Presidencia | Cancilleria | Naciones Unidas

Español | English

Tercera Comisión

(Nueva York, 30 de octubre de 2007)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 70: Promoción y protección de los Derechos Humanos Subtemas (b), (c) y (e)

 

Señor Presidente:

Mi delegación ha tomado nota de los informes presentados por titulares de mandatos temáticos en derechos humanos y desea formular comentarios frente a algunas de las presentaciones realizadas en esta Comisión.

En primer lugar, me permito reiterar la posición de mi delegación frente al informe del relator especial sobre el derecho a la alimentación. Colombia no comparte la recomendación relacionada con la moratoria de cinco años en la producción de biocombustibles. Mi país continuará impulsando su política nacional de biocombustibles, que resulta compatible con las políticas de seguridad alimentaria, y se enmarca en objetivos de superación de la pobreza y la inequidad en importantes zonas rurales. Esta actividad se ha traducido en recuperación del sector agropecuario y creación de empleo decente en el campo, además de contribuir a la lucha contra el calentamiento global. Es deseable que en la formulación de este tipo de recomendaciones, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas permitan a los Estados participar en los análisis. Sólo de este modo, las conclusiones pueden fundamentarse en una visión integral de los diversos contextos nacionales, y tener en cuenta los hechos recientes y la información que los Gobiernos pueden ofrecer.

En segundo lugar, quiero referirme a la situación de los defensores de derechos humanos. Tomamos nota de la preocupación expresada por la Unión Europea sobre la situación de estas personas en Colombia, así como del informe de la representante especial. Al respecto, me permito reiterar que los avances nacionales en seguridad democrática y en derechos humanos también han impactado positivamente en la situación de defensores de derechos humanos en mi país, incluidos sindicalistas, periodistas, profesores, indígenas, políticos, entre otros.

La comunidad internacional debe tener claro que en Colombia los riesgos y ataques que han afectado a defensores de derechos humanos han sido ocasionados por los grupos armados ilegales. Primero, las guerrillas marxistas trajeron la tesis de la combinación de todas las formas de lucha. Luego vino la reacción de los grupos de autodefensa, que actuaron con la misma crueldad. Unos y otros atacaron al movimiento obrero, a periodistas, a políticos, a estudiantes. Indistintamente atentaban contra quienes consideraban colaboradores de sus contendores.

Gracias a la política de seguridad democrática, al fortalecimiento de las instituciones y de la Fuerza Pública, al debilitamiento de los grupos armados ilegales y a la desmovilización masiva de grupos de autodefensa, esta situación se ha revertido de manera sustancial. La reducción de hechos violentos contra los actores sociales ha sido mayor que el promedio de disminución de la criminalidad en el país.

Se ha fortalecido, así mismo, el programa especial que ofrece hoy protección directa del Estado a más de 6 mil personas. De ellas, más de 1.200 son afiliados a las organizaciones sindicales. También, se avanza en la reducción de la impunidad. Se han multiplicado los recursos para la justicia. La Fiscalía ha fortalecido una unidad especial, acordada por empleadores, trabajadores y Gobierno, con el apoyo de la OIT, para clarificar 256 casos de asesinatos ocurridos años atrás contra líderes sindicales. En los últimos meses se han producido 56 sentencias, que han condenado a más de 108 personas como responsables de crímenes contra sindicalistas. Para Colombia, el concepto de seguridad democrática incluye la obligación del Estado de proteger las organizaciones sindicales, de gran significado para la democracia. Los esfuerzos continuarán hasta garantizar que en el país no existan más amenazas ni crímenes de este tipo.

Quiero referirme a los derechos humanos de los desplazados internos. También en este frente, los resultados de la seguridad democrática han permitido notables avances. Se ha reducido sustancialmente el número anual de nuevos casos de desplazamiento interno. El programa de atención integral a la población desplazada se continúa fortaleciendo, con énfasis en grupos vulnerables, de manera acorde con recomendaciones formuladas por el representante especial en visita realizada al país en 2006. Se han concretado varias acciones de retorno en condiciones de seguridad. Se ofrece mayor apoyo a personas desplazadas para reemprender su vida económica y social. Se ha pasado de un presupuesto anual de 40 millones de dólares, a uno cercano a los 500 millones de dólares para inversión en el programa. Existen avances sustanciales en el acceso de los desplazados a los servicios de salud, educación, nutrición, formación técnica y vivienda. Enfrentamos grandes retos. Pero el compromiso del Gobierno se demuestra en el fortalecimiento de las acciones y de las instituciones responsables en este campo. La cooperación de la comunidad internacional será fundamental para seguir adelante en ese propósito.

Señor Presidente:

Mi delegación aprecia el reconocimiento de la Unión Europea a los esfuerzos del Presidente Uribe por recuperar la legitimidad del Estado y por traer la paz al país. Colombia seguirá adelante con las políticas de seguridad democrática, y de reactivación económica y social que también han permitido avances sustanciales en materia de derechos humanos. Y proseguirá el complejo proceso de reinserción de 46 mil ex integrantes de grupos armados ilegales, bajo reglas de justicia y reparación a víctimas. Con procesos judiciales que han permitido reconstruir la verdad, en lugar de esquemas de perdón y olvido que impiden construir una paz duradera.

El pasado domingo se realizaron las elecciones territoriales periódicas en mi país. Fueron elegidos 1.099 alcaldes, 32 gobernadores, 418 diputados, 12.200 concejales y cerca de 9.000 miembros de juntas administradoras locales. Los elegidos representan tendencias políticas diversas, incluidos partidos que apoyan al Gobierno, partidos de la oposición y fuerzas independientes. Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para ofrecer su apoyo y solidaridad a Colombia, en su defensa de la democracia contra el crimen organizado de los grupos terroristas y otros grupos financiados por el tráfico ilícito de drogas, causa fundamental de nuestra tragedia y de los ataques contra los derechos y libertades de los colombianos.

Señor Presidente:

Colombia reconoce la labor que se realiza a través de los procedimientos especiales temáticos en derechos humanos. Es importante que los titulares de mandatos ejerzan sus funciones con estricta observancia de los mismos. Que sus conclusiones se apoyen en hechos objetivos, y que ofrezcan a los Estados la oportunidad de formular observaciones sobre aquellas evaluaciones que se refieran a circunstancias específicas relacionadas con un país en particular o a políticas de desarrollo que impulsan los Gobiernos. Estas condiciones no afectan la integridad, independencia e imparcialidad que exige su labor. Y permiten, al mismo tiempo, fortalecer el diálogo constructivo y la cooperación en que se debe sustentar la acción de las Naciones Unidas, dentro del objetivo de promoción de los derechos humanos en el mundo.

Muchas gracias, señor Presidente.

ˆarriba

« regresar

Periodo 62