Presidencia | Cancilleria | Naciones Unidas

Español | English

Debate Público del Consejo de Seguridad sobre Protección de los Civiles en los Conflictos Armados

(Nueva York, 4 de diciembre de 2006)

Intervención de S.E. Sra. Claudia Blum, Embajadora, Representante Permenente de Colombia

 

Señor Presidente:

Mi delegación quiere felicitarlo por su labor como Presidente del Consejo de Seguridad durante el presente mes de diciembre. Agradecemos al señor Jan Egeland, Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, por la ilustrativa presentación realizada. Le expresamos también nuestro reconocimiento por su aporte en este importante tema.

Señor Presidente:

El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el derecho internacional humanitario y, en particular, con las normas relacionadas con la protección de civiles. Subrayamos la importancia de que la asistencia internacional en este campo se ciña a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia consagrados en la resolución 46/182 de la Asamblea General. El seguimiento de estos principios, al tiempo de encauzar de manera adecuada los esfuerzos colectivos en apoyo a las autoridades nacionales, adquiere un significado mucho mayor cuando la cooperación está dirigida a países que gozan de instituciones democráticas y de gobiernos legítimamente constituidos.

Mi delegación quiere en esta ocasión reiterar también la importancia de que las agencias de las Naciones Unidas conozcan a cabalidad la labor de los gobiernos nacionales en el campo de la protección de civiles, al establecer las prioridades de su trabajo y al informar a la Organización sobre las respectivas situaciones. La información objetiva, equilibrada e imparcial, incluye, la identificación de las insuficiencias y desafíos, pero también el reconocimiento de los avances en cada país.

En el caso colombiano, es necesario que la realidad de nuestra situación y los esfuerzos del Gobierno Nacional para enfrentar la problemática que afecta a la población civil, se reflejen adecuadamente en los informes que sobre asuntos humanitarios se divulgan en las Naciones Unidas. Ello contribuiría a definir un apoyo acertado y eficaz de la comunidad internacional.

Colombia ha debido enfrentar el accionar de agrupaciones violentas que han atentado contra la población civil. Esas agrupaciones, financiadas por el negocio transnacional del narcotráfico, han ocasionado desplazamiento interno, secuestros, reclutamiento de niños y otras formas de violencia contra los civiles.

El Gobierno Nacional ha venido actuando de manera decidida para enfrentar las acciones violentas de esos grupos, recuperar la seguridad y crear así las condiciones para la debida protección de los colombianos. Nuestra población le ha respondido a la violencia de esas organizaciones criminales con el sólido respaldo ciudadano a la Política de Seguridad Democrática del Gobierno y a su consolidación durante el segundo mandato que acaba de iniciar el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Como resultado de esta Política, la situación de seguridad en el país ha mejorado notablemente. Colombia cuenta hoy con presencia permanente de la policía nacional y de las autoridades civiles en todos los municipios del país, situación que hace cuatro años no estaba garantizada en 148 localidades. Hoy, el Estado dispone de mayor capacidad de acción de las fuerzas armadas frente a los grupos criminales. Los cultivos de coca se han reducido desde el año 2000 casi en un 50%. Y se adelantan procesos de desmovilización de los grupos violentos, en los que cerca de 43 mil miembros ex integrantes de la guerrilla y las autodefensas han abandonado las armas.

Como consecuencia de estas realidades, en el último cuatrienio, se han reducido de manera sustancial todos los índices de criminalidad, incluidos los homicidios, los secuestros y diversos ataques contra la población civil. También, ha disminuido el número de nuevos casos anuales de desplazamiento, que llegó a 425 mil personas en 2002, pasó a 169 mil en 2005 y a 90 mil en los primeros diez meses de este año.

Una parte fundamental de las acciones del Gobierno guarda relación con la atención a los grupos vulnerables. El Estado implementa políticas de atención humanitaria a la población civil víctima de la violencia. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional coordina el Programa de Atención Integral a la Población Desplazada. Este programa se ejecuta con un enfoque basado en la restitución de los derechos de los hogares desplazados y su integración social y económica en los lugares de origen, o en los lugares de reubicación voluntaria de las familias.

Para el efecto, se cuenta con recursos nacionales y de cooperación internacional. Entre los componentes del programa se incluye la atención de emergencia a la población desplazada. Así mismo, la promoción del retorno de las familias, teniendo en cuenta los principios humanitarios de retorno voluntario y seguridad, que ha permitido el regreso de 120 mil personas en años recientes. Por otro lado, se busca la generación de condiciones para la estabilización social y económica, con acciones como créditos a proyectos productivos y capacitación técnica, apoyo complementario en la adquisición de vivienda, el acceso subsidiado de estas familias a los servicios de salud y la cobertura en educación garantizada para sus niños.

Varias de las recomendaciones que se han planteado reiteradamente en informes de Naciones Unidas sobre el tema del desplazamiento se vienen implementando de tiempo atrás en el país. La problemática es compleja, pero el Gobierno no ahorra esfuerzos para encararla de manera decidida. Colombia espera que todos estos avances se reconozcan. El reto que tenemos por delante es todavía grande, pero solo con una visión realista de nuestra situación, libre de prejuicios, será posible sumar esfuerzos de manera eficaz en beneficio de los grupos afectados.

La protección a civiles también incluye medidas y acciones específicas para las comunidades indígenas. El Ministerio de Defensa ha implementado una política de protección a las minorías étnicas, concertada con las organizaciones indígenas, mediante instrucciones a las fuerzas oficiales orientadas a promover la protección de las comunidades, y asegurar en las operaciones el respeto a sus derechos colectivos e individuales.

Así mismo, el gobierno ha elaborado, con las organizaciones indígenas, un plan integral de apoyo a las comunidades vulnerables, dirigido a elevar el bienestar social de largo plazo y asegurar condiciones de seguridad para las comunidades afectadas por la pobreza, la violencia o el narcotráfico. La situación de aquellos grupos específicos que han sido objeto de desplazamientos o de amenazas por los grupos violentos, han merecido especial prioridad y reacción del Estado, en el marco de las políticas de atención a los desplazados.

Señor Presidente:

El Gobierno de Colombia comparte plenamente el objetivo de garantizar la protección de la población civil y el disfrute de sus derechos. Cualquier acción en este campo, incluido el apoyo internacional, debe realizarse sobre la base de la cooperación y la debida coordinación con las autoridades nacionales, bajo un enfoque imparcial y en estricta observancia de los principios que rigen las actividades de las Naciones Unidas en el campo de la asistencia humanitaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

ˆarriba

« regresar

Intervenciones 2006