Presidencia | Cancilleria | Naciones Unidas

Español | English

Archivo de Noticias

Intervención S.E. Embajador Néstor Osorio Representante Permanente de Colombia, Punto 103 de la agenda: Prevención del Delito y Justicia Penal

Nueva York, 23 de octubre de 2012

Señor Presidente,

Es para mi un honor introducir el proyecto de resolución titulado "Acción preventiva y lucha contra las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito y repatriación de esos activos, en particular a los países de origen, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", dentro del punto 103 de la agenda "Prevención del Delito y Justicia Penal".

Para Colombia, la prevención y lucha contra la corrupción son ejes centrales de la agenda de Buen Gobierno plasmada en nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Reconocemos que la corrupción tiene un impacto negativo en las condiciones de vida de la población, en la legitimidad de las instituciones y en su adecuado funcionamiento, por lo que el Estado colombiano ha hecho avances significativos para fortalecer su institucionalidad y generar políticas públicas para combatir eficazmente la corrupción, promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Mi país es uno de los 163 Estados parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) adoptada en 2003, presidió las negociaciones que condujeron a su adopción, ha sido un Estado abanderado en su implementación y participó en el proyecto piloto del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento.

Señor Presidente,

El proyecto de Resolución que mi delegación introduce hoy desarrolla el mandato de la Asamblea General plasmado en la Resolución 65/169 con respecto a continuar la consideración de este tema, que se venía discutiendo en la Segunda Comisión, en el marco de la Tercera Comisión, en el punto de la agenda "Prevención del Delito y Justicia Penal".

Colombia ha considerado esencial conservar el enfoque dado al tema en el seno de la Segunda Comisión, respecto a la recuperación de los activos producto de la corrupción y su restitución a los legítimos propietarios, es decir, continuar privilegiando el desarrollo de las disposiciones contenidas en el Capítulo V de la Convención, tanto para la prevención y detección de transferencias como para su recuperación y restitución a través de la cooperación internacional.

Si bien desde la entrada en vigor de la Convención en 2005, se han dado avances importantes hacia la implementación de dicho Capítulo, se estima que sólo el 2 por ciento de los fondos de origen ilícito que salen anualmente de países en desarrollo son repatriados a los países de origen. Los Estados requeridos tanto como los requirentes no han logrado superar las dificultades técnicas y legales para detectar la transferencia de recursos procedentes de la corrupción y facilitar su recuperación.

Con este propósito, el Párrafo Operativo 8 del proyecto, exhorta a los Estados parte en la Convención a que cooperen y se presten la más amplia asistencia en la identificación de activos robados y producto de la corrupción y, a que examinen oportunamente las solicitudes internacionales de asistencia judicial recíproca relacionadas con cuestiones penales, civiles y administrativas.

Reconociendo que la repatriación de activos es uno de los principales objetivos y un principio fundamental de la Convención, las decisiones de la Conferencia de los Estados Parte (COPs) y más recientemente, las actividades y recomendaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Recuperación de Activos, han estado encaminadas a mejorar la capacidad de los Estados para responder y emitir solicitudes de asistencia. Los párrafos operativos 6 y 11 del proyecto buscan impulsar las decisiones de la Conferencia, y la aplicación de los artículos 43 y 54 de la Convención.

Otro elemento debidamente recogido en el párrafo operativo 21 es la provisión de asistencia técnica para apoyar las actividades nacionales de fortalecimiento de las capacidades institucionales y del recurso humano destinadas a prevenir y combatir las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito, así como a recuperar los activos.

Quisiera resaltar un elemento reflejado en el párrafo operativo 9. Al tiempo que subrayamos la necesidad de luchar contra todas las formas de corrupción y aumentar la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la eficiencia en los sectores público y privado, afirmamos la importancia de denegar refugio a los funcionarios corruptos, también a quienes los corrompen y a sus bienes como una medida adicional de cooperación para prevenir la transferencia de recursos de procedencia ilícita.

Señor Presidente,

El impacto negativo de la corrupción, la transferencia y la no repatriación de los fondos procedentes de la corrupción tienen sobre el desarrollo de los Estados afectados exige que redoblemos nuestros esfuerzos para lograr su retorno a los países de origen para beneficio de las sociedades afectadas.

La lucha contra la corrupción y sus nefastas consecuencias es un objetivo compartido por todos los Estados miembros de la Organización que esperamos facilite su adopción por consenso. Con este fin, mi delegación tiene el firme propósito de conducir las consultas sobre este proyecto de manera constructiva y abierta.

Invitamos a los Estados miembros a copatrocinar este proyecto de resolución.

Muchas gracias.