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Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre Armas Pequeñas

(Nueva York, 19 de enero de 2004)

Intervención del Embajador Luis Guillermo Giraldo, Representante Permanente de Colombia

 

Señor Presidente:

Quiero antes que nada felicitarlo por haber asumido este mes la Presidencia del Consejo de Seguridad y por organizar este debate. Para un país hermano como Colombia es motivo de satisfacción ver a Chile dirigiendo el órgano de las Naciones Unidas encargado de la difícil tarea de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Permítame, Señor Presidente, comenzar mi intervención con una reflexión sobre el tema que nos ocupa. Una de las peores tragedias que vive, y parece estar condenada a vivir, buena parte de la humanidad, proviene del uso, abuso, comercio y tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Además, todos los conflictos llamados de baja intensidad se alimentan, permanecen, se expanden, se profundizan y degradan, por la incapacidad de combatir eficazmente el tráfico ilícito de estas armas. También las posibilidades de negociación para solucionar estos conflictos se afectan negativamente por el continuo flujo de estos instrumentos de guerra y muerte. Incluso acuerdos de paz ya firmados han fracasado por el rearme de las partes, facilitado por el tráfico mundial de estas armas. Escandalizado o no, el mundo ve a los grandes traficantes de armas, poseedores de inmensas fortunas, pasearse por las revistas de farándula en la más absoluta impunidad respecto de sus graves crímenes contra la humanidad.

Hablamos mucho en Naciones Unidas de solucionar y prevenir conflictos. Una manera elemental y efectiva, no sólo de prevenir y solucionar esos conflictos mal llamados de baja intensidad, sino de hacerlos casi que imposibles, es mediante el combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y un control más efectivo del comercio oficial de estas armas. Esta Organización ha emprendido un proceso en estas materias que, aunque lento, mi país reconoce. Sin embargo, debemos preguntarnos si las labores que adelantamos son suficientes y efectivas para acabar con este flagelo. Millones de muertos, heridos e incapacitados que año tras año dejan estas armas en su masiva destrucción, nos exigen mayor acción, mayor compromiso, más imaginación para enfrentar el problema. ¿Podría éste Consejo de Seguridad acudir al Capítulo VII de la Carta y tratar este tema, así como lo hizo en el caso de la resolución 1373, llave maestra de la lucha contra el terrorismo, habida cuenta que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras atenta tanto o más contra la paz y la seguridad internacionales?

Termino aquí, Señor Presidente, mi reflexión y paso a comentar el informe que nos ocupa hoy. Las 12 recomendaciones del Secretario General se pueden dividir entre aquellas que pueden ser aplicadas directamente por el Consejo de Seguridad, como son las relativas a la consolidación de la paz, la prevención de los conflictos, los embargos de armas y sus mecanismos de vigilancia, y aquellas que deben ser aplicadas por los Estados Miembros, a quienes el Consejo sólo puede hacer un llamado o alentarlos a darles cumplimiento.

Para mi delegación resulta particularmente significativo que el Secretario General reporte "progresos significativos" o "indicaciones alentadoras" en la mayoría de las recomendaciones que deben ser aplicadas por los Estados Miembros, mientras que en aquellas cuya aplicación depende directamente del Consejo de Seguridad los progresos no sean tan significativos ni las indicaciones tan alentadoras.

En efecto, en la Asamblea General los Estados Miembros comenzaremos este año a elaborar un instrumento internacional que nos permita identificar y rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas (Recomendación 1). Por otra parte, estamos comprometidos en proporcionar apoyo técnico y financiero al Sistema de Rastreo de Armas y Explosivos de la Interpol, y en esta tarea conviene destacar la financiación suministrada por los Estados Unidos de América (Recomendación 2). También hemos fomentado la transparencia en materia de armamentos con una participación cada vez más amplia en el Registro de Armas Convencionales y el Sistema de Información sobre Gastos Militares de Naciones Unidas (Recomendación 12).

Sin embargo, se registra un incumplimiento de los embargos de armas por parte de los Estados Miembros (Recomendación 5) debido a la insuficiencia de legislación, de mecanismos para su aplicación, o de limitaciones en la capacidad técnica. Tampoco ha habido avances significativos en materia de legislación sobre control de importaciones, exportaciones y tránsito de armas pequeñas y ligeras, ni en la utilización de certificados de usuario final (Recomendación 9). Así se constató durante la Primera Reunión Bienal de Estados sobre la aplicación del Programa de Acción del 2001, realizada el año pasado. Sólo 98 Estados presentaron informes donde se refleja que 78 cuentan con leyes de control de importaciones y exportaciones y apenas 39 cumplen las prescripciones relativas a los certificados de usuario final. Más preocupante aún es la situación en materia de intermediación, ya que apenas 16 países contaban con reglamentación sobre esta actividad.

Permítame, Señor Presidente, hacer aquí un paréntesis para referirme a la importancia de que los regímenes de controles de exportaciones no se basen en criterios que sólo toman en consideración el punto de vista y los intereses de los países productores y exportadores, dejando de lado los intereses de los países importadores, particularmente de los afectados por el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Criterios como el respeto a los derechos humanos, la existencia de conflictos internos, o el desequilibrio entre los gastos de defensa y desarrollo, si bien son legítimos e incluso encomiables, son criterios subjetivos por naturaleza, no objetivos. Más aún, ese tipo de criterios, aplicados por el país exportador, violan el derecho de todo Estado a importar y mantener armas pequeñas y ligeras para sus necesidades de legítima defensa y seguridad, con arreglo al Artículo 51 de la Carta de la ONU que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa. Además, tienden a violar el principio de no intervención y a decidir unilateralmente cuáles deben ser las necesidades de seguridad y defensa, así como las prioridades del país importador. Este es un caso típico en el que con la mejor de las intenciones por parte del país exportador (controlar las exportaciones de armas pequeñas y minimizar el riesgo de desviación de estas armas hacia el comercio ilegal), se termina creando un gran daño (evitar que los países importadores afectados adquieran, para sus fuerzas legítimas, las armas pequeñas y ligeras que requieren para enfrentar criminales y terroristas que cuentan con suficientes armas pequeñas y ligeras ilegales para desestabilizar un país).

Por eso, Señor Presidente, consideramos más justo y eficiente el establecimiento de sistemas nacionales eficaces de certificado de usuario final e, incluso, de un sistema regional y mundial sobre el tema, así como la creación de un mecanismo de intercambio y verificación de la información. También propugnamos por la adopción de medidas adicionales como la verificación de las exportaciones con posterioridad al embarque y las dobles verificaciones de la autenticidad de los certificados de usuario final.

Señor Presidente:

En cuanto se refiere a las recomendaciones cuya aplicación depende directamente del Consejo de Seguridad registramos aún menos progresos que en las que corresponde cumplir a los Estados. El Consejo apenas tomó conocimiento de la propuesta de la Secretaría de crear un servicio de asesoramiento sobre armas pequeñas con cargo a recursos extrapresupuestarios (Recomendación 3). No aumentó su interacción con la Asamblea General respecto de cuestiones relativas a las armas pequeñas para elaborar estrategias a largo plazo en el marco de la prevención de conflictos y consolidación de la paz (Recomendación 4). Tampoco registró mayores avances respecto de los vínculos existentes entre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras y la explotación ilícita de recursos naturales; y ningún avance en los vínculos con el comercio de drogas ilícitas (Recomendación 6).

En la Recomendación 7, relativa a los programas de desarme, desmovilización y reintegración, se registran importantes esfuerzos del Consejo de Seguridad que sin embargo resultan insuficientes por incumplimiento de la Recomendación 8 que pide financiar estos programas con cargo al presupuesto establecido para las operaciones de mantenimiento de paz. La financiación de estos programas con fondos voluntarios que suelen ser muy reducidos pone en grave peligro el desarme, la desmovilización y la reintegración en las zonas de post-conflicto y, en consecuencia, la consolidación de la paz. Además deja sin recoger una gran cantidad de armas y municiones en esas zonas, las cuales son transferidas a otras zonas y países en conflicto.

También debe el Consejo prestar mayor atención a la Recomendación 10, relativa a los embargos de armas en las situaciones que esté considerando, particularmente contra los agentes no estatales, así como a la restricción del suministro de municiones apropiadas para las armas que ya se encuentran ampliamente distribuidas en esos países y regiones. En este tema vale la pena destacar la observación hecha por el Grupo de Expertos sobre Somalia en el sentido de que los grupos armados necesitaban acceso constante a municiones más que a armas, las cuales ya se encuentran desplegadas en grandes cantidades en la caótica guerra que vive ese país. Por eso este Grupo recomendó instar a los Estados de primera línea y Estados vecinos a que establezcan oficinas de asistencia en materia de sanciones en sus territorios, con ayuda de las organizaciones subregionales y regionales. Esta recomendación es válida para todos los conflictos donde existe acumulación desestabilizadora e incontrolada proliferación de armas pequeñas y ligeras, así como de sus municiones. Los Estados vecinos tienen la obligación de evitar que desde su territorio se remitan armas pequeñas y ligeras y sus municiones a los actores armados no estatales de países en conflicto. Las Naciones Unidas deben instar a estos países para que asuman su responsabilidad en este tema y asegurarse que cumplan con ella.

Señor Presidente:

Permítame finalizar anotando que en la pasada década las armas pequeñas y ligeras provocaron la muerte de millones de personas, heridas graves e incapacidades permanentes a 6 millones y contribuyeron al desplazamiento forzado de 20 millones. Los países en conflicto, casi todos en vías de desarrollo, dedican más del 10% de su producto interno bruto anual a la atención de las víctimas y al control de aproximadamente 200 millones de armas pequeñas y ligeras ilícitas que circulan en el mundo.

Por estas graves consecuencias humanitarias y socioeconómicas de este flagelo, así como por ser una seria amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales, es de vital importancia que existan controles y reglamentaciones sobre el comercio de armas pequeñas y ligeras en los planos nacional, regional y mundial. Como ya lo ha admitido este Consejo de Seguridad, los países exportadores de armas tienen la obligación de ejercer el más alto grado de responsabilidad en estas transacciones y todos los países debemos impedir la desviación y reexportación ilegales de armas pequeñas y ligeras.

Con razón el Secretario General ha dicho que las armas pequeñas y ligeras, que anualmente ocasionan millones de muertes alrededor del mundo, son las verdaderas armas de destrucción masiva. También con razón el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia dijo en su discurso ante este Consejo en 2 de agosto del 2001 que "Es una paradoja que la mayoría de los conflictos, en los cuales se utilizan las armas pequeñas y ligeras, se lleven a cabo en el mundo en desarrollo y que la mayor parte de estas armas sean producidas en el mundo desarrollado. Una terrible paradoja que amerita aplicar al comercio mundial de dichas armas un principio ya aceptado en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, como es el de la responsabilidad compartida".

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