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Debate abierto sobre Protección de Civiles en Conflicto Armado

(Nueva York, 27 de mayo de 2008)

Intervención de S.E. Sra. Claudia Blum, Embajadora, Representante Permenente de Colombia

 

Señor Presidente:

Permítame, en primer lugar, felicitarlo por su gestión como Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de Mayo.

Quisiera también expresar al Secretario General Adjunto, señor John Holmes, nuestro agradecimiento por la presentación realizada, así como por la intensa labor desarrollada desde cuando asumiera sus funciones. El tópico que hoy nos ocupa es de especial relevancia, no solo para el Consejo de Seguridad, sino para todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y por eso apreciamos la convocatoria de este debate.

Señor Presidente:

La disminución en los índices de violencia en Colombia sigue siendo objeto de amplio reconocimiento. Al mismo tiempo, y especialmente en algunas regiones del país, subsisten amenazas que afectan a sectores de la población y los privan del disfrute de sus derechos. El accionar de grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico y el terrorismo, están en el centro de los factores negativos que atentan contra los derechos, la libertad personal y el patrimonio de esos ciudadanos. Como lo anotó el señor Secretario Adjunto Holmes en su intervención, estos grupos continúan cometiendo graves infracciones contra los civiles, entre ellas, desplazamientos masivos.

Para el Gobierno de Colombia, la protección de civiles y el cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario, y de otras normas internacionales relevantes, constituyen objetivos de absoluta prioridad. Mi Gobierno condena cualquier acción dirigida contra la población civil, por ser violatoria de esas normas.

La libertad y los derechos humanos se pueden realizar a plenitud cuando se garantiza el orden, la seguridad y el estado de derecho. El Gobierno de Colombia, guiado por ese principio, y por su política de seguridad democrática, persevera en su objetivo de brindar protección a todos sus ciudadanos y garantizar el disfrute de sus derechos. Los resultados obtenidos en los cinco años de aplicación de la política de seguridad democrática en Colombia, han generado un círculo virtuoso en el que la seguridad contribuye al aumento del nivel de confianza en el país, fomenta la inversión privada y la inversión social, lo que a su turno contribuye a mejorar las condiciones de la población y su seguridad. En relación con la situación que se registraba en 2002, en el año 2007 se alcanzaron disminuciones sustanciales en fenómenos como el homicidio, cuya reducción es superior al 40 por ciento; la muerte de sindicalistas, que descendió en un 92 por ciento; y el secuestro extorsivo, que se redujo en más de un 86 por ciento.

Mas de 46 mil personas se han desmovilizado de los grupos al margen de la ley, de manera individual o colectiva. A través del programa de protección especial a sindicalistas, activistas de derechos humanos y otras personas amenazadas, se ha brindado protección a unas 9.500 personas. A enero del presente año, ni uno sólo de los sindicalistas protegidos, que constituyen el 20.7% del total de personas amparadas por este programa había sido víctima de violencia.

En el año 2007, el número de personas nuevas desplazadas por la violencia se mantuvo por debajo del 60% respecto de la cifra que se registraba en 2002. El 82 por ciento de la totalidad de los hogares incluidos en el registro de desplazados ha recibido asistencia humanitaria de emergencia y más de 38 mil familias han sido acompañadas por el Estado en procesos de retorno o reubicación. El programa de apoyo a la población en situación de desplazamiento aplica una estrategia de atención integral a las familias a través del apoyo a la generación de ingresos y su estabilización socio-económica.

Señor Presidente:

El Gobierno de Colombia orienta su acción apoyado en la premisa esencial de que la responsabilidad primaria en la protección de civiles descansa en cada Estado. A su turno, cada Estado puede acudir al apoyo internacional cuando lo estime necesario. En ese contexto, a Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general les corresponde un papel de apoyo a los esfuerzos nacionales de protección. La asistencia humanitaria, para que resulte confiable y predecible, debe realizarse con apego a la Carta de las Naciones Unidas y los principios en ella establecidos.

Durante el debate que tuvo lugar en el mes de noviembre, mi delegación expresó algunos puntos de vista sobre las recomendaciones contenidas en el informe presentado por el Secretario General, entre ellas la creación de un Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre este tema. Es nuestro parecer que las estructuras institucionales existentes son suficientes para que Naciones Unidas aborde la problemática de la protección de civiles de manera adecuada y efectiva. Antes que la creación de nuevas instancias, la labor debe dirigirse a apoyar los esfuerzos que se desarrollan para proteger la población civil en situaciones específicas y teniendo en cuenta las condiciones particulares en cada caso.

Es igualmente necesario mantener una adecuada cooperación entre el Consejo de Seguridad y otros órganos relevantes de las Naciones Unidas. Esa coordinación resulta más productiva cuando el Consejo opera dentro de las esferas de su competencia. Debemos apoyar, en esa perspectiva, los esfuerzos dirigidos a mejorar el marco normativo y operacional de las Naciones Unidas para la protección de civiles, e igualmente el papel de la Asamblea General como el órgano idóneo para adoptar directrices de política en el campo humanitario.

Señor Presidente:

La protección de civiles es un noble objetivo que responde a un común denominador de valores humanos en nuestra Organización. La acción en este campo debe, por tanto, trascender los intereses particulares y ser legitimada como una labor estrictamente humanitaria. Solamente así la atención a la población civil podrá ser efectiva y plenamente realizada.

Muchas gracias.

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