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Sexta Comisión

(Nueva York, 30 de octubre de 2007)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 82: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre Expulsión de Extranjeros

 

Señor Presidente:

Mi delegación expresa sus agradecimientos y extiende sus felicitaciones al Relator Especial Señor Maurice Kamto por los informes presentados sobre el tema Expulsión de Extranjeros, así como a la Comisión de Derecho Internacional por las substantivas deliberaciones desarrolladas en torno al mismo.

Señor Presidente:

La delegación de Colombia estima que la especial trascendencia y el profundo impacto que se deriva del ejercicio por los Estados del derecho de expulsión en la situación de los individuos, la necesidad de atemperar esa potestad con el fiel acatamiento de las normas y principios de derecho internacional, en especial el derecho internacional de los derechos humanos, y la existencia de un amplio acervo de normas consuetudinarias y convencionales, y de jurisprudencia, justifican con creces la codificación de esta materia.

Reconocido como está el derecho de los Estados de expulsar de su territorio a extranjeros que puedan afectar el interés general o atentar contra la seguridad nacional, es preciso, igualmente, proceder en el ejercicio de esa prerrogativa con la debida salvaguarda de los derechos humanos de las personas sobre las que recae o pueden recaer las medidas de expulsión.

Si bien comulgamos con la pertinencia de la codificación y el espíritu del proyecto de artículos presentado a consideración de la Sexta Comisión, somos enfáticos en señalar que toda regulación en la materia debe estar conforme con el derecho internacional y los instrumentos vigentes. Así, en relación con el estatuto del refugiado o de quien pueda tener derecho a que se le reconozca esa condición, no puede alterarse ni el espíritu ni la letra de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni menos aún invocarse supuestos términos innovadores o circunstanciales que menoscaben el principio de no devolución.

Señor Presidente:

Una vez expresadas estas observaciones preliminares, formulamos las siguientes apreciaciones sobre los proyectos de artículos propuestos:

1. Consideramos pertinente preservar el Artículo 1º, relativo al Ámbito de Aplicación del proyecto, en aras de determinar el elemento rationae personae sobre el que versa la codificación en curso y, en sentido, somos partidarios de adoptar la segunda opción que de esa norma propuso el Relator Especial en la nueva versión revisada.

Parece conveniente disponer de un primer párrafo general que remita al artículo 2º la definición de la noción de extranjero y un segundo párrafo que, prescindiendo de la expresión "en particular", aluda a las categorías de extranjeros a los que se aplica. En esas categorías deben figurar los refugiados y los apatridas, pero se deben observar a cabalidad y en ningún caso alterar lo previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954.

2. El Artículo 2º es, de suyo, relevante por que permite una uniformidad conceptual del proyecto. Estimados, sin embargo, inconveniente incorporar el término ressortisant por la laxitud de su contenido y la dificultad de encontrar nociones equivalentes en otros idiomas como el español, por lo que, como lo expresaron algunos expertos de la Comisión, es necesario remitir al concepto de nacionalidad. En ese sentido, manifestamos nuestra complacencia por la modificación que al respecto obra en la nueva versión presentada por el Relator Especial.

En relación con la definición del término expulsión proponemos fusionar los literales a) y c) del nuevo proyecto de artículo 2º, para que en la misma definición del término expulsión figure lo que se entiende por comportamiento de un Estado que compele a un extranjero a abandonar su territorio.

La definición del concepto de extranjero debería explícitamente figurar limitada a la persona física o natural, con el propósito de dejar en claro que el proyecto no alude a las personas jurídicas.

Compartimos la apreciación expuesta por el Relator Especial sobre la idoneidad jurídica de la noción de territorio, que consideramos integral y conforme al derecho internacional. De igual forma, convenimos en la necesidad de disponer de una definición de frontera y, además, que la misma comprenda el concepto de zona.

3. El artículo 3º debería supeditar el ejercicio del derecho de expulsión que le asiste a los Estados a los límites que se derivan del ius cogens y del derecho internacional de los derechos humanos y, en consecuencia, estimamos demasiado general la referencia a los principios fundamentales del derecho internacional.

4. En ningún caso estimamos aceptable la expulsión por parte de un Estado de sus propios nacionales por que contraria el derecho internacional de los derechos humanos y da lugar a revivir la gravosa pena de ostracismo. Por esta razón, somos partidarios de eliminar del artículo 4º, los numerales 2 y 3, con lo cual la disposición se limitaría a establecer la prohibición para los Estados de expulsar a sus nacionales.

5. Convendría adecuar la redacción del artículo 5º, relativo a la no expulsión de refugiados, a lo dispuesto en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, incorporando una referencia al principio de no devolución. Proponemos, entonces, que el primer párrafo de esa disposición se inicie con el siguiente enunciado:

1. De conformidad con el principio de no devolución, un Estado no podrá expulsar a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de ese Estado […]

Así mismo, coincidimos con las opiniones expresadas por algunos de los miembros de la Comisión de limitar las causas excepcionales que permitirían una expulsión legítima a las razones de seguridad nacional y a la condena por un delito particularmente grave, cuando el individuo constituya una amenaza para la comunidad del Estado de refugio.

De igual forma, sería pertinente prever en el numeral 2 del artículo en mención, una cláusula como la prevista mutatis mutandi en el numeral 2 del artículo 6º, en el que se contempla la obligación del Estado que ejerce su derecho de expulsión de conceder un plazo razonable en el cual se le permita a quien va ser expulsado gestionar su admisión legal en otro Estado.

6. Estamos de acuerdo con el tenor del numeral 1 del artículo 7º, que versa sobre la No expulsión colectiva por ser esa medida contraria al derecho internacional y, en particular, al derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, nos asiste la duda sobre la conveniencia de consagrar excepciones a esa prohibición como la prevista en el numeral 3 que contempla la posibilidad de expulsión colectiva en particulares situaciones de conflicto armado, por las arbitrariedades a que puede dar lugar.

Señor Presidente:

La delegación de Colombia reitera su interés en el seguimiento de este tema y alienta a la Comisión de Derecho Internacional a proseguir el examen del proyecto de artículos.

Gracias Señor Presidente.

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