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Debate abierto sobre Protección de Civiles en los Conflictos Armados

(Nueva York, 9 de noviembre de 2009)

Intervención de S.E. Sra. Claudia Blum, Embajadora, Representante Permenente de Colombia

 

Señor Presidente:

Permítame, en primer lugar, felicitarlo a Usted, y a la delegación de Austria, por su labor en la Presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre. La presencia suya, señor Ministro, y la iniciativa de convocar este debate realzan la importancia del tema objeto de esta reunión.

Agradezco igualmente al señor Secretario General, el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, y a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por sus ilustrativas presentaciones. Diez años después de que el Consejo de Seguridad comenzara a ocuparse del tema relativo a la protección de civiles en conflicto, el aporte de este órgano ha resultado significativo.

La adopción de cuatro resoluciones y varias declaraciones de la Presidencia, así como del Aide-Memoire que sirve de guía para la protección de civiles, constituyen avances notorios. Esta sesión del Consejo representa, por tanto, una oportunidad útil para evaluar ese avance y explorar alternativas adicionales que contribuyan a la protección de la población civil frente a las situaciones de conflicto o violencia.

Señor Presidente:

A través de su política de seguridad democrática, el Gobierno de Colombia ha logrado consolidar acciones para reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. La aplicación de esta política ha permitido crear condiciones más sólidas para la protección de los colombianos y el disfrute de sus derechos. Gracias a este esfuerzo, los índices de criminalidad y violencia se han reducido a niveles no experimentados en muchos años. En el año 2002 el país no contaba con protección de policía en grandes áreas de su territorio.

La presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se ha reflejado en una caída drástica en los indicadores de violencia. Desde ese año, los homicidios disminuyeron en un 44%, los secuestros extorsivos en un 88%, el número de víctimas en masacres en un 96%, y los atentados terroristas en un 79%. Hoy, la tasa de homicidios es la más baja en los últimos 22 años. El secuestro extorsivo ha llegado al nivel más bajo en las últimas décadas. La desmovilización de más de 52 mil hombres que antes estaban en armas, refleja también la aplicación de esa política. Cada día hay más desmovilizados que capturas, y más capturas que bajas. El Estado busca, ante todo, defender la vida y tiene como uno de sus objetivos fundamentales asegurar mejores condiciones para toda la población civil.

Señor Presidente:

Colombia se guía por la premisa básica de que la responsabilidad primaria en la protección de civiles descansa en cada Estado. Y cada Estado, a su turno, puede acudir a los mecanismos de cooperación internacional, de acuerdo con sus prioridades. En ese contexto, a Naciones Unidas y a la comunidad internacional les corresponde un papel de apoyo a los esfuerzos nacionales de protección.

Esa responsabilidad primaria y el papel de los Estados resultan particularmente relevantes en el caso de la asistencia humanitaria en sus territorios. Mi país reconoce, en este sentido, la importancia de la cooperación y la facilitación del acceso de las entidades humanitarias, de conformidad con las normas internacionales aplicables. Para que la asistencia humanitaria resulte confiable y predecible, debe realizarse con apego a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Como lo señala la nota conceptual presentada a consideración del Consejo, el cumplimiento de las obligaciones frente a los civiles por parte de actores armados no estatales constituye un aspecto de particular relevancia.

En este campo, resulta indispensable una perspectiva en la que se tengan en cuenta las particularidades de cada caso y las circunstancias específicas de cada situación. Cualquier iniciativa sobre este tema debe tener presente el papel central de los gobiernos y de las políticas nacionales aplicables. En un contexto de cooperación, la acción debe orientarse, en primera instancia, a exigir a los actores armados no estatales, el cese de sus acciones violentas contra los civiles.

Señor Presidente:

Anualmente, cientos de víctimas civiles, hombres, mujeres, niños y niñas, de distintas regiones del mundo, ven vulnerados sus derechos y sus condiciones de vida por el uso de minas antipersonal. Colombia tendrá el honor de servir de sede a la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la prohibición de las Minas Antipersonal, que se llevará a cabo en Cartagena entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre del presente año.

El Plan de Acción que se adoptará en Cartagena es una oportunidad para hacer del fortalecimiento y desarrollo de la Convención, un propósito compartido entre los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Los logros obtenidos y los retos que aún deben enfrentarse en la aplicación de la Convención de Ottawa, deben animar a la comunidad internacional a persistir en el propósito superior de alcanzar un "mundo libre de minas antipersonal".

La lucha contra este flagelo es una contribución directa a las acciones en favor de la población civil y debe, por tanto, apoyarse con un alto nivel de compromiso y voluntad política. La aplicación de controles efectivos al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras es, igualmente, un requisito indispensable. Mi país seguirá impulsando esa temática en la Asamblea General, y esperaría que el Consejo de Seguridad impulse la adopción de medidas eficaces en este campo.

El comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras amenaza la seguridad ciudadana, incrementa los índices de criminalidad, causa la muerte de miles de personas o produce su incapacidad permanente. Sin acciones decididas contra ese comercio ilícito, las iniciativas orientadas a proteger la población civil pueden resultar incompletas e ineficaces. Señor Presidente, El Gobierno de Colombia reafirma su condena a cualquier acción dirigida contra la población civil. Su protección, y el cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario, y de otras normas internacionales relevantes, constituyen objetivos de absoluta prioridad, que continuarán orientando las políticas aplicadas en mi país.

Muchas gracias, señor Presidente.

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