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En el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre protección de civiles en conflicto armado

(Nueva York, 21 de junio de 2005)

Intervención de la Embajadora María Angela Holguín, Representante Permanente de Colombia

 

Señor Presidente:

Quiero comenzar por saludarlo al asumir la Presidencia del Consejo de Seguridad y expresarle nuestro reconocimiento por organizar y presidir este debate. Agradezco al señor Jan Egeland, Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, por la presentación del tema de protección de civiles en conflicto armado.

En este tema, de especial relevancia, los Estados, con instituciones sólidas y democráticas, tienen la posibilidad y la responsabilidad de trabajar para asegurar el progreso y el desarrollo de sus ciudadanos en un entorno seguro y sin violencia.

Le corresponde a los Gobiernos cumplir esta tarea y la comunidad internacional tiene un papel importante de apoyo y cooperación con programas específicos que contribuyan a fortalecer las iniciativas nacionales.

Señor Presidente:

El tema de protección de civiles en conflicto armado debe regirse por el derecho internacional y debe respetar sus principios rectores. Es indispensable que el tema humanitario no se mezcle con lo político porque esto acabaría con la transparencia y objetividad que debe regir los asuntos humanitarios.

En este contexto, la tendencia a incorporar la asistencia humanitaria en las misiones políticas y militares de la ONU pone en riesgo sus principios fundamentales. La creación de confianza en la población civil y el trabajo con las autoridades requiere de una coordinación conjunta y concertada entre el Estado y las organizaciones humanitarias. Creemos que es el ejemplo del Comité Internacional de la Cruz Roja el que debe ser la regla y no la excepción en cualquier situación humanitaria.

Señor Presidente:

El sistema en este tema de protección de civiles ha tendido a referirse a la población desplazada y es en ese contexto que daremos algunos puntos de vista.

El problema mundial de las drogas ilícitas en Colombia da origen a muchos males, entre ellos el desplazamiento. La población colombiana es víctima del crimen organizado transnacional en la medida en que la apropiación ilegal de tierras cultivables para el narcotráfico es un objetivo de los grupos armados ilegales vinculados con este flagelo.

Esta apropiación ilegal expulsa a las poblaciones de sus tierras y crea así el desplazamiento. Durante el Gobierno del Presidente Uribe los resultados en la lucha contra el narcotráfico han tenido un beneficio directo en la población civil, que cada día está más segura en sus tierrras y que aumenta su retorno voluntario.

El narcotráfico, que genera un negocio millonario, no respeta las instituciones democráticas, las leyes y el estado de derecho. Tampoco respeta a las poblaciones civiles. El narcotráfico es generador de violencia y es una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de los Estados.

Los vínculos del narcotráfico con otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas, de personas y como financiadores del terrorismo presentan retos de gran complejidad para el sistema internacional.

La cooperación integral es fundamental para superar este flagelo, que está al origen de tantos otros. La oficina de Naciones Unidas encargada de luchar contra las Drogas trabaja de cerca con el Gobierno Nacional y tiene grandes logros en los últimos años. Entiende la integralidad del problema lo cual hace parte del éxito en las estrategias y programas que se emprenden con las autoridades nacionales. Colombia es el primer interesado en restaurar la seguridad de los colombianos y en lograr que todas las personas puedan vivir en sus lugares de origen y no deban recurrir al desplazamiento para escapar a la violencia. Trabaja de manera constante para cumplir estas metas y ha producido en los últimos años importantes resultados.

En Colombia, el sistema de la ONU con 21 entidades está presente en el país, en condiciones de seguridad. Asimismo, el CICR hace una labor fundamental y accede de manera segura a la población civil. Colombia favorece este acceso que tiene por objetivo único asistir a la población afectada en total respeto de las leyes nacionales y del derecho internacional.

Señor President:

Desde que llegó al poder el actual Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez, el desplazamiento, producto de las acciones de grupos armados ilegales, ha disminuido de manera consistente y permanente. Bajo una contabilización anual y no acumulada, como se presenta el fenómeno por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, de 379.289 desplazados en el 2002, para el 2003 había disminuido a 219.459 y en el 2004 a 137.315, cifra que no coincide con los 700 diarios que mencionara esta mañana el Sr. Egeland. Desafortunadamente no hemos logrado que coincidan las cifras del Estado con las del sistema. Es algo en lo que debemos trabajar.

Cada vez menos colombianos dejan sus hogares, gracias a la acción decidida del Estado para brindar seguridad en todos los rincones del país, en medio de condiciones difíciles que tienen grandes retos logísticos y financieros.

La cifra oficial de desplazamiento, entiendiendo las personas registradas, es de un millón y medio. Esta es una cifra acumulada de 10 años y no de los últimos meses. Colombia trabaja para que no haya ni un solo desplazado y atiende con efectividad a la población.

En este trabajo colabora y mantiene una comunicación permanente y abierta con el sistema de Naciones Unidas y con la oficina de OCHA. Si bien pueden existir desacuerdos con OCHA sobre algunos enfoques y en especial sobre el tema del acceso, creemos que el Estado ha abierto un espacio de confianza y trabajo. Este año, el Gobierno concertó un Plan Humanitario con el sistema de Naciones Unidas, donde se espera un importante papel de la comunidad donante para financiar proyectos y programas específicos. El Gobierno aseguró más del 80% del presupuesto del Plan. Esta acción concertada propondrá soluciones de largo plazo a las comunidades desplazadas y tenemos la seguridad que arrojará resultados positivos.

En cuanto a los procesos de retorno de la población desplazada a sus lugares de origen, según la Consejería para la Acción Social, entidad oficial encargada de atender a la población desplazada, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2004, retornaron 17.317 familias desplazadas equivalentes a 73.622 personas, gracias a los programas de apoyo y acompañamiento liderados por la Red de Solidaridad Social. De esta cifra, 4.382 familias retornaron durante el último semestre de 2002; 7.786 lo hicieron en 2003 y 5.149 volvieron a sus lugares de origen en 2004. Durante 2004, del total de 5.149 hogares, conformados por 23.325 personas que regresaron a sus localidades, 4.837 corresponden a retornos masivos y 312 a retornos individuales. Los resultados obtenidos hasta el momento representan un avance del 58% en el cumplimiento de la meta propuesta por el Gobierno Nacional de auspiciar el retorno de 30 mil familias desplazadas durante el cuatrienio 2002-2006.

Señor Presidente:

En este debate, debemos preguntarnos no sólo la cifra del desplazamiento sino en qué tipo de Estado está la población que se debe proteger antes de desarrollar fórmulas generales aplicables a todas las situaciones. Se trata de un llamado "Estado colapsado" y de un Estado que no tiene la capacidad para atender las necesidades de la población vulnerable o se trata de un Estado que responde a las necesidades de la población que, por una u otra razón, se debe desplazar o que es vulnerable por una circunstancia particular.

Es importante tener en cuenta cuáles son las circunstancias particulares de cada situación y cuál es la reacción del Estado frente a la problemática específica. A partir de esa evaluación se deben desarrollar políticas de apoyo y asistencia diferenciadas y ajustadas a cada caso.

Debemos concentrarnos en identificar y definir cuáles son las características objetivas del Estado y su capacidad de respuesta para decidir qué tipo de ayuda, cooperación y asistencia requiere para proteger a la población civil.

En este sentido, el análisis debe comenzar por identificar estas características, evaluar los mecanismos jurídicos que permitan diferentes tipos de cooperación y examinar qué tipo de políticas e instituciones se deben fortalecer para cumplir con este objetivo común. Si logramos direccionar el análisis, podremos llegar a acuerdos que respondan de manera eficiente y efectiva a las necesidades puntuales. En este análisis, las cifras y las consideraciones de preferencia política quedan relegadas a un segundo plano, pues independientemente de la situación, lo más importante y lo que hará que Naciones Unidas coordine una respuesta efectiva, es la evaluación que se haga de las capacidades y necesidades nacionales para brindar una respuesta idónea que garantice la protección de civiles.

Señor Presidente:

Asi como favorecemos el acceso a la población con el fín de asistirla en sus necesidades, rechazamos que para tener acceso humanitario se solicite dialogar con grupos armados ilegales. No creemos que para lograr una labor humanitaria eficiente se deba dialogar con dichos grupos.

El sistema prepara un manual para dialogar con grupos armados ilegales. La primera condición para llevar a cabo este diálogo es el consentimiento del Estado y esta debe ser la base para la elaboración del manual. Sin esta condición no vemos cómo el sistema pueda desarrollar un manual de negociaciones.

Asimismo, cada situación es especial y diferente y por eso no es pertinente desarrollar fórmulas de aplicación general. No con todos los grupos armados ilegales se puede hablar en todas partes del mundo, pues es preciso reafirmar que algunos están vinculados con organizaciones de delincuencia transnacional, con el tráfico de drogas y con el terrorismo. Puesto que se mencionara esta mañana el tema de niños en conflicto armado, creemos que la ONU debe enfocarse en los programas de reintegración y rehabilitación de esta población para crear condiciones de vida sostenibles que les permitan reiniciar sus vidas. Colombia trabaja para desarrollar proyectos con UNICEF y fortalecer así los programas de reintegración nacionales.

Señor Presidente:

Para terminar, quiero reiterar el compromiso de mi país con el derecho internacional humanitario y con la protección de civiles que se ven afectados por la violencia y el terrorismo. Creemos que la cooperación entre los diferentes actores es fundamental para fortalecer las políticas y mecanismos de protección nacionales que beneficien a la población civil.

Gracias.

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