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Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre Proteccion de Civiles en Conflicto Armado

(Nueva York, 20 de noviembre de 2007)

Intervención de S.E. Sra. Claudia Blum, Embajadora, Representante Permenente de Colombia

 

Señor Presidente:

Permítame, en primer lugar, felicitarlo por su gestión como Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre y extenderle un reconocimiento por la convocatoria a este debate sobre protección de civiles en conflicto armado. Quiero agradecer al Secretario General Ban Ki-moon por su intervención. De igual forma, quiero agradecer al Sr. John Holmes, Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y al Sr. Angelo Gnadinger, Director General del Comité Internacional de la Cruz Roja, por sus ilustrativas presentaciones.

Señor Presidente:

Colombia tiene un compromiso indeclinable con el derecho internacional humanitario. El presente Gobierno, a través de la política de seguridad democrática, ha logrado contundentes resultados en la lucha contra los flagelos que amenazan a los civiles y los privan del disfrute de sus derechos, tales como el accionar de grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico y el terrorismo. Subrayamos que, frente a esos flagelos, la responsabilidad primaria de proteger a los civiles recae sobre el Estado.

Los ciudadanos de mi país están respaldados por una de las democracias más antiguas del continente, que en los últimos cinco años se ha visto fortalecida y se ha profundizado en todos sus aspectos. En ese contexto, y entendiendo que la asistencia internacional humanitaria debe ceñirse a los principios de humanidad, neutralidad, e independencia, Colombia valora la labor de apoyo a las autoridades nacionales por parte de los organismos competentes de las Naciones Unidas, que debe realizarse de acuerdo con las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional.

Quisiera reiterar la observación que ha realizado mi Delegación en otros foros y en oportunidades anteriores, sobre la importancia de que la información preparada por los organismos de Naciones Unidas refleje de manera objetiva la realidad de nuestra situación y, en particular, en lo concerniente a asuntos humanitarios, que se registren adecuadamente los esfuerzos y avances del Gobierno en las medidas de protección de la población civil.

En ese sentido, quisiera referirme al Sexto Informe del Secretario General sobre la Protección de Civiles, en donde se afirma que en Colombia "En conjunto hay 2.1 millones de desplazados internos registrados, aunque algunos calculan que el total es de tres millones". Mientras que la primera cifra coincide con nuestros registros oficiales, la última cifra citada es notablemente superior al número total de personas que se ha registrado en el país en los últimos diez años, de acuerdo con el sistema único de registro que existe en Colombia desde 1997. Esa misma cifra es entre 10 y 7 veces mayor que la correspondiente a la población nacional atendida, contenida en el Informe Mundial de ACNUR 2006 y en el documento de peticiones de recursos para 2007.

La cifra en mención parece ser un acumulado general estimado por un período mayor de tiempo que no tiene en cuenta el número de familias que han restablecido su proyecto de vida, ni los retornos que se han verificado.

Señor Presidente:

En la medida en que este asunto ha sido traído a consideración en el informe del Secretario General, quisiera suministrar información de contexto y referirme a los avances obtenidos en materia de prevención del desplazamiento, atención y protección a las víctimas, y construcción de soluciones duraderas para su estabilización social y económica.

Colombia cuenta con legislación avanzada y un programa de atención a desplazados que se ejecuta de manera descentralizada. El presupuesto de este programa, que coordina una Agencia Presidencial, pasó de cuarenta millones de dólares a una suma cercana a 500 millones de dólares anuales. Esta suma se mantendrá entre 2008 y 2010, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Gracias a la Política de Seguridad Democrática y a las desmovilizaciones masivas de grupos armados ilegales, los nuevos casos anuales de desplazamiento han disminuido en un 44 por ciento frente a las cifras que se registraban en el año 2002. Del total de hogares incluidos en el registro nacional de desplazados, el 82 por ciento ha recibido atención humanitaria de emergencia. En materia de servicios sociales, en 2006, 232 mil niños y jóvenes desplazados accedieron al sistema educativo con el apoyo del Estado. El Servicio Nacional de Aprendizaje capacitó en disciplinas tecnológicas a 234 mil desplazados y ofreció orientación ocupacional a 201 mil. En junio pasado, 670 mil desplazados estaban afiliados a la seguridad social en salud. Con la nueva red para la superación de la pobreza extrema, 443 mil familias desplazadas accederán de manera articulada a los servicios sociales del Estado. Hasta agosto de 2007, 35 mil familias desplazadas habían podido retornar a sus lugares de origen con acompañamiento del programa.

Colombia ha construido un sistema de indicadores para medir el impacto del programa en los hogares desplazados, en términos de derechos fundamentales. Así mismo, la reparación a los desplazados es un tema prioritario en la actividad de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada en el marco del proceso de desmovilización de grupos armados ilegales.

De igual forma, se ha logrado ampliar la capacidad de acción y presencia del Estado, a través de la Policía Nacional y las autoridades civiles en todos los municipios del país. Hace cinco años esta situación no estaba garantizada en 157 localidades. Cerca de 46 mil miembros ex- integrantes de grupos armados ilegales se han desmovilizado de un total calculado en 60 mil. Para Colombia, el concepto de seguridad democrática incluye la obligación del Estado de proteger a grupos de gran significación para la democracia. Hemos fortalecido el programa especial que ofrece hoy protección directa del Estado a más de 6 mil personas.

Sr. Presidente:

La divulgación de información objetiva sobre la situación de los países contribuye al análisis adecuado de su situación y al eficaz apoyo de la comunidad internacional. La consulta con los países, previa a la publicación de informes por parte del sistema de Naciones Unidas, puede contribuir positivamente a este fin.

En el pasado, mi Delegación ha destacado la importancia de que el sistema humanitario, en observancia de los principios de transparencia y objetividad que deben orientar los asuntos humanitarios, mantenga clara distancia frente a consideraciones de carácter político. Es por ello, Señor Presidente, que vemos con cierta preocupación algunas de las recomendaciones formuladas por el Secretario General en su informe, por cuanto mediante ellas profundiza en asuntos temáticos que van más allá de la competencia asignada en la Carta de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad. Es de anotar que en las circunstancias actuales es ya de por sí bastante difícil trazar una línea divisoria precisa para la aplicación de la "responsabilidad de proteger"

Al tiempo que mi delegación comparte las graves preocupaciones expresadas por el Secretario General en su informe sobre crímenes tan serios como la utilización de la violencia sexual en conflictos armados, consideramos que la resoluciones existentes y el apoyo de los órganos relevantes de las Naciones Unidas suministran el marco adecuado para abordar este problema. En el mismo sentido, la consideración de asuntos como el derecho a la vivienda, la tierra y la propiedad corresponden a la Asamblea General y sus agencias especializadas.

Plantear que estos asuntos, por si mismos, figuren en la agenda del Consejo de Seguridad sólo continuaría congestionando su labor y desviando su atención hacia otros temas ajenos a su competencia. En este contexto, mi Delegación quisiera resaltar la importancia de que se adopten medidas de una manera no selectiva.

Señor Presidente:

Para el Gobierno de Colombia la protección de la población civil y el disfrute de sus derechos es una de las más altas prioridades. Consideramos de la mayor importancia que el apoyo internacional en este campo se ajuste al respeto de la soberanía de los estados, y se realice en coordinación con las autoridades nacionales, de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Confiamos en que las medidas que eventualmente adopte el Consejo de Seguridad busquen ese derrotero.

Muchas gracias.

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Intervenciones 2007