se redujeron en un 37%; los casos de secuestro bajaron en un 72%; el desplazamiento forzado disminuyó en un 67%; los ataques a poblaciones en un 84%; y los actos de terrorismo en un 63%. Las quejas contra la Fuerza Pública, en materia de derechos humanos, se han reducido en un 38%, a pesar de que por la naturaleza de la situación, las operaciones militares se debieron incrementar para atender las necesidades de seguridad ciudadana. Durante 2006, todas estas cifras siguen mostrando resultados positivos, con una repercusión visiblemente favorable a las garantías para el ejercicio de los derechos de los colombianos.

En los últimos cuatro años, 31 mil 700 integrantes de grupos armados ilegales de autodefensa se han desmovilizado colectivamente; y 10 mil 500 miembros de los distintos grupos armados ilegales lo hicieron de manera individual. Todo ello dentro de marcos legales que fueron definidas en el Congreso de la República buscando el mayor equilibrio posible entre la búsqueda de la paz y la justicia. La legislación sobre esta materia ha pasado su examen en la Corte Constitucional de nuestro país, reconocida por su jurisprudencia siempre firme en materia de protección de los derechos humanos.

Con este marco legal, conocido como "Ley de Justicia y Paz", se busca facilitar los procesos de paz con los grupos armados al margen de la ley, así como la reinserción de sus miembros, garantizando, ante todo, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Desde el momento de su concepción, esta ley fue ideada como un instrumento para facilitar la consecución de la paz y la reconciliación nacional. El Gobierno nacional tiene claro que la paz nacional es un anhelo que ha trascendido partidos políticos y gobiernos, pero también que no puede ser lograda en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia.

La complejidad de la situación de violencia que ha afligido a mi país, hace necesario que todas las partes involucradas se comprometan a ceder parte de sus intereses, con el único propósito de lograr la paz como fin superior; y aunque si bien es cierto, que esta Ley consagra determinados beneficios en favor de los miembros de los grupos armados ilegales que se acojan a ella, también es cierto que se preocupa por castigar a los miembros de los grupos que hayan sido responsables de conductas delictivas atroces, motivo por el cual, no es una simple "Ley de Perdón y Olvido", como se la ha querido catalogar. En ese sentido, la Ley de Justicia y Paz es pionera en el mundo. Este es el primer caso en que se intenta reconciliar las recientes evoluciones jurídico-políticos respecto de crímenes horrendos con los anhelos de paz de la sociedad, que como en el caso de la población colombiana está hastiada de la violencia.

En aplicación de esta ley, se adelantan actualmente procesos judiciales que permitirán construir verdad, justicia y reparación con garantías para la participación de las víctimas; procesos que no permiten el indulto ni la amnistía en delitos graves, para los que se define una pena alternativa condicionada a requisitos de contribución a la paz nacional. Con esta ley, se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ya en pleno funcionamiento, e integrada por representantes del Gobierno, de la sociedad civil, de los organismos estatales autónomos de control y de las víctimas. La Comisión coordina y define acciones para la atención y reparación a víctimas de la violencia, y tiene la misión de construir la verdad histórica necesaria para evitar la repetición de las agresiones.

Los efectos positivos de este proceso en materia de derechos humanos son verificables. Y el respaldo que nuestro país espera de la comunidad internacional es el mismo que invocara el Presidente Álvaro Uribe en el Plenario de la Asamblea General. Es decir, el respaldo permanente a nuestra política de seguridad, al programa de desmovilización y reinserción de miembros de grupos violentos, y el llamado perentorio que las Naciones Unidas deben hacer a los grupos violentos que aún subsisten en el país a que hagan la paz sin dilaciones.

En materia de derechos políticos, la vigencia de nuestra democracia se expresa en consultas populares, en la participación ciudadana en decisiones públicas, y en todo tipo de elecciones nacionales, territoriales y locales en las que dirigentes de las más diversas tendencias políticas han sido elegidos para cargos de gobierno y representación popular. También aquí, el Estado asegura hoy a todos los mandatarios locales la seguridad necesaria para que cumplan sus funciones en sus respectivos municipios, evitando el destierro al que muchos fueron sometidos en el pasado por las amenazas de las agrupaciones violentas.

Los avances en materia de crecimiento económico, de inversión productiva, de reducción del desempleo y de la pobreza, y de construcción de equidad nos permiten encarar en mejores condiciones los enormes retos asumidos en la Declaración del Milenio, cuyo cumplimiento se traduce en un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales.

Señor Presidente:

Colombia valora positivamente el proceso de examen de los mandatos, procedimientos y responsabilidades que se adelantan en esta Organización en materia de Derechos Humanos. Para tener resultados eficaces en este campo, consideramos que se debe evitar la excesiva proliferación de mecanismos y categorías, incluidos los relatores, representantes, grupos de trabajo y expertos independientes, y avanzar hacia un esquema en el que exista sinergia, racionalización y coordinación eficiente.

Mi delegación considera que este proceso debe marchar paralelamente sin dilaciones con el establecimiento de un mecanismo de examen periódico universal, transparente, objetivo e idóneo, que permita avanzar hacia una adecuada visión de conjunto de los distintos temas enmarcados en esta materia.

Colombia espera que estos procesos de revisión de mandatos y procedimiento, tengan como resultado un sistema más organizado y coordinado, sustentado prioritariamente en el diálogo, la cooperación, las relaciones de confianza con los Estados, y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Debemos buscar un sistema que evite la duplicación y paralelismo en los trabajos, que tenga mayor imparcialidad, y asegure mayor eficacia en las tareas encomendadas.

Muchas gracias, Señor Presidente.

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