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Debate Público del Consejo de Seguridad sobre los Niños y los Conflictos Armados

(Nueva York, 28 de noviembre de 2006)

Intervención de S.E. Sra. Claudia Blum, Embajadora, Representante Permenente de Colombia

 

Señor Presidente:

Permítame expresar la satisfacción de mi Delegación al verlo presidiendo esta importante sesión del Consejo. Agradecemos a la señora Radhika Coomaraswamy, Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, y a la Directora Ejecutiva de UNICEF, señora Ann Veneman, por las presentaciones realizadas.

Señor Presidente:

Con firme convicción, el Gobierno de Colombia continúa avanzando en la construcción de la paz. Su política de seguridad democrática, no sólo ha permitido recuperar la presencia de las instituciones legítimas y las fuerzas del orden en todos los municipios del país, sino el fortalecimiento del Estado de derecho. Se ha traducido, además, en un mayor respeto y protección de los derechos humanos y en la implementación de programas sociales, dirigidos a los segmentos más vulnerables de la población. La democracia en Colombia es sólida y estable. Nuestro gobierno inició recientemente un segundo mandato, gracias al respaldo sin precedentes brindado en elecciones libres, transparentes y democráticas.

En los últimos años se han desmovilizado cerca de 43.000 miembros pertenecientes a grupos armados ilegales, lo que se ha reflejado en una disminución ostensible en el reclutamiento de niños. El Estado colombiano estableció, por ley, la obligación de no vincular menores de 18 años a las fuerzas militares y ha aplicado estrictamente esta prohibición. Como lo indica el informe del Secretario General, las agrupaciones violentas al margen de la ley son las únicas responsables del reclutamiento de niños en Colombia.

Gracias a la política de seguridad democrática, se ha reducido también el número de secuestros y se ha desacelerado el fenómeno del desplazamiento interno. El número de nuevas personas desplazadas pasó de 450.000 en 2002 a 169.000 en 2005 y 90.000 en lo corrido de 2006.

Desde noviembre de 1999 hasta septiembre de 2006 más de 3.000 niños desvinculados de grupos armados ilegales han ingresado a los programas especiales de atención establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí, son atendidos en diferentes fases, de acuerdo con sus condiciones y necesidades, con el objetivo de reintegrarlos a su ambiente familiar y social.

Cumpliendo fielmente con la Convención de Ottawa, las fuerzas militares de Colombia han destruido los arsenales de minas antipersonal. El Gobierno, por otra parte, lleva a cabo intensas labores de desminado, para lo cual hemos recibido apoyo de varias agencias de las Naciones Unidas como UNICEF y el PNUD, así como de países amigos entre ellos algunos de los actuales miembros del Consejo de Seguridad.

Señor Presidente:

El compromiso del Estado colombiano con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario es total. No cejaremos en el empeño de devolverle a la población civil su tranquilidad. Acudiremos al apoyo de la comunidad internacional cuando sea necesario, para brindarle a las comunidades afectadas condiciones dignas de recuperación social y económica. Y acudiremos también a la comunidad internacional con el fin de reclamar su compromiso y decisión política para enfrentar eficazmente el problema mundial de las drogas.

Cada gramo de cocaína consumido por las personas adictas, es un gramo que se transforma en recursos financieros para grupos armados ilegales que reclutan y utilizan niños en Colombia. Cada gramo consumido es una causa potencial de muerte y mutilación. Cada gramo consumido se transforma en la siembra de minas antipersonal que dejan centenares de víctimas. La droga consumida por las personas adictas y el dinero que por ella se paga, se transforma en tráfico ilícito de armas, en desplazamiento forzado, en violación de los derechos de los pueblos indígenas y en destrucción de nuestros bosques. Los grupos vulnerables, y los niños en particular, sufren directamente estas consecuencias.

Mi país es partícipe del rechazo enérgico que en reiteradas ocasiones ha expresado la comunidad internacional contra el reclutamiento y utilización de niños. No vacilamos en señalar, al mismo tiempo, que el manejo de esta problemática le concierne en primer lugar a los Estados y que cualquier acción de la comunidad internacional debe contar primero con el pleno consentimiento de los Gobiernos.

Dentro de esta perspectiva, hemos examinado las recomendaciones contenidas en el informe del Secretario General. Permítame, en ese sentido, poner de presente y de manera respetuosa las siguientes preocupaciones de mi país:

1. La recomendación según la cual el Consejo debería dar igual atención a los niños afectados por conflictos armados en todas las situaciones de preocupación, no resulta procedente. Ella puede entenderse como un intento por suprimir la diferencia entre el Anexo I y el Anexo II del informe del Secretario General. Existen condiciones particulares en cada situación que llevaron al Consejo a diferenciarlas claramente en los dos anexos.

El mecanismo de supervisión y presentación de informes lleva poco más de un año desde que fuera creado y solamente se han acordado conclusiones en el caso de dos situaciones. Por otro lado, primero debe realizarse una amplia discusión del estudio independiente solicitado por el Consejo sobre la aplicación del mecanismo, en lugar de plantear cambios del enfoque y los procedimientos establecidos.

Por todo lo anterior, es claro, que debe preservarse en su integridad el párrafo operativo 3 de la resolución 1612 del Consejo.

2.- Tampoco resulta procedente asignar a otras violaciones graves que afectan a los niños, igual peso que el otorgado al reclutamiento y utilización de los mismos.

Estas violaciones graves adicionales son todas condenables enérgicamente, pero no corresponden a la razón por la que el tema fue traído al Consejo. De cambiarse el énfasis, se debilitaría el objetivo principal buscado, esto es, poner fin al reclutamiento y utilización de niños como soldados. El Consejo debe continuar dando mayor énfasis al logro de este objetivo.

3.- La recomendación orientada a que el Consejo extienda a todas las situaciones de preocupación su llamado para que las partes involucradas preparen Planes de Acción, resulta igualmente inconveniente.

Según la Resolución 1539 de 2004 del Consejo de Seguridad, los Planes de Acción deben basarse en un procedimiento coordinado por una persona designada por el Secretario General y encargada de lograr que las partes entablen un diálogo. En el caso de Colombia, esto conllevaría una interferencia en el manejo por parte del Gobierno y del Estado al enfrentar las acciones de los grupos al margen de la ley.

Por lo anterior, los Planes de Acción deben seguir siendo preparados únicamente en el caso de situaciones que están en la agenda del Consejo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1539 de 2004.

Muchas gracias Señor Presidente.

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