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Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre Niños en Conflictos Armados

(Nueva York, 20 de enero de 2004)

Intervención del Embajador Luis Guillermo Giraldo, Representante Permanente de Colombia

 

Señor Presidente:

Al agradecer a usted la organización de este debate y al Secretario General la presentación de su informe sobre los niños y los conflictos armados, mi delegación quiere compartir con ustedes la experiencia de nuestro país y su gobierno en la difícil tarea de proteger a los niños colombianos que han sido asesinados, secuestrados, mutilados, desplazados y reclutados para la guerra por los grupos armados ilegales que operan en el país.

Permítame comenzar esta intervención resaltando lo que considero absolutamente importante y prioritario. Si bien es cierto que las violaciones a los derechos de los niños merecen un especial rechazo, hay que tener muy en cuenta que, en las circunstancias de conflictos armados, la peor, la más sistemática, la más profunda y más extensa violación a esos derechos, se da por parte de los grupos que se dedican a reclutar niños combatientes. Estos, los niños combatientes, por su condición, están especialmente expuestos a la muerte, la tortura, las mutilaciones, el maltrato; sufren graves restricciones en sus libertades, en sus posibilidades de desarrollar sus personalidades, son alejados de sus familias y se convierten en víctimas de abusos sexuales. Por ello Naciones Unidas, este Consejo, la Secretaría General, todos aquí, podríamos ser más explícitos en la condena a tales grupos. Elaborar las listas correspondientes de manera anual, hacerlas públicas, pedirles a todos los países miembros de Naciones Unidas que tengan este hecho muy presente a la hora de recibir en sus territorios o de tener algún contacto con grupos de esta clase, entre otras alternativas, sería una muy buena presión moral y mundial, para que tales grupos comenzaran a pensar en la necesidad de terminar con esas prácticas.

Señor Presidente:

El informe del Secretario General reporta que 7.000 niños colombianos han sido reclutados por estos grupos armados, es decir que uno de cada cuatro combatientes irregulares en Colombia es menor de 18 años. Según cifras de las organizaciones no gubernamentales colombianas el 80% pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como el 35% de los niños reclutados, en muchos casos de manera forzada, desertan antes de cumplir el año, muchos han sido ejecutados por sus compañeros, otros niños a la vez, cuando intentaban escapar.

La situación ha llegado a tal extremo, que Human Rights Watch da cuenta del escalofriante y triste testimonio de una niña guerrillera sobre la ejecución de otro niño guerrillero, su compañero de labores, por intentar escapar: "No puedo olvidar a Luis, era mi amigo. Voté por su ejecución para que no pensaran que tenía corazón de pollito". Human Rights Watch, entre otras circunstancias y en el comportamiento de esos grupos armados ilegales, resalta: 1. Entrenan a los niños en la actitud de no tener piedad; 2. Por incumplimientos en sus labores, los someten a torturas o a ejecuciones sumarias; 3. Los inducen a que participen en atrocidades. Ejemplo elocuente es el de un niño de apenas 10 años usado por las FARC para enviar una bomba, quien murió el 13 de abril del 2003 cuando la bicicleta que conducía estalló.

Pero el terror que ejercen los grupos armados irregulares colombianos sobre los niños en mi país no se limita a reclutarlos y ejecutarlos si intentan escapar, ni a sacrificarlos para cometer actos terroristas. Como lo afirma el Secretario General en su informe, "el ELN y las FARC han secuestrado a miles de niños para exigir rescates y como medio de aterrorizar a la población civil; en 2002 se perpetraron 215 secuestros y durante el primer semestre de 2003 se han perpetrado otros 112". Según estadísticas del Gobierno, del total de la población secuestrada en Colombia entre 1996 y el 2003, 1.819, eran niños entre los 13 y los 17 años. Incluso, según algunas estadísticas, en Colombia cada 37 horas es secuestrado un menor de edad por los grupos armados ilegales. También reporta el Secretario General que "en Colombia alrededor del 40% de las víctimas de las minas terrestres durante el período 1990-2003 fueron niños". Por otra parte, como lo afirma el Secretario en su informe y en referencia alos grupos armados ilegales, "el miedo al reclutamiento ha hecho que muchas familias abandonen sus hogares en las zonas rurales". Según cifras del gobierno colombiano el 58% de la población desplazada está compuesta por mujeres y niños.

Muchos de estos niños terminan en las grandes ciudades, como niños de la calle, y han sido víctimas de asesinatos arbitrarios. Sin embargo, nos gustaría conocer la fuente o las estadísticas en que se basó el Secretario General para afirmar en el párrafo 25 de su informe, que ha crecido el número de estos asesinatos arbitrarios de niños de la calle, pues disponemos de estadísticas que muestran lo contrario ya que la lucha contra estos abominables crímenes ha sido una de las prioridades que se han fijado las autoridades nacionales y locales de mi país.

Señor Presidente:

No he venido aquí solo a apoyar y ampliar las denuncias que ha hecho el Secretario General en su informe sobre las atrocidades que cometen a diario contra la niñez colombiana los grupos armados irregulares que operan en mi país. También vengo a informar del compromiso y los resultados que está dando la Política de Seguridad Democrática que adelanta el gobierno para proteger los derechos humanos de todos los colombianos, y en particular de nuestros niños.

A los índices de homicidio, secuestro y desplazamiento, que han comenzado a mostrar una significativa tendencia hacia la disminución, se suma un crecimiento importante en los niveles de deserción de personas vinculadas a los grupos armados ilegales, especialmente de menores, ya que la edad del 64% de los desvinculados en 2003 oscilaba entre los 14 y 24 los años.

Desde el 7 de agosto de 2002, inicio del gobierno del Presidente Alvaro Uribe, se han desmovilizado 3012 combatientes irregulares. De ellos, 1442 son menores de edad que han sido atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta institución gubernamental encargada de la atención de los menores desvinculados reporta que el 70% son niños y el 30% niñas. 893 provienen de las FARC, 275 de las AUC, 198 del ELN, y 25 de disidencias de estos grupos. Entre las modalidades de salida de los grupos armados, el abandono voluntario constituye el 70%, las capturas el 26% y la entrega negociada el 4%.

La principal causa de desmovilización voluntaria es el maltrato al que son sometidos los niños por los grupos armados ilegales. Todos estos niños y niñas han perdido la inocencia, la oportunidad de vivir su infancia y de estudiar. Todos, desertores y capturados, son considerados víctimas. Llegan con un grave daño psicológico por la guerra y por las cicatrices que les ha dejado esa experiencia. Representan un inmenso desafío para el programa de rehabilitación integral que adelanta el Estado, el cual incluye rehabilitación física y emocional para que puedan regresar a sus hogares, estudiar o iniciar una nueva vida civil aparte cuando no puedan reincorporarse a sus hogares de origen. Sin embargo, como sucede con estos programas en todo el mundo, el nivel de reincidencia es aún muy alto, lo cual indica el daño irreparable que han sufrido, así como la necesidad de trabajar para hacer más eficientes estos programas en su objetivo final de recuperar a un niño o una niña para la sociedad, y a un hombre o una mujer capaces de construir un mejor mañana.

Señor Presidente:

Entre los progresos alcanzados que registra el informe del Secretario General está la declaración de cese del fuego unilateral y la manifestación de las Autodefensas Unidas de Colombia de que licenciarían a todos los niños menores de 18 años que están en sus filas. Gracias a la mediación de la Iglesia Católica 81 menores (74 niños y 6 niñas) fueron desmovilizados en junio de 2003. Sin embargo, los grupos armados ilegales de Colombia siguen reclutando o utilizando niños como soldados, en abierta violación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño que fija en 18 años la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y la participación directa en hostilidades, así como del Estatuto de la Corte Penal Internacional que clasifica como crimen de guerra el reclutamiento de niños menores de 15 años.

Por su parte, desde 1999 el Estado colombiano ha venido cumpliendo sus compromisos internacionales de no reclutar niños menores de 18 años. Por eso pide a las instituciones y entidades con la influencia necesaria, como el Consejo de Seguridad, las organizaciones regionales y los Estados, que ejerzan una presión graduada y selectiva sobre estos grupos armados que siguen vulnerando los derechos de los niños colombianos.

Como lo viene afirmando el Secretario General desde su pasado informe sobre este tema, es necesario iniciar la "era de la aplicación". Las violaciones más graves como las matanzas, el reclutamiento y el secuestro de niños, crímenes habituales en el accionar de los grupos armados ilegales en Colombia, requieren atención prioritaria, mecanismos de supervisión y sanciones ejemplarizantes.

Tal vez los niños colombianos, que en medio de la violencia tuvieron el valor de crear el Movimiento de los Niños por la Paz de Colombia, así como los niños víctimas de la violación de sus derechos en todos los rincones de la tierra, nos sirvan de ejemplo a todos para que tengamos del valor de rescatarlos del infierno que viven en manos de los violentos.

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