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Sexta Comisión

(Nueva York, 25 de octubre de 2007)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 86: El Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional

 

Señor Presidente:

Mi delegación agradece al Secretario General la presentación del Informe titulado El Estado de derecho en los planos nacional e internacional contenido en el Documento A/62/121.

Así mismo, mi delegación se asocia a las intervenciones formuladas por el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de Río.

Señor Presidente:

Si bien la consideración del tema titulado El Estado de derecho en los planos nacional e internacional es reciente como quiera que su incorporación en la agenda de la Sexta Comisión se remonta al período de sesiones precedente, la noción del Estado de derecho ha estado presente, explícita o implícitamente, desde los orígenes mismos de la Organización.

La Carta de las Naciones Unidas, en sí misma pilar del Estado de derecho internacional, contiene un amplio conjunto de disposiciones que instan a los Estados miembros y a las Naciones Unidas a supeditar sus actuaciones a un orden jurídico internacional sustentado en principios de convivencia; solución pacífica de las controversias; cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas; respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y la observancia, entre otros, de los principios de autodeterminación, igualdad jurídica e independencia. El preámbulo de la Declaración universal de los derechos humanos alude literalmente al régimen de Derecho como el espacio idóneo para la protección de esos derechos. Por su parte, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados invoca "la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para fomentar el Estado de derecho entre las naciones".

A pesar de no existir una definición conceptual aceptada de lo que puede entenderse por Estado de derecho en el plano nacional, la suma de instrumentos internacionales, en particular declaraciones y resoluciones en las que se ha enunciado el término, así como la doctrina de reconocidos publicistas, ofrecen elementos que lo configuran, como la sujeción al principio de legalidad; la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y la vigencia de instituciones democráticas. A su vez, las Naciones Unidas le han otorgado atención constante y progresiva, como lo demuestra el amplio número de acciones desplegadas para fortalecer las instituciones nacionales, en particular, los sistemas domésticos de administración de justicia y electoral, respectivamente.

Aún cuando tampoco disponemos de una definición consensuada del Estado de derecho internacional, no obstante los derroteros antes señalados que consagran la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos, su existencia no solo es tangible sino esencial, por lo que se hace necesario que la Organización y los Estados miembros concedan igual importancia a lo que es y representa ese régimen en el concierto de las naciones. Cierto es que en el plano del Estado-nación tenemos obligaciones que cumplir y muchas de ellas están pendientes de plena realización a fin de disponer de un régimen de derecho integral y eficiente, pero no por ello podemos atribuir menor relevancia y exigibilidad a lo que es ese régimen internacional de derecho.

A ese respecto y aún aceptando la ausencia de una definición consensuada, estimamos que convendría hacer mención al Estado de derecho internacional antes que al Estado de derecho en el plano internacional. Ésto por que el conjunto de principios de derecho internacional; los instrumentos de cobertura universal; y las instituciones jurídicas que conforman ese orden le dan una entidad propia e independiente de la noción tradicional de Estado de derecho que en su origen se limitó al Estado-nación. En relación con su contenido, consideramos, como lo señala Sir Arthur Watts, que un sistema de derecho internacional integral y definido, que reconoce, de forma efectiva, la igualdad jurídica de los Estados y excluye el ejercicio arbitrario del poder, constituye el fundamento en el que se sustenta. El Estado de derecho constituye la delimitación del ejercicio del poder y con él, de las competencias públicas para preservar un sistema de frenos y contrapesos, y evitar desbordamientos y consecuentes arbitrariedades.

La consolidación del Estado de derecho internacional, así como su plena observancia, es responsabilidad de todos los actores internacionales. En ese sentido, los Estados deben velar por el cumplimiento de buena fe de los tratados y demás obligaciones contraídas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; abstenerse del uso o la amenaza de la fuerza en sus relaciones internacionales; velar por la solución pacífica de las controversias de conformidad con el principio de libre elección de medios; salvaguardar los principios de igualdad soberana de los Estados, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos.

Las organizaciones internacionales desempeñan, a su vez, una decisiva función en la construcción, promoción y desarrollo del Estado de derecho internacional y, en consecuencia, están llamadas, ante todo, a su cumplimiento. La sujeción al principio de legalidad es principio rector de su actuación y deber presidir el proceso de adopción de decisiones. La sujeción rigurosa a sus normas constitutivas y su conformidad con el derecho internacional son obligaciones de las cuales no pueden substraerse las organizaciones internacionales por vía de interpretación o so pretexto de consultar fines o propósitos superiores.

La Organización de las Naciones Unidas como institución mundial por antonomasia consagrada al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al fomento de las relaciones de amistad entre los Estados y a la realización de la cooperación internacional, debe constituirse en paradigma de acatamiento y fortalecimiento del Estado de derecho internacional.

La Organización, en sí misma, se sustenta en un sistema de frenos y contrapesos interno configurado por las competencias atribuidas a cada uno de los órganos. Si alguno de ellos asume funciones ajenas a su mandato o las extiende se puede alterar ese balance y socavar el Estado de Derecho. Es preciso entonces que tanto los órganos principales como los subsidiarios obren con sujeción al principio de legalidad, que está determinado por la Carta de la Organización y el Ius Cogens, y del cual no puede estar exenta ninguna de tales instancias. Tenemos, en consecuencia, serías reservas en relación con la denominada teoría de los poderes implícitos en la medida que puede minar el principio de legalidad y auspiciar actuaciones ultra vires de las organizaciones internacionales, una de las formas más recurrentes y, en ocasiones, sutiles de debilitar el Estado de derecho.

Aceptar que los nuevos desafíos que enfrentan la sociedad internacional y las Naciones Unidas, autorizan la extensión de facto de las competencias de algunos de sus órganos significa convalidar la vulneración del Estado de Derecho; la ruptura del sistema de frenos; y el resquebrajamiento del multilateralismo, pieza central del sistema.

Señor Presidente:

Reiteramos nuestra firme convicción sobre la importancia de la vigencia y el fortalecimiento del Estado de derecho para realizar los fines superiores de la paz y el desarrollo, y, por lo mismo, estimamos indispensable la simetría en el desarrollo de sus dos dimensiones, la nacional y la internacional. Notamos, sin embargo, que, en relación con esta última, se precisa una mayor atención por parte de la las Naciones Unidas toda vez que se percibe un énfasis en el componente nacional de ese principio que consideramos igualmente relevante.

Gracias, Señor Presidente.

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