Presidencia | Cancilleria | Naciones Unidas

Español | English

Tercera Comisión

(Nueva York, 20 de octubre de 2008)

Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Tema 61: Cuestiones Indígenas

 

Señor Presidente:

Colombia, es uno de los Estados parte del Convenio 169 de la OIT.

La Constitución Política de nuestro país reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación. En línea con este mandato, se han incorporado progresivamente en las leyes nacionales disposiciones avanzadas relacionadas con la protección de los derechos de las comunidades indígenas.

También, el Plan Nacional de Desarrollo incluye estrategias para impulsar el desarrollo armónico de estas comunidades y diversas políticas específicas definen medidas de protección especial en casos de vulnerabilidad.

Adicionalmente, desde 1991, la Corte Constitucional ha dictado más de cincuenta sentencias sobre los derechos de los indígenas, resolviendo dudas y precisando la aplicación de las normas constitucionales relevantes.

Señor Presidente:

En Colombia el 3.4% de la población se autorreconoce como indígena. Esta población está integrada por un millón 380 mil personas, pertenecientes a 84 comunidades que tienen 64 lenguas de carácter oficial en sus territorios.

La política de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, aplicada por el Estado, ha permitido titular más de treinta millones de hectáreas como resguardos indígenas. Ésta es una forma de propiedad colectiva de las comunidades, inembargable, imprescriptible e inalienable, que goza de plena protección constitucional y legal. El área titulada a comunidades indígenas equivale al 27% del territorio del país. El Gobierno realiza permanentemente esfuerzos presupuestales para adquirir tierras adicionales que permitan ampliar estas áreas.

Estos resguardos reciben partidas del presupuesto nacional, en el contexto del sistema de transferencias de recursos del gobierno central hacia los departamentos y municipios, definido en la Constitución.

También por mandato constitucional, los grupos indígenas gozan de condiciones de autonomía en su organización política, social y judicial. Sus autoridades se reconocen como autoridades estatales públicas de carácter especial. Sus sistemas tradicionales de administración de justicia, que deben ser acordes con la Constitución y las leyes, se consideran formas especiales de la Jurisdicción.

Existen asimismo circunscripciones electorales especiales indígenas que permiten asegurarles cupos fijos de representación en el Congreso. Esto, sin menoscabo del ejercicio de sus derechos políticos, como el resto de ciudadanos.

Es igualmente notorio en el país el avance en los programas de etno-educación, con énfasis en la educación bilingüe y multicultural, en la educación primaria. Por otro lado, los integrantes de comunidades indígenas tienen acceso prioritario al sistema de aseguramiento en salud, incluido el régimen subsidiado que cubre a sectores vulnerables de la población.

Colombia ha desarrollado un cuerpo importante de leyes, reglamentaciones y jurisprudencia relacionadas con el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de manera previa en diversas decisiones, incluidos los proyectos relacionados con sus territorios.

De manera acorde con ese marco nacional, y en línea con el Convenio 169 de la OIT, durante 2007 el Ministerio del Interior coordinó 64 consultas previas. De éstas, 23 se refirieron a proyectos de hidrocarburos, 5 a proyectos de minas y energía, 18 a erradicación de cultivos ilícitos, 12 a proyectos de infraestructura, y 6 a temas de biodiversidad. En ese año, 43 consultas fueron protocolizadas, incluidas 12 sobre erradicación de cultivos ilícitos. En el presente año se ha mantenido este nivel de consultas.

Señor Presidente:

Mi delegación quiere referirse al tema de la violencia de los grupos armados ilegales que, financiados por el narcotráfico, han recurrido al terrorismo para atentar contra la población y la democracia colombiana. La población indígena ha sido también víctima de esos ataques.

La política de seguridad democrática, que se ha aplicado en Colombia desde 2002, ha permitido reducir todos los índices de criminalidad y violencia terrorista. Incluidos los crímenes contra miembros de comunidades indígenas.

Con el respaldo decidido de los colombianos, el Gobierno Nacional continúa consolidando esta política que ha devuelto estabilidad y confianza al país. Cumpliendo así el mandato Constitucional de hacer presencia en todo el territorio nacional, para brindar y garantizar a todos los habitantes la protección a su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, tanto individuales como colectivos. La protección de las comunidades indígenas y de su integridad, que depende en gran medida de la seguridad en sus territorios, ocupa una alta prioridad dentro de esas acciones.

La política de atención a desplazados también se ha fortalecido para atender con más eficacia las necesidades particulares de protección y asistencia de los indígenas afectados. Por otra parte, la ley colombiana exime a los indígenas de prestar el servicio militar obligatorio, lo que contribuye a la protección y preservación de las culturas y pueblos indígenas.

Señor Presidente:

La diversidad cultural es elemento central en la identidad nacional de Colombia. El Estado continuará cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales, así como las asumidas en los instrumentos internacionales vinculantes, para asegurar la realización cada vez más efectiva de los derechos y el desarrollo de las comunidades indígenas, en armonía con su identidad.

Las Naciones Unidas deben promover el diálogo constructivo y la cooperación internacional para apoyar las acciones nacionales de los Estados en la búsqueda de esos propósitos. La diversidad cultural representada en los pueblos indígenas del mundo, su invaluable conocimiento y prácticas tradicionales, sus valores ancestrales y sociales, son factores esenciales en la construcción de sociedades cada vez más justas. Este es un requisito esencial para contribuir de manera más eficaz al desarrollo, la armonía social y ecológica, y la convivencia pacífica.

Muchas gracias.

ˆarriba

« regresar

Periodo 63