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Tercera Comisión

(Nueva York, 23 de octubre de 2007)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 70: Promoción y protección de los Derechos Humanos Subtemas (a) y (f)

 

Señor Presidente:

El pasado 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno de Colombia prorrogó hasta 2010 la presencia de la oficina nacional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta prórroga es una manifestación más de la determinación firme del Estado colombiano de continuar fortaleciendo la protección y promoción de los derechos humanos. Mi delegación expresa un saludo especial a la señora Louise Arbour, quien visitó nuestro país y suscribió personalmente el acuerdo respectivo. Colombia confía en que la comunidad nacional y sus instituciones públicas se beneficiarán de la asesoría, cooperación técnica y el acompañamiento de la Oficina rectora de las Naciones Unidas en este campo.

Señor Presidente:

El Gobierno de Colombia ha continuado aplicando las políticas que han permitido recuperar condiciones propicias para el disfrute de los derechos y libertades de los colombianos. Con la Política de Seguridad Democrática el país sigue enfrentando con eficacia a los grupos armados ilegales de guerrilla y autodefensa, financiados por el narcotráfico, y ha consolidado la presencia del Estado en el territorio nacional. En los últimos 5 años, un total de 45.300 ex integrantes de esos grupos se han desmovilizado colectiva e individualmente.

Gracias a esta Política se han reducido los índices de violencia en el país. Entre 2002 y 2006, los homicidios se redujeron en un 40%, revirtiendo la tendencia creciente de más de una década. Los secuestros han disminuido en un 76%. Gracias a estrategias especiales de protección, los crímenes contra sindicalistas, concejales, indígenas, maestros y periodistas, disminuyeron de manera más contundente. En general, se ha creado progresivamente un entorno de seguridad en el que la protección de los colombianos es una prioridad.

Por otro lado, la reactivación de la economía y ambiciosos programas sociales han permitido también recuperar el terreno en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En el periodo 2002-2006, la línea de pobreza se redujo del 56% al 45%. Las coberturas brutas en educación básica y media pasaron de 82% en 2002 a 91% en 2006. La seguridad social en salud cubrirá a la totalidad de la población antes de 2010. El desempleo está en 10.6%, después de haber llegado en niveles del 20%. La cobertura de programas de asistencia social, incluidos los de vivienda de interés social y de asistencia nutricional, han contribuido al bienestar y al ejercicio de derechos de las personas.

En el campo de los derechos políticos, la tradición democrática colombiana sigue consolidándose y ha demostrado fortaleza ante los intentos intimidatorios de los terroristas. El próximo domingo 28 de octubre, una vez más los colombianos cumplirán su cita con la democracia, para elegir 18.332 autoridades municipales y departamentales, incluidos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados. Más de 86 mil candidatos participan en estas elecciones en nombre de 235 grupos políticos y de ciudadanos.

El Estado, también ha aplicado otras acciones específicas de promoción y protección de los derechos humanos. Se han impartido directrices y se han desarrollado acciones de capacitación en derechos humanos dirigidas a la Fuerza Pública, el personal de centros de detención y servidores públicos en general. La Oficina de la Alta Comisionada ha apoyado varios de estos procesos. La disminución significativa de quejas por infracciones de servidores estatales indica la eficacia de tales acciones.

El Programa Presidencial y el Observatorio de Derechos Humanos, a cargo de la Vicepresidencia de la República, ha servido de catalizador de importantes acciones interinstitucionales. Políticas especiales, con enfoque de derechos humanos, se aplican por diversas autoridades para atender situaciones de vulnerabilidad que afectan a pueblos indígenas, afrocolombianos, niños, mujeres, jóvenes y personas desplazadas, entre otros. Los gobernadores de los 32 departamentos y 651 alcaldes de municipios, han incluido Planes de Acción en derechos humanos en sus planes locales de desarrollo.

Se avanza en la formulación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Un Plan estatal, formulado con enfoque de género, y en concertación con la sociedad civil. Con una perspectiva integral de derechos, sustentada en la dependencia recíproca entre los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

Señor Presidente:

Colombia reconoce los retos que se le plantean para afianzar los avances nacionales. La consolidación de la seguridad democrática seguirá siendo una prioridad para generar condiciones de bienestar y desarrollo. La superación de la pobreza extrema es otro reto que se enfrenta con la nueva Red Institucional que busca incorporar 1.5 millones de familias, esto es, 7 millones de colombianos de los hogares más pobres a los servicios sociales del Estado. El continuo fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos seguirá recibiendo especial atención. En este frente, nos aproximamos a un aumento del 76% en los recursos para la justicia en los últimos 6 años.

El avance del proceso de desmovilización de grupos armados ilegales y la posible iniciación de otros acuerdos similares también son determinantes. La construcción de verdad, la reparación a víctimas y la culminación exitosa de los procesos judiciales frente a los desmovilizados, serán imprescindibles en la construcción de condiciones sostenibles de convivencia.

Señor Presidente:

En nuestro país, el desmonte de los grupos de autodefensa, el debilitamiento de la guerrilla, la consolidación del Estado de Derecho y de garantías eficaces para la democracia, y el avance social y económico, son hechos que nos permiten mirar con optimismo hacia el futuro. Son resultados que nos motivan a reclamar apoyo internacional a las políticas dirigidas a la construcción de un entorno de confianza, seguridad y bienestar en el que existan las condiciones adecuadas para el ejercicio de derechos y libertades. Con ellas se ha comprometido nuestro Estado, con el amplio apoyo de los ciudadanos, en el cumplimiento de su responsabilidad de promover y proteger los derechos de todos los colombianos.

Muchas gracias.

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