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Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre Niños en Conflictos Armados

(Nueva York, 14 de junio de 2004)

Intervención del Embajador Nicolás Rivas, Representante Permanente Alterno de Colombia

 

Permítame comenzar por saludarlo al asumir este mes la Presidencia del Consejo de Seguridad. Agradezco, asimismo, al Secretario General por la presentación del informe sobre "Protección de civiles en conflicto armado" (S/2004/431) y al señor Jan Egeland, Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, por la presentación que ha hecho sobre el tema que nos ocupa en esta sesión abierta del Consejo de Seguridad.

El Gobierno de Colombia reitera lo afirmado en su intervención del pasado 9 de diciembre de 2003, cuando el Consejo de Seguridad debatió este tema. La política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe ha demostrado que mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, se aumentan los niveles de seguridad de la población y se reducen los espacios a los actores al margen de la ley. De ahí, el respaldo mayoritario del pueblo colombiano a su Gobierno.

Señor Presidente:

La comunidad internacional no ha encontrado todavía una manera eficiente de combatir el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, de armas, de personas, entre muchos otros males perpetrados por las organizaciones de delincuencia organizada contra las poblaciones civiles del mundo entero. Creemos que la mejor forma de superar estos delitos transnacionales es mediante el fortalecimiento de los Estados y de sus instituciones democráticas con la firme solidaridad y cooperación por parte de la comunidad internacional. Naciones Unidas y los organismos del sistema, cuyo objetivo fundamental es el logro de una paz justa y duradera alrededor del mundo, están llamados a jugar un papel determinante en el apoyo solidario y acompañamiento respetuoso a los Estados Miembros en su lucha contra estos flagelos que afectan sobre todo a la población civil.

Por eso el Gobierno de Colombia considera esencial la labor de esta Organización en la protección de civiles en conflicto armado. Reconocemos el firme compromiso de la Secretaría General con este objetivo y tomamos nota del informe presentado sobre el tema en el entendido de que ha sido elaborado de buena fe y con la imperiosa necesidad de brindar ayuda humanitaria a la población necesitada. Pero en relación con algunas propuestas que en la teoría resultan apropiadas, es necesario advertir que en la práctica pueden producir el efecto contrario al deseado, debilitando aún más Estados débiles y comprometiendo seriamente su capacidad para proteger a la población civil en medio del conflicto. Es posible incluso que su aplicación termine blindando a organizaciones terroristas y traficantes de drogas ilícitas, así como a redes de tráfico de personas, en especial niños y mujeres. Instituciones democráticas de Estados con gobiernos legítimos pueden verse seriamente afectadas. Por eso este Consejo de Seguridad y sus Estados Miembros tienen la gran responsabilidad de tratar con cautela y prudencia este tema y, en general, todos los debates temáticos que decida realizar, así como las acciones que acuerde adelantar.

Señor Presidente:

En relación con el informe que nos ocupa quiero insistir en que algunas de sus propuestas pueden dar origen a círculos viciosos de violencia y sufrimiento en lugar de coadyuvar a la protección de la población civil que padece conflictos armados. La legítima preocupación por garantizar el acceso a las poblaciones vulnerables encuentra respuesta efectiva mediante un estricto cumplimiento de las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales, así como de lo dispuesto por la resolución 46/182 de la Asamblea General que le dio el mandato a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.

Innovaciones que no respetan los principios rectores de la asistencia humanitaria a saber: humanidad, neutralidad e imparcialidad, y que en aras de una negociación pragmática pasan por encima del carácter innegociable que tienen los principios del derecho internacional humanitario; así como innovaciones que politizan la ayuda humanitaria, crean círculos viciosos de sufrimiento para la población civil cuyos males se pretende aliviar. Emprender negociaciones con organizaciones de terroristas, traficantes de drogas ilícitas y criminales para obtener acceso a una población específica, no solo legitima a dichas organizaciones sino que además les facilita blindar sus operaciones del peso de la ley y del Estado de Derecho, favoreciendo así sus oscuros intereses militares, estratégicos y económicos. La excusa de colaborar con operaciones humanitarias para buscar beneficios políticos y tácticos que protejan sus negocios ilícitos es un vil engaño que ya realizan estas organizaciones criminales para proteger sus actividades e intensificar la guerra que le han declarado a la población civil. Por eso debemos tener mucho cuidado que legítimas preocupaciones de acceso humanitario terminen amenazando a Gobiernos legítimos, interviniendo en asuntos internos y violando fundamentales propósitos y principios consignados en la Carta de Naciones Unidas. Esto es aún más válido cuando existen situaciones en las cuales se observa que los Gobiernos trabajan mancomunadamente con sus sociedades y gozan de inmenso apoyo popular; cuando la mayoría de la población, luego de varias décadas, comienza a recibir los beneficios de políticas comprometidas en su lucha contra quienes amenazan y afectan su propia existencia.

Las organizaciones humanitarias, la ONU y todos sus Estados Miembros debemos tener presente los peligros que implica obrar precipitadamente en estos temas. Debemos más bien intensificar nuestro apoyo y cooperación con las autoridades legítimas de los Estados afectados en la difícil tarea de superar la violencia y el conflicto. Debemos tener claro que la propia dinámica de las organizaciones armadas ilegales es la violación de la ley y del derecho internacional humanitario. Esto hace parte de su esencia y de su condición de ilegales.

Por eso el Gobierno de Colombia ha expresado en diversas oportunidades, incluso en este mismo escenario en diciembre pasado, su preocupación sobre los diálogos no autorizados por el Gobierno del Estado receptor con grupos armados ilegales, así tengan estos un loable propósito. A juicio del gobierno esto implica, a más de lo ya señalado, el riesgo de poner en peligro la seguridad del personal humanitario, ya que muchos de estos grupos violan reiteradamente sus compromisos y, así como no respetan el derecho internacional humanitario, tampoco lo hacen con las inmunidades que los tratados otorgan al personal y bienes de Naciones Unidas. Por eso la posición del pueblo y del Gobierno de Colombia frente a este tipo de diálogos es vertical: los compromisos que impone el derecho internacional humanitario se cumplen, pero jamás se negocian. De esta precisión y de esta rectitud dependen en gran medida el sosiego y la paz del mundo.

Por otra parte, sólo a los Gobiernos les corresponde adelantar negociaciones políticas. El establecimiento de negociaciones con carácter político por parte de organizaciones humanitarias con grupos armados ilegales no coincide con los principios básicos de neutralidad, imparcialidad y transparencia de la labor humanitaria, a más de darle a tales grupos armados ilegales un status indebido que tiende a ponerlos en pie de igualdad con gobiernos legítimos y democráticos.

De nuevo indicamos nuestra convicción de que la irremplazable y definitiva manera de proteger a toda la población es con la finalización de los conflictos armados. Es por eso que el gobierno colombiano ha pedido al Señor Secretario General sus buenos oficios para exhortar a los grupos armados ilegales que operan en Colombia a un inmediato cese de hostilidades que pueda abrir con ellos un espacio de interlocución para buscar una salida pacífica a los problemas de violencia que vive el país. Corresponde entonces a las Naciones Unidas el deber principal de propender, exigir y apoyar los procedimientos que conduzcan a tal propósito.

La mejor manera de asegurar la adecuada protección de los civiles amenazados por grupos armados irregulares es la recuperación de la autoridad legítima del Estado democrático, asegurando el control territorial por parte de las Fuerzas Armadas institucionales. El ejemplo de Colombia es claro. En lo que va corrido de este gobierno, las cifras de desplazamiento, masacres, ataques contra poblaciones, han disminuido de manera significativa. Es así como entre el 2002 y el 2003 el desplazamiento forzado de personas ha disminuido en un 48%, las masacres en un 37% y los ataques a poblaciones en un 80%. La amenaza de una crisis humanitaria ha sido contenida. Esto muestra que el principal aliado e interlocutor de las Naciones Unidas en la atención de los civiles bajo situación de riesgo debe ser el Gobierno Colombiano, para lo cual mostramos la mejor disposición a fin de asegurar la puesta en marcha de los programas pertinentes.

Señor Presidente:

Las afirmaciones del párrafo 41 del Informe del Secretario General en lo que respecta a mi país son inexactas y no entendemos su procedencia. El Presidente de Colombia ha expresado en múltiples ocasiones la voluntad de nuestra nación de trabajar con Naciones Unidas en diferentes escenarios. El Señor Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios realizó recientemente una visita al país calificada por la Secretaría de "fructífera", ya que se acordó la intensificación de la colaboración entre Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia para asistir a las víctimas del conflicto. Asimismo se estableció un enfoque coordinado para examinar y resolver los temas de acceso a la población civil necesitada. Esto en el entendido que es cosa muy diferente el acceso para atender víctimas de las tropelías de los grupos armados ilegales, del acceso para entablar diálogos con tales organizaciones. Hay que tener claro que el desplazamiento es parte de la estrategia militar de estos grupos armados ilegales que la utilizan para múltiples propósitos, entre ellos para lograr contactos con organismos internacionales a fin de valerse de ellos para elevar su status político sin que esto signifique terminar con su estrategia de forzar desplazamientos o crear desplazamientos artificiales.

Por otra parte, es importante precisar que en la situación colombiana las organizaciones armadas ilegales tienen presencia territorial en algunas zonas del país, mas no dominio, lo que reafirma la improcedencia de establecer diálogos para lograr acceso humanitario bajo el engañoso argumento que dichas organizaciones ejercen control territorial.

Igualmente sorprende la afirmación del párrafo 41 según la cual existe un impacto adverso para la labor humanitaria cuando actores armados no estatales son considerados grupos terroristas. Es la comunidad internacional la que así los denomina, y no un capricho de nuestro gobierno. El terrorismo hoy día es un fenómeno claramente determinado, cuyos efectos devastadores el mundo de hoy conoce hasta la saciedad. De ahí el compromiso global de terminar mancomunadamente con este flagelo, con apego al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Buscarle paliativos a los terroristas sería un contrasentido con la historia presente.

Finalmente, no creemos que sea competencia de las Naciones Unidas el certificar la buena conducta de grupos terroristas, de traficantes de drogas o de delincuencia organizada para efectos de futuras negociaciones de paz. Ello fortalecería la idea que la violencia contra la población civil paga y aporta beneficios, siempre y cuando se ejerza cumpliendo algunos mínimos requisitos para permitir la acción humanitaria. Lo debido, y lo que nuestro gobierno espera, es un decidido apoyo de las Naciones Unidas a los ejercicios legítimos de los gobiernos democráticos en su esfuerzo por terminar con el terrorismo, ponerle fin a sus conflictos e instaurar.

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