Presidencia | Cancilleria | Naciones Unidas

Español | English

Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre Protección de Civiles en Conflicto Armado

(Nueva York, 9 de diciembre de 2003)

Intervención del Embajador Luis Guillermo Giraldo, Representante Permanente de Colombia

 

Señor Presidente:

Permítame comenzar por saludarlo al asumir este mes la Presidencia del Consejo de Seguridad. También quiero agradecer al señor Jan Egeland, Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, por la presentación que ha hecho sobre el tema que nos ocupa en esta sesión abierta del Consejo de Seguridad.

Hace un año la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia destacó, en su intervención ante este Consejo, que la degradación de los conflictos armados, donde el 90% de las víctimas son civiles, con el terrorismo y las tragedias humanitarias subsiguientes, como las ocurridas en Rwanda y Srebrenica, han hecho evidente que dichos conflictos, en nuestro tiempo, están deliberadamente dirigidos contra los civiles desarmados.

También denunció, de acuerdo con el informe presentado entonces por el Secretario General, la financiación ilegal de los conflictos y del terrorismo a través de las drogas ilícitas, el secuestro y la extorsión, actividades criminales que tienen como objetivo a los civiles inermes. Por eso, al respaldar que en la Ayuda Memoria sobre Protección de Civiles en Conflicto Armado se haya incluido un capítulo relativo a la explotación y comercio ilícitos de recursos naturales, expresamos nuestro convencimiento en que este tema debe complementarse con la debida consideración de actividades criminales como las drogas ilícitas, el secuestro y la extorsión.

Señor Presidente:

Colombia respalda estas ideas porque ellas reflejan elementos que sustentan la política de seguridad democrática que adelanta el Presidente Alvaro Uribe Vélez desde Agosto del 2002. Una política orientada, no a otorgarle más poder al Estado porque sí, sino a capacitarlo para mejor proteger a la población civil, en todos los ámbitos y con mayores razones dentro de los peligros del conflicto armado, y para poder garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos en el territorio nacional. Se trata de una política que busca rescatar el imperio de la ley y la capacidad de disuasión hacia los violentos mediante el pleno funcionamiento del Estado de Derecho a través del fortalecimiento de las legítmas fuerzas armadas. Una política que mantiene abiertas las puertas de la negociación política con los grupos armados ilegales siempre que exista cese del fuego y las hostilidades.

Durante el primer año del mandato del Presidente Uribe la política de seguridad democrática, que se ha venido aplicando para desalojar al terrorismo, arroja sus primeros resultados. Cito solamente algunos datos. La presencia de la policía ha llegado a la todos los municipios del país, incluidos los 170 en donde antes no la hab'ia; los homicidios han descendido en un 22%; las masacres en un 35%, los secuestros en 34.7%, los retenes ilegales en las carreteras en un 49%, el número de desplazados internos en un 66%. Todo ello dentro del respeto por la ley, pues las solas quejas por posible violación de derechos humanos por iniciativa individual y aislada por parte de algunos agentes del estado, que se invetigan y castigan, si es del caso, han descendido en un 95%.

Estos significativos avances en la protección de nuestros compatriotas han motivado el apoyo del pueblo colombiano, que respalda a su Gobierno y colabora activamente con las autoridades en el restablecimiento del imperio de la ley y en el aislamiento de los violentos. Pero para continuar en nuestro empeño de superar el terrorismo, con ajuste riguroso a la ley, requerimos mayores facultades de conformidad con el Estado de Derecho. En la actualidad el Gobierno tramita una modificación Constitucional que permita a la fuerza pública, en casos de terrorismo, a proceder con personal especializado a efectuar capturas, allanamientos e interceptaciones. Con salvaguardas democráticas para que un fiscal independiente necesariamente intervenga en el curso de las siguientes horas, para que la Procuraduría necesariamente sea informada y también lo sea el Congreso, competente para el control político. Las atribuciones propuestas son infinitamente menores a normas vigentes en democracias de países desarrollados que no enfrentan conflicto interno o amenaza terrorista de tan terrible índole.

Finalmente la política de seguridad democrática ha llenado ausencias del Estado, permitiendo el desarme y la desmovilización de 1000 miembros de grupos ilegales de autodefensa. Actualmente se tramita en el Congreso una ley que haga viable este proceso sobre la base de la justicia, la reparación y la reconciliación. El proceso de reintegración de estos combatientes a la vida civil exigirá esfuerzos adicionales y el apoyo de la comunidad nacional e internacional.

Señor Presidente:

Un capítulo de la Ayuda Memoria que requiere especial atención y cuidado es el relativo a la asistencia humanitaria y al acceso de las organizaciones humanitarias a las víctimas de los conflictos y a la población vulnerable. Consideramos fundamental que el diálogo entre el Estado receptor y la comunidad internacional se lleve a cabo bajo los términos de la resolución 46/182 de la Asamblea General, en donde se reconocen los principios básicos de neutralidad e imparcialidad en la prestación de la ayuda humanitaria, así como el consentimiento del Estado receptor para la prestación de dicha asistencia.

Por otra parte, como corresponde al Estado receptor garantizar la seguridad del personal humanitario, las organizaciones humanitarias deben estar sujetas a las restricciones de acceso a zonas de conflicto donde la seguridad del personal humanitario no puede garantizarse en un nivel razonable. Entablar diálogos no autorizados por el Gobierno del Estado receptor con grupos armados ilegales, a fin de lograr acceso, implica el doble riesgo de poner en peligro la seguridad del personal humanitario, ya que muchos de estos grupos no respetan el derecho internacional humanitario, y de pasar a negociaciones políticas que sólo corresponde adelantar al Gobierno y que no se compadecen con los principios básicos de neutralidad, imparcialidad y transparencia de la labor humanitaria, además de colocar en pie de igualdad a autoridades emanadas de una decisión democrática, con organizaciones armadas ilegales, que exhiben sus fusiles como prenda de sus pretendidos derechos, organizaciones esas que pueden impunemenete violar sus compromisos, y que han demostrado, al menos en mi país, su no respeto a las inmunidades que los tratados y los actores civilizados les otorgan al personal y bienes de Naciones Unidas.

Señor Presidente:

Bienvenidos sean los caminos que conlleven a la disminución del sufrimiento de la población civil dentro de los conflictos armados. Pero la óptima, la irremplazable, la definitva manera de proteger a toda la población, es con la finalización de dichos conflictos. Sé que digo algo elemental pero que a veces se olvida, y es el deber principal de propender, exigir y coadyuvar los procedimientos que conduzcan a la terminación de tales conflictos.

En el caso de la democracia colombiana, además, necesario es apoyar aquellas políticas que buscan fortalecer los mecanismos institucionales, comenzando por dotar de capacidad suficiente a las fuerzas armadas del orden, al servicio de la ley y de la justicia, enmarcadas en su accionar dentro de los principios universales del respeto a los derechos humanos y también dentro de las normas del Estado de Derecho. Si esa habilitación, si esa capacitación no se llevan cabo, los conflictos, por parte de los actores armados ilegales, se eternizan, se agudizan, se degradan, se distorsionan, derivan en contra de los civiles, acuden al salvaje terrorismo, pasan a su financiacion mediante la explotacion de recursos ilicitos y, olvidando sus connotaciones politicas, se convierten en formas de vida de ingresos ilegales y abundantes. Y son precisamente estas calificaciones, las de estos grupos armados ilegales, las que los hacen degenerar en instrumentos de la muerte en contra de mujeres, de niños y de hombres, civiles inermes y pacíficos.

Señor Presidente:

Permítame finalizar mi intervención enfatizando que frente a la violencia y el terrorismo debemos, como dice la Carta de la ONU, "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana". Naciones Unidas debe preservar la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos, el derecho a la vida y el derecho a vivir sin temor, bienes públicos universales que, como dijo la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia hace un año en este mismo recinto, "sólo pueden ser preservados por todos y con la colaboración de todos. Esa es la dimensión de nuestra responsabilidad compartida."

ˆarriba

« regresar

Intervenciones 2003