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En el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre Protección de civiles en conflicto armado

(Nueva York, 14 de diciembre de 2004)

Intervención de la Embajadora María Angela Holguín, Representante Permanente de Colombia

 

Señor Presidente:

Quiero comenzar por saludarlo al asumir la Presidencia del Consejo de Seguridad y felicitarlo por presidir este debate. Agradezco al señor Jan Egeland, Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, por la valiosa presentación del tema de protección de civiles en conflicto armado.

Mi Gobierno considera que es de vital importancia que el multilateralismo fortalezca a los Estados y no que con sus acciones los debilite. Sólo con Estados fuertes es que el multilateralismo cobra vida. De lo contrario se vuelve un sistema de unos pocos y se pierden las bondades de una organización multilateral que refleje los intereses y posiciones de todos sus miembros.

La ONU, sus órganos principales y los Estados Miembros deben trabajar de manera conjunta para fortalecer a los Estados y sus instituciones y apoyar los programas de los Gobiernos para dar respuesta a las necesidades de sus poblaciones, en especial cuando están en medio de un conflicto. Este es el único camino hacia el desarrollo económico, social y político sostenible de las naciones. En este orden de ideas hay ciertos conceptos que hay que manejar con mucho cuidado y responsabilidad, entre estos están, la intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger.

Las operaciones y acciones para la asistencia humanitaria se deben dar en total coordinación y cooperación con el Gobierno y con el consentimiento de éste. Sólo así podrán ser más eficientes y productivas y asegurarán la protección tanto de la población civil como del personal humanitario.

Señor Presidente:

Colombia reitera una vez más su compromiso indeclinable para promover, respetar y proteger a la población civil en cumplimiento de su convicción, amparada por el derecho, según la cual el Estado es responsable de proteger a su población.

En función de este compromiso nacional, el Gobierno del Presidente Alvaro Uribe trabaja sin descanso y los logros concretos comienzan a verse. La tasa de desplazamiento interno ha disminuido en un 48% y la atención a la población desplazada es cada vez más eficiente. Se han multiplicado por 8 los recursos destinados a la atención de la población vulnerable. El presupuesto de inversión de la Red de Solidaridad Social, entidad encargada de su atención, ha pasado de 14 millones de dólares en el 2002 a 120 millones para el 2005. Se han dado retornos voluntarios que benefician a más de 70 mil personas y se trabaja para consolidar la paz en las regiones y lograr más retornos masivos y voluntarios.

Como complemento del Plan Nacional para la Asistencia al Desplazado, el Gobierno elabora un plan humanitario para ser ejecutado con el sistema de Naciones Unidas y la comunidad donante y para el cual Colombia ha asegurado los recursos. Este es el primer plan humanitario que incorpora una activa participación de Naciones Unidas. Por lo tanto, tenemos una inmensa responsabilidad para que sea un plan constructivo y efectivo, pues crea un precendente para otros Estados Miembros de la Organización.

1.550.000 desplazados es una cifra que alarma al Gobierno, pues consideramos que no debía haber ni un solo desplazado. De ahí que se tomen las medidas y se emprendan políticas y programas que beneficien a la población desplazada. Es un reto al cual el Gobierno responde con su capacidad nacional y da la bienvenida a la comunidad internacional que se una a este esfuerzo. En esta medida le agradece a la oficina del OCHA su trabajo, y labor por la consecusión de recursos.

Colombia espera una respuesta generosa de la comunidad donante y del sistema de Naciones Unidas para apoyar los proyectos establecidos de común acuerdo con la sociedad civil y con las autoridades locales y regionales en un amplio y extenso proceso de consulta y concertación abierto y transparente que se desarrolló durante el último año.

Señor Presidente:

Los colombianos conocemos de cerca el sufrimiento y los efectos de los conflictos y las amenazas terroristas sobre la población civil. Porque conocemos esta situación es que hemos tomado acciones concretas para mejorar y normalizar su existencia. Tenemos, por ejemplo, un Sistema de Alerta Temprana a cargo de la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Procuraduria General de la Nación y la Red de Solidaridad Social. El SAT tiene por objetivos principales, obtener información para prevenir amenazas y ataques y enviar información a las entidades y autoridades gubernamentales a las cuales compete responder a las alertas. Como complemento, Colombia da la bienvenida a las acciones generosas de las organizaciones no gubernamentales, del CICR y del sistema de la ONU para aliviar y mejorar la situación de la población civil tanto desplazada como desmovilizada.

La población desmovilizada, individual y colectiva, de los grupos armados ilegales suma ya la importante cifra de 7.601 excombatientes para noviembre de 2004. En Diciembre habrá 3.000 nuevos desmovilizados. Esta población también necesita asistencia especial y la comunidad internacional puede contribuir en una transición efectiva hacia la vida civil. La reincorporación económica y la educación son algunos de los principales retos para dar sostenibilidad a la desmovilización.

Señor Presidente:

En Colombia, el CICR hace una labor fundamental y tiene acceso irrestricto y seguro a la población civil. El sistema de la ONU (21 entidades) está presente en todo el país, en condiciones de seguridad, incluso en zonas donde se desarrollan estrategias militares y puede llevar a cabo sus actividades, de acuerdo a sus respectivos mandatos. Colombia favorece este acceso irrestricto que tiene por objetivo único asistir a la población afectada. Asistencia que se presta respetando sus principios básicos.

Asi como favorecemos el acceso a la población con el fín de asistirla en sus necesidades, rechazamos que para tener acceso humanitario se solicite dialogar con grupos armados ilegales. No creemos que para lograr una labor humanitaria eficiente se tenga que dialogar con dichos grupos. Estos diálogos amparados por la causa humanitaria pueden ser utilizados con fines políticos y desestabilizadores, siendo tal el objetivo de los grupos armados ilegales. Por ende, sería el fín de la asistencia humanitaria imparcial, neutral y humana.

En este orden de ideas, el único responsable de establecer diálogos con grupos armados ilegales es el Gobierno Nacional en ejercicio de su plena soberanía. Asimismo, es el Gobierno el que solicita la cooperación de facilitadores cuando cree que su labor puede fortalecer la búsqueda de la paz.

Colombia es un Estado fuerte con instituciones democráticas sólidas, con una sociedad civil activa y organizada. Toda la nación está decidida a hacer frente a los violentos y el Gobierno responde a esta necesidad expresa de la población. Es este sentido, la asistencia humanitaria, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, debe respetar las dinámicas del Estado para superar la violencia y restaurar la paz en el territorio. Consideramos que es importante reconocer las características específicas de cada situación. En estos temas no se puede generalizar ni se pueden crear mecanismos que comprendan todo tipo de situaciones y les den un tratamiento uniforme y único.

Así como creemos que la asistencia humanitaria se debe mantener en sus principios, creemos que el derecho internacional humanitario no debe ser reinterpretado de manera que se aleje de su espíritu y letra. Tampoco debe ser mezclado con otras arquitecturas jurídicas.

Señor Presidente:

Permítame finalizar haciendo un llamado a la unidad entre los Estados afectados, los países donantes, el Sistema de Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias y la sociedad civil para trabajar de manera concertada y coordinada en la importante tarea de brindar asistencia humanitaria.

Todos tenemos en común un firme compromiso por proteger y atender a los civiles afectados por situaciones de conflictos, terrorismo y violencia. Comprendemos las preocupaciones de todas las partes que trabajan en el área humanitaria para brindarle a las víctimas protección y atención oportunas y eficientes. El Gobierno de Colombia, más que ningun otro, esta empeñado en solucionar la situación de la población civil afectada por la violencia.

Gracias.

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