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Debate abierto sobre Niños y Conflicto Armado

(Nueva York, 16 de junio de 2010)

Intervención de S.E. Sra. Claudia Blum, Embajadora, Representante Permenente de Colombia

 

Señora Presidenta:

Permítame, en primer lugar, felicitarla a Usted y a México por su labor en la conducción del Consejo de Seguridad durante el presente mes.

Colombia, como país parte de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, aprecia su iniciativa de convocar este debate. Reconocemos así mismo los esfuerzos emprendidos desde el Consejo de Seguridad para fortalecer la capacidad de los Estados en la protección de la niñez contra la violencia generada por grupos armados ilegales.

Señora Presidenta:

Mi país cuenta con una institucionalidad estructurada y realiza esfuerzos considerables para avanzar de manera decidida en la realización de los derechos de todos los ciudadanos. Las políticas aplicadas durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, han permitido mejorar ostensiblemente las condiciones de seguridad en Colombia y el fortalecimiento de la protección de todas las personas, incluidos los niños. Estas políticas, firmemente ancladas en el fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, cuentan con un sólido respaldo de la sociedad colombiana.

En ese contexto se busca aplicar todo el peso de la ley frente a las violaciones de los derechos de los niños, cometidas por grupos señalados en el Informe del Secretario General, como organizaciones que han estado incluidas en las listas de los anexos durante cinco años o más. Entendemos este señalamiento como parte de la necesaria denuncia y censura de la comunidad internacional ante los actos de violencia deliberada y criminal contra la niñez.

Al aceptar voluntariamente la aplicación del Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes, previsto en la resolución 1612, el Gobierno de Colombia espera también el apoyo de las Naciones Unidas en la consolidación de las capacidades institucionales para la protección de los niños.

El reconocimiento, formulado por el Secretario General en su más reciente informe, a la labor emprendida por el Gobierno de mi país a través de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños por parte de grupos armados al margen de la ley demuestra la pertinencia de esta estrategia. Se trata de una política comprensiva que incluye la protección, recuperación y reintegración de los niños desvinculados de esos grupos. La Comisión ha desarrollado su labor en 114 municipios a nivel nacional y 6 localidades de la capital, considerados de alta vulnerabilidad social y económica. A través de ella, se articulan y afianzan redes de protección con el propósito de reducir el riesgo de utilización de los niños por grupos armados ilegales a nivel local, departamental y nacional. Dentro de las estrategias puestas en marcha, la Comisión ha impulsado la prevención de la violencia, ha establecido procedimientos para que se conozcan casos o riesgos de amenaza. Ha creado, igualmente, mecanismos de participación para que los niños directamente puedan hacer llegar su voz a los gobiernos locales, a fin de que sus perspectivas sean incluidas en las políticas públicas.

Quisiera destacar, en esta área, el proyecto de capacitación desarrollado por la Alta Consejería para la Reintegración. Mediante su implementación, personas desmovilizadas han contribuido a la preparación de 6 mil 200 estudiantes en actividades de prevención del reclutamiento. Con igual objetivo se ha impulsado la campaña de la Defensoría del Pueblo "No más niñez y adolescencia reclutada", con el apoyo de ACNUR, el Consejo Noruego para Refugiados y la Alcaldía y Personería del Municipio de Soacha, localidad cercana a la capital. En la actualidad, la Comisión prepara con el Departamento Nacional de Planeación y aliados estratégicos un documento orientado a reforzar la política de prevención de reclutamiento y utilización de niños, que será presentado a consideración del Gobierno Nacional para su implementación por parte de todas las entidades involucradas.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de otro lado, continúa brindando a los niños desvinculados de grupos armados ilegales atención integral física y sicológica para facilitar su reintegración plena a la sociedad. El Instituto realiza también múltiples actividades en apoyo de los programas de prevención.

La iniciativa del Secretario General para que se suministren recursos adecuados a los gobiernos nacionales orientados a la rehabilitación y reintegración de niños separados de grupos armados ilegales, tendría en el caso de Colombia, un efecto positivo adicional. Instamos a los países miembros del Consejo a brindar su apoyo a esta iniciativa Por su parte la Fiscalía General de la Nación continúa realizando tareas investigativas para sancionar a responsables del reclutamiento de menores. A 15 de mayo de 2010, la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de este organismo ha adelantado 239 investigaciones asociadas al reclutamiento de 775 menores. Se han dictado 12 sentencias condenatorias a 30 personas responsables de los hechos. El Estado Colombiano, en desarrollo de su política de cero tolerancia de las violaciones de los derechos humanos, sin importar quienes sean sus autores, no ha dudado en sancionar a quienes desde el Estado pudieran caer en actos individuales que afecten esos derechos. Se han adoptado medidas específicas tendientes a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción ante este tipo de prácticas.

Señora Presidenta:

Mi delegación desea destacar la distinción establecida por el Secretario General en sus informes al Consejo de Seguridad sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, entre las situaciones que se encuentran en la agenda del Consejo y aquellas que no lo están. La existencia del Anexo I y el Anexo II en el Informe del Secretario General refleja adecuadamente esa distinción. Resulta de vital importancia que en la aplicación del Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes se tenga presente que cada situación es única y que no existe por tanto una fórmula igual para todas las situaciones que se presenten en los distintos países o regiones. De igual forma, las decisiones respectivas deben realizarse con estricto apego a las disposiciones legales existentes. En particular, cualquier medida dirigida debe ceñirse al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Señora Presidenta:

Colombia reitera su disposición y compromiso para garantizar la protección eficaz y la promoción de los derechos de los niños. Lo hace entendiendo que esta tarea requiere de un enfoque integral y una gestión institucional coordinada. Mi país reconoce el concurso positivo que Naciones Unidas pueda brindar en esa dirección.

Muchas gracias, Señora Presidenta

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