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Periodo de Sesiones 67

(Nueva York, 17 de julio de 2013)

Intervención de S.E. Embajador Miguel Camilo Ruiz, Encargado de Negocios a.i. en la VI Conferencia de Estados Partes Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

 

Es un honor para mí dirigirme ante la VI Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para revisar un tema de especial relevancia para todos los países que integramos este evento, como lo es el empoderamiento de las personas con discapacidad. Agradezco y felicito a todos los miembros del Bureau por la preparación de este evento.

Colombia adopta mediante Ley 1346 de 2009 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad y la ratifica el 10 de Mayo de 2011, luego de que la Corte Constitucional la declarara exequible mediante Sentencia C-293 de 2010.

A partir de la evaluación de la política en el año 2012, Colombia ha iniciado la construcción de una nueva Política de Discapacidad e Inclusión Social, basada en el goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad. Así mismo, fue expedida la Ley Estatutaria 1618 de 2013, cuyo objetivo es garantizar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, como instrumento básico para la implementación de la Convención de Naciones Unidas, estableciendo una serie de obligaciones tanto del Estado como de la sociedad para la inclusión real y efectiva de los derechos de nuestros conciudadanos con discapacidad. También se ha iniciado su reglamentación con participación de todos los sectores administrativos del Estado Colombiano.

La construcción de esta iniciativa legislativa convocó a la institucionalidad, a las organizaciones jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la discapacidad y a las mismas organizaciones de personas con discapacidad. Desde cada uno de los sectores y con procesos de construcción conjunta e intersectorial se han promovido acciones bajo el enfoque de derechos, orientadas, entre otras a: Considerar la discapacidad bajo una visión holística que supere la dimensión salud – enfermedad; consolidar un modelo de rehabilitación integral; generar una política de educación inclusiva desde la primera infancia hasta la educación superior; estructurar, difundir y apropiar lineamientos para la inclusión social de las personas con discapacidad; transversalizar la discapacidad en las diferentes políticas, planes, programas y proyectos tanto en lo nacional como en lo territorial; se han fortalecido las alianzas público-privadas para el desarrollo de un modelo de inclusión laboral para las personas con discapacidad; se han reglamentado nuevas opciones para la generación de ingresos, entre ellas el teletrabajo, apoyo económico a emprendimientos, créditos blandos y asesoría y asistencia técnica; progresivamente el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA ha realizado ajustes razonables en sus procesos para aumentar la cobertura de participación de las personas con discapacidad en sus programas y servicios. Igualmente se ha avanzado en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, a partir de la Política de TIC´s Incluyentes: Todos diferentes, todos iguales, todos conectados".

El fortalecimiento de la articulación Nación – territorio permite avances en el Sistema Nacional de Discapacidad a partir de la incidencia para que los planes de desarrollo territoriales incluyan la gestión en discapacidad como una de sus prioridades.

Los diferentes sectores están propiciando la participación de las personas con discapacidad en la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de su oferta programática: de igual forma se han generado procesos de cualificación de dicha participación, así como de la representatividad en las diferentes instancias de decisión.

No obstante, aún se tienen varios retos para implementar cabalmente la Convención y en especial atender el empoderamiento de las personas con discapacidad, sus organizaciones, sin olvidar a sus familias y cuidadores. Es necesario integrar la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social con las políticas sectoriales; fortalecer la gestión de la información para dar cuenta de la real magnitud de la discapacidad en el país y generar planes, programas y proyectos con mayor pertinencia; desarrollar una política de previsión y atención para los cuidadores de personas con discapacidad; fomentar estrategias que fortalezcan los movimientos de vida independiente y empoderar a las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y organizaciones, para que de forma articulada con lo público, lo privado, el sector productivo, la academia, la cooperación internacional, materialice procesos de veeduría y control social, incidencia política y participación activa en la política social del Estado.

Debe propiciarse la formación de nuevos liderazgos de las personas con discapacidad, orientada a la participación activa en procesos de construcción de políticas públicas que promuevan la inclusión social y adecuados niveles de vida para toda la población.

Hay además un gran reto en torno a la participación de los niños y las niñas con discapacidad. Este es un punto que requiere materializar pedagogías y estrategias que movilicen y cualifiquen su rol protagónico en las decisiones de política social.

Desde la institucionalidad pública y privada, debe fortalecerse la apertura a los procesos de construcción conjunta de planes, programas y proyectos que, en cualquier ámbito de interacción, consoliden la participación de las personas con discapacidad y generen condiciones óptimas para la vida en sociedad.

Dejamos a consideración de esta Asamblea, algunos puntos cruciales, sobre lo que esperamos a futuro de esta Conferencia de Estados Partes:

• Comprensión de la complejidad y la diversidad que implica el abordaje en discapacidad: Requiere una perspectiva intersectorial e íntimamente vinculada con las decisiones nacionales e internacionales sobre política social y desarrollo.

• Movilización social para el reconocimiento de la diversidad y respeto por los derechos humanos de todas las personas, en especial las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

• Reconocimiento del enfoque diferencial, que para el abordaje de la discapacidad orienta la generación de políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos, de los enfoques de desarrollo humano y social, de sexo e identidad de género, ciclo vital, etnia y desde la particularidad de las diferentes limitaciones definidas por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud –CIF

• Gestión de la información en discapacidad, georeferenciada, aplicada y con variables unificadas a nivel internacional que permitan análisis comparativos.

• Generación de acciones orientadas a prevenir y combatir la violencia contra las personas con discapacidad, especialmente los grupos en situación de mayor vulnerabilidad (grupos étnicos, mujeres, niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidades múltiples, enfermedades raras, población LGTBI, población víctima de la violencia, población carcelaria, población en situación de pobreza extrema).

• Fomento de los procesos de cooperación internacional, socialización de buenas prácticas y experiencias replicables, establecimiento de alianzas público – privadas.

Finalmente Colombia reitera su compromiso con la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores; así como su interés en fortalecer el empoderamiento y ejercicio de su participación para incidir en la garantía de sus derechos.

Muchas gracias.

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