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Tercera Comisión

(Nueva York, 8 de noviembre de 2007)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 42: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, asuntos relacionados con los refugiados, los repatriados y las personas desplazadas y cuestiones humanitarias

 

Señor Presidente:

Mi delegación toma nota del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y expresa reconocimiento por su trabajo y el tema central de su mandato referido a la protección y asistencia a refugiados y apátridas en distintas regiones del mundo. Así mismo, tomamos nota de las actividades desarrolladas en la asistencia y protección a personas desplazadas internas, labor importante que no debe afectar el mandato central para el que fue creada esta entidad.

Señor Presidente:

Mi delegación desea comentar algunos temas del informe recibido en esta ocasión y destacar varios adelantos en la situación colombiana.

En primer lugar, observamos que el informe contiene referencias a procesos relacionados con la reforma del sistema en los que participa el ACNUR. Se menciona, en particular, la iniciativa "Unidos en la Acción" de Naciones Unidas y el enfoque por grupos temáticos interinstitucionales. Al respecto, mi delegación considera que los temas relacionados con la coherencia en todo el sistema y con grupos temáticos aplicados en algunos contextos humanitarios, son asuntos que ameritan detallado análisis intergubernamental.

En este sentido, mientras continúan las consultas entre los Estados sobre las reformas para la coherencia, incluida la reforma en el campo humanitario, las figuras institucionales referidas en el informe del ACNUR sólo deben ser objeto de aplicación en casos particulares por solicitud expresa y con el consentimiento de los Estados. En este sentido, resulta perentorio que las agencias y oficinas del sistema tengan en cuenta de manera plena las apreciaciones de los Estados Miembros cuando se propongan impulsar su participación en alguno de esos esquemas institucionales.

En segundo lugar, mi delegación debe reiterar su llamado a que la Oficina del ACNUR unifique sus cifras sobre situaciones humanitarias y tenga en cuenta los datos que presentan los propios Estados. En el caso de Colombia, en el informe presentado a la Asamblea aparece una cifra de desplazados protegidos o asistidos por ACNUR a diciembre de 2006 que es entre 10 y 7 veces mayor a la cifra de población en cuya atención directa participa esa agencia, según el Informe Mundial de ACNUR 2006 y el documento de peticiones de recursos para 2007. La cifra indicada en el informe es incluso notablemente superior al número total de personas desplazadas que se ha registrado en el país en los últimos diez años, de acuerdo con el sistema único de registro que existe en Colombia desde 1997. Los datos del informe del ACNUR parecieran referirse a una estimación en la que ni se indica el período de tiempo que cubre, ni se consideran los retornos que se han producido en el país, ni el número de familias que han restablecido su proyecto de vida. Al respecto, es importante que la información que se presenta refleje con exactitud información verificable, para permitir una evaluación de necesidades realista y apropiada para la toma de decisiones.

Un tercer aspecto que ha llamado la atención a mi delegación, son las pocas referencias en el informe a las alianzas del ACNUR con gobiernos nacionales. Esta consideración es más relevante en el tema del desplazamiento interno, en el que deberíamos conocer el papel del ACNUR en apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales para enfrentar esta situación humanitaria.

En este tema, quiero resaltar que en el caso colombiano, el Estado ha asumido su responsabilidad primaria en la prevención, atención y protección, así como en la construcción de soluciones duraderas para la estabilización social y económica. Colombia cuenta con legislación avanzada y un programa integral de atención a desplazados que se ejecuta de manera descentralizada. El presupuesto de este programa, que coordina una Agencia Presidencial, pasó de 40 millones de dólares a una suma cercana a 500 millones de dólares anuales. Según el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, esta suma anual se mantendrá cada año entre 2007 y 2010.

En el marco de la política de seguridad democrática y de desmovilizaciones masivas de grupos armados ilegales, y con la aplicación de acciones de prevención, los nuevos casos anuales de desplazamiento han disminuido en un 44% frente al número que se presentó en 2002. Del total de hogares incluidos en el registro nacional de desplazados, el 82% ha recibido atención humanitaria de emergencia. En materia de servicios sociales, los logros son notables. A modo de ejemplo, se puede mencionar que en 2006, 232.000 niños y jóvenes desplazados accedieron al sistema educativo con el apoyo del Estado. El Servicio Nacional de Aprendizaje capacitó en disciplinas tecnológicas a 234.000 desplazados y ofreció orientación ocupacional a 201.000. En junio pasado, 670.000 desplazados estaban afiliados a la seguridad social en salud. Con la nueva red para la superación de la pobreza extrema, 443 mil familias desplazadas accederán de manera articulada a los servicios sociales del Estado. Hasta agosto de 2007, 35 mil familias desplazadas habían podido retornar a sus lugares de origen o a otros sitios con acompañamiento del programa.

También se ha construido un sistema de indicadores, para medir el impacto del programa en los hogares desplazados en términos de derechos fundamentales. Así mismo, la reparación a los desplazados es un tema prioritario en la actividad de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación creada en el marco del proceso de desmovilización de grupos armadas ilegales. Los retos para el Estado, como principal proveedor de la asistencia humanitaria, son significativos. Pero los avances son notablemente positivos.

Colombia ha contado en estos temas con la cooperación de entidades de Naciones Unidas, incluida ACNUR, y de otras organizaciones como la OIM y la Cruz Roja Internacional. A partir de nuestra experiencia, consideramos importante que así como se destaca la coordinación y colaboración del ACNUR con entidades del sistema, con otros organismos internacionales y con organizaciones no gubernamentales, se explique la labor del ACNUR en sus alianzas con los Gobiernos. Y que se haga visible en los informes la labor de las autoridades nacionales en estos frentes. Sobre todo en los temas de trabajo del ACNUR en que la responsabilidad primordial de protección y asistencia recae en los Gobiernos, siendo en este caso importante examinar el apoyo o asistencia que esta entidad ofrece al fortalecimiento institucional de los Estados.

Señor Presidente:

Colombia reconoce el importante papel del ACNUR en críticas situaciones que afronta la humanidad. Alentamos al Alto Comisionado a seguir desplegando su dedicada y competente labor en coordinación con los Gobiernos, contribuyendo cada vez más a la construcción de capacidad nacionales. Esto permitirá asegurar soluciones duraderas, sostenibles y más eficaces, en relación con las poblaciones vulnerables que hacen parte del ámbito de su importante mandato.

Muchas gracias, señor Presidente.

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