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"Colombia en la ONU 1945-1995" Por Alvaro Tirado Mejia y Carlos Holguín Holguín

Capítulo VI: Colombia Frente al Racismo Y al Movimiento de Descolonización

 

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia el debilitamiento de Europa y con ello el de sus imperios coloniales. Al momento de la firma de la Carta de San Francisco, una inmensa porción del globo era asiento de colonias, fundamentalmente en Africa y Asia, pero también en otras regiones incluyendo a América. Esta situación estaba en abierta contradicción con las nuevas realidades del mundo político y con el sentido de los valores de la Carta. Por otra parte, durante la guerra muchos habitantes de los territorios coloniales fueron incorporados a los ejércitos que luchaban contra las potencias del Eje, y en esa actividad no sólo obtuvieron el entrenamiento militar que luego utilizaron en las luchas de liberación nacional, sino que también tomaron conciencia de sus derechos. Por eso, es casual que el fin de la guerra coincida con el movimiento descolonizador que estaría en todo su apogeo especialmente en los años cincuenta y sesenta. La Carta de San Francisco dedica el Capítulo XI a los eufemísticamente llamados "Territorios Autónomos", es decir coloniales (Art. 73-74), el Capítulo XII al "Régimen Internacional de Administración Fiduciaria" (Art. 75-85) y el Capítulo XIII al "Consejo de Administración Fiduciaria" (Art. 85-91), es decir, 19 artículos sobre un total de 111.

Colombia ha apoyado tradicionalmente el movimiento de descolonización, con mucho vigor en un principio, en forma matizada durante un período de los años cincuenta y de nuevo activamente a partir de 1957. Veamos:

Colombia formó parte del Consejo de Seguridad por primera vez en los años 1947-1948. Durante ese período se presentaron sobre estos asuntos dos temas que marcarían la pauta y las posiciones colombianas en el futuro. El primero fue el relacionado con el reconocimiento internacional que buscaba Indonesia en su lucha por la independencia frente a Holanda. El caso fue llevado a las Naciones Unidas y Holanda adujo que se trataba de un asunto interno, razón por la cual la ONU no era competente para conocerlo, de acuerdo con el numeral 7 del Artículo 2 de la Carta, el cual dice: " Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligara a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII". Alfonso López Pumarejo, quien presidía la delegación colombiana, se pronunció en forma categórica en diferentes intervenciones, sobre la competencia que tenía la ONU para conocer de estos asuntos de descolonización.

Cuando en 1948 se presentó la queja por la política discriminatoria de Sudáfrica, este país también adujo la incompetencia de las Naciones Unidas para conocerla, con base en que se trataba de un asunto interno. La delegación colombiana, presidida por López Pumarejo, se pronunció categóricamente por la competencia de la Organización y afirmó que los principios de la Carta no debían quedarse en simples enunciados. Pero es más, propuso que fuera la Corte Internacional de Justicia la que decidiera el asunto y se le reconociera competencia para "que se pudiera obligar a los Estados miembros a modificar inmediatamente la legislación interna que sea discriminatoria en cuando a raza, sexo, idioma o religión". La propuesta tenía varias implicaciones de trascendencia: en primer lugar, algo que Colombia ha mantenido como posición, cual es el tratamiento jurídico de los problemas y la ampliación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. La propuesta colombiana avanzaba en cuanto a la judicialización de los derechos humanos y en el sentido que se les reconociera su carácter universal. Por otra parte, fue muy clara la posición de que en casos como ese no cabía que los Estados alegaran que se trataba de asuntos internos para impedir su conocimiento por parte de la Organización. La propuesta colombiana ampliaba la de la India contra Sudáfrica, pues otorgar el conocimiento de estos asuntos a la Corte en los términos propuestos, implicaba que ello abarcaría a todos los países que tuvieran leyes y prácticas discriminatorias. El delegado de Colombia, Alfonso López Pumarejo, argumentó que el problema de la discriminación racial o religiosa era de carácter internacional y por eso cabía dentro de la jurisdicción de las Naciones Unidas, sin que los Estados que habían firmado la Carta en la que se consagran esos principios pudieran alegar que era asunto interno y de su propia legislación.

La posición colombiana sobre estos temas varió durante los primeros años de la década de los cincuenta. Para esos días la guerra fría estaba en todo su apogeo y Colombia se había alineado con una visión profundamente anticomunista que lo llevaba a considerar como aliados de esa doctrina a quienes sostuvieran posiciones políticas no consideradas como ortodoxas. El hecho de que algunos de los movimientos de liberación nacional contaran con el apoyo del campo socialista, o de que en los movimientos contra el racismo existieran sectores marxistas, incidió para ese transitorio cambio de rumbo en la política exterior del país. Colombia, por supuesto, no apoyaba en forma explícita el colonialismo o el racismo, y por el contrario condenaba pero, en la práctica, sus representantes ante las Naciones Unidas entorpecían el tratamiento y la resolución de estos problemas, con razonamientos de tipo jurídico. Veamos dos casos:

Colombia hizo parte del Consejo de Seguridad por segunda vez en el período 1953-1954. Ante este Organo fue llevado el problema de Marruecos, que era un protectorado francés. En 1951 Egipto, Irak, el Líbano y Arabia Saudita, con el apoyo de Siria y Yemen, hicieron una petición para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se inscribiera el tema de Marruecos, bajo el nombre de "Violación por Francia y Marruecos de los Principios de la Carta y de la Declaración de los Derechos Humanos". Francia solicitó que se negara la inscripción y "adujo razones de oportunidad y circunstancias locales, así como la solidaridad tradicional de los países occidentales y colaboración en el frente anticomunista en las Naciones Unidas.". El asunto fue aplazado para la sesión siguiente, en la que el delegado colombiano adujo la incompetencia de la Organización para conocer de él, con base en el principio de la no intervención de las Naciones Unidas en los asuntos de jurisdicción interna de un país. En septiembre de 1953, los países de la Liga Árabe elevaron de nuevo la solicitud para que el tema de Marruecos fuera incluido en el orden del día. En el debate a que dio lugar la proposición, el delegado colombiano Francisco Urrutia Holguín, al oponerse, hizo un análisis sobre la situación de protectorado de Marruecos y basó la incompetencia de la Organización para conocer de ella con el argumento de que se trataba de un asunto interno, sobre lo cual expresó: "Es indispensable, a mi juicio, para que este país obre con toda libertad e independencia, que no nos mezclemos en sus asuntos internos." Y acto seguido, matizó su posición con las siguientes palabras:

"Confío en que nuestros amigos, los representantes de los países árabes, comprendan que si hoy vamos a votar contra la inscripción en el Orden del Día, no es porque no compartimos con ellos el deseo de ver a todos los países árabes obtener una independencia a la cual pueden tener derecho, sino por el problema de la competencia del Consejo que a nuestro juicio, no puede estudiar lo ocurrido en Marruecos sin violar el párrafo 7 del artículo 2."

A mediados de 1954, un grupo de 18 países solicitó en la agenda de la X Asamblea General, ante el incumplimiento de ese país en abolir las leyes y prácticas discriminatorias y racistas, la delegación colombiana tuvo un cambio de posición con respecto a la que había sido sostenida por Alfonso López Pumarejo en 1948. En el curso de VII Asamblea se decidió nombrar una Comisión para estudiar la situación racial en la Unión Sudafricana. La delegación colombiana se opuso a la confrontación de dicha Comisión en nombre de la no intervención en los asuntos internos, "no obstante su irrevocable posición contra todo acto de discriminación racial". A nombre de la delegación colombiana habló el Embajador Juan Uribe Cualla, quien recordó que Colombia había dado su voto a proposiciones del estilo de la presentada pero que ahora se oponía por no ver la competencia de las Naciones Unidas para ocuparse de asuntos como este, que eran del orden interno de los Estados:

"Debo decir que en mi concepto y en el de la Delegación de Colombia, se trata de una cuestión esencialmente interna que no es materia de jurisdicción internacional… Se ha dicho que se trata de un precepto de la Carta relacionado con la vigencia de los derechos humanos, pero, por una parte, es ya bien sabido que esa definición no se ha hecho con autoridad todavía dentro de esta Organización, y, por otra parte, en vez de suscitar medidas conciliatorias y benéficas, la injerencia del Comité y de la Asamblea en cuestiones internas de los Estados tendría el peligro de provocar conflictos e incidencias, ellos sí de repercusiones internacionales. Hoy por hoy la cuestión está sujeta al fuero de la Unión Sudafricana. Es el Gobierno de esa nación, organizada democráticamente, el que puede decidir, dentro de sus atribuciones soberanas, qué reclamos son justos y cuáles peticiones son aceptables de quienes las hayan formulado con el derecho de que tiene todo ciudadano y todos los hombres son criaturas de Dios con derechos y ambiciones y con inquietudes semejantes, pero no pueden extenderse hasta el extremo esas aspiraciones de justicia y de paz, de subvertir el orden jurídico de la Organización a que estamos vinculados. "

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El 10 de mayo de 1957 se dio un cambio político en Colombia. El gobierno militar del General Rojas Pinilla fue sustituido por un gobierno transitorio, la Junta Militar, la cual estuvo en el poder por poco tiempo mientras se abría el espacio político y se iniciaba el ciclo interrumpido de gobiernos civiles a partir del de Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Este cambio político interno se reflejó inmediatamente en sus posiciones internacionales de Colombia, y particularmente en la ONU, en donde la política exterior volvió por los cauces que le habían inspirado en las discusiones de San Francisco y durante el primer lustro de la Organización.

Por aquella época estaban en discusión los que luego serían el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, aprobados por las Naciones Unidas en 1966. A propósito de esa discusión, el embajador Germán Zea Hernández, a nombre de la delegación colombiana, expresó el cambio de actitud sobre todos estos temas por parte de Colombia; manifestó que si esa posición había sido incierta en el período pasado debido a la situación interna del país, "hoy el panorama ha cambiado completamente, y ya no tendremos ni la más ligera inhibición para apoyarlos y votarlos con el mayor entusiasmo, puesto que los principios que ellos encarnan son los que han configurado la esencia de nuestra nacionalidad, y son parte inseparable de su propia historia."

El efecto del cambio de circunstancias políticas internas fue inmediato. Para que no quedaran dudas de cual era la posición de colombiana sobre el colonialismo, el apartheid, el racismo, los derechos humanos y la competencia de las Naciones Unidas para conocer de ellos, el Embajador Alterno de Colombia, Alberto Zuleta Angel, hizo la siguiente intervención sobre los parámetros jurídicos y éticos en que se ha basado la política exterior colombiana sobre estos asuntos:

"… Existe en la Comisión, un perfecto acuerdo en lo que concierne a la reprobación de las medidas y procedimientos adoptados en la Unión Sudafricana en orden a la segregación racial. Es una situación que cada día se agrava a pesar de las recomendaciones de las Naciones Unidas y que, sin duda, requiere la condenación de la conciencia universal. Sobre esto no hay discrepancias en el seno de la Comisión.

La delegación de Colombia considera que la Asamblea General tiene competencia para ocuparse de este importante asunto, pues si es cierto que el Art. 2, parágrafo 7, de la Carta, prescribe que las Naciones Unidas no pueden intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción de los Estados, es cierto también que el Preámbulo de la Carta, lo mismo que los artículos 1, 13, 55,56 y 62, establecen, para los Estados signatario, el deber de respetar los Derechos Humanos; esas disposiciones consagran obligaciones internacionales. Conviene recordar que de acuerdo con el artículo 2, 'los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de deberes internacionales no es ni puede ser cuestión de la exclusiva competencia de un Estado.

Todas las delegaciones están de acuerdo en censurar la política de discriminación racial existente en la Unión Sudafricana. Pero no existe acuerdo en lo que se refiere a los aspectos jurídicos que presenta este problema; en efecto: algunas Delegaciones sostienen la incompetencia de las Naciones Unidas con fundamento en el ya citado artículo 2, parágrafo 7, de la Carta. Los respetables Delegados de Argentina y del Perú, en interesante exposiciones, han tratado el principio de no intervención, considerado, con razón, como uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Americano. A este propósito, la Delegación de Colombia considera necesario declarar:

Es evidente que el principio de la no intervención forma parte esencial, desde hace varios años, de lo que se ha llamado el Derecho Internacional Americano. Es cierto, además, que en tal principio, tal como fue formulado desde el año 1936 por la Conferencia Interamericana de Buenos Aires, y tal como aparece consagrado, en la actualidad, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Pero al propio tiempo considera que las Naciones Unidas pueden y deben ocuparse de los problemas raciales de la Unión Sudafricana sin que esto implique, en manera alguna, desconocimiento de la norma sobre no intervención, establecida en el artículo 2, parágrafo 7, de la Carta. En efecto: esta disposición habla de asuntos de la jurisdicción interna de los Estados y, como ya se expresó, nos encontramos ahora en presencia de violación de deberes internacionales, claramente expresados en la Carta de las Naciones Unidas, deberes que los Estados Miembros deben cumplir. El cumplimiento de una obligación no puede ser considerado como asunto de la exclusiva competencia del Estado obligado, sino como cuestión que interesa, en grado sumo, a la comunidad internacional. Se trata, pues, no de un asunto de orden interno, sino de una cuestión eminentemente internacional: el respeto de los derechos humanos. A este propósito, observa, con razón, un ilustre tratadista de Derecho Internacional, que el respeto de los derechos fundamentales del hombre están tan estrechamente vinculado al orden público internacional que la Carta de las Naciones Unidas, al colocar tal principio al comienzo del Preámbulo, hizo de él la infraestructura fundamental de la organización mundial de la paz. De lo cual se desprende que la violación de tal principio constituye una amenaza para la tranquilidad colectiva. Con razón observa el señor Delegado de Suecia que procedimientos como los empleados en la Unión Sudafricana son extremadamente peligrosos por las fuertes reacciones que pueden provocar.

Los derechos fundamentales del hombre, al ser expresamente consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, quedaron incorporados al Derecho Internacional Positivo; por consiguiente, la legislación interna de un país signatario de la Carta no puede contrariar las disposiciones de la misma que reconocen tales derechos. Si lo hace, incurre en una violación de las reglas internacionales positivas, que son de obligatorio cumplimiento. Se ha dicho que la Unión Sudafricana no puede exigírsele la modificación de su derecho interno. Sobre esto puede observarse que, según la doctrina jurídica internacional más autorizada, las disposiciones constitucionales y legales de un Estado, deben estar en armonía con las obligaciones contraídas por ese Estado como miembro de la comunidad internacional. Sabemos muy bien que lo que ahora se llama Derecho Constitucional Internacional versa precisamente sobre la conformidad que debe existir entre las Constituciones de los Estados y los compromisos internacionales por ellos contraídos. No es necesario adoptar la teoría conforme a cual el Derecho Internacional debe prevalecer sobre el derecho interno, ya que, aun dentro de lo que se conoce con el nombre de teoría dualista, se admite que las normas internacionales aceptadas por un Estado implican, para este, el deber de incorporarlas a su derecho interno."

Respecto a la descolonización, la posición colombiana fue sistemáticamente de apoyo pero sin situarse en un terreno radical, tratando de mediar "pero sin agraviar a naciones amigas". En 1961, de 99 Estados que componían las Naciones Unidas más de cuarenta pertenecían al bloque afroasiático y su peso como grupo de Países No Alineados, que por supuesto patrocinaban la descolonización, era cada vez mayor y se estaba constituyendo en determinante dentro de la Organización. En apoyo del proceso descolonizador y en contra de los argumentos esgrimidos contra éste en el sentido de que los pueblos que querían acceder a la vida independiente no estaban todavía maduras para su independencia, el Embajador Germán Zea recordaba que ese tipo de argumento también fue esgrimido contra la independencia de los países hispanoamericanos y por ello:

"No creemos pues, en el argumento de la impreparación de los pueblos para retardarles o demorarles el reconocimiento de su justo derecho a manejarse por sí mismos. No admitimos tampoco la tesis de tener como la sumisión a una soberanía, posiciones en continentes distantes, con poblaciones étnicamente diferentes, y sobre las cuales no existen títulos jurídicos distintos del derecho de ocupación o de conquista, y muchas veces de conquista sangrienta. Consideramos que debe aplicarse sin tardanza y sin limitaciones la declaración de las Naciones Unidas sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, que Colombia votó sin reservas y con pleno conocimiento de sus proyecciones y alcances. Tenemos problemas de esa índole dentro de nuestro propio Continente que esperamos sean resueltos satisfactoriamente y en breve tiempo."

El embajador de Colombia, Edmundo De Holte Castello, fue Presidente del Consejo Consultivo de las Naciones Unidas para Somalia. También formó parte Colombia del "Comité Especial para los Territorios bajo Administración Portuguesa", creado por la Resolución 1699 en el decimosexto período de sesiones, 1961, de la Asamblea General.

El año 1982, el Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Carlos Sanz de Santamaría, planteó los derechos de la Argentina sobre las Malvinas como un asunto de descolonización. Según sus palabras, Colombia defiende la causa argentina en razón de su tradición para ejercer plena soberanía en el territorio objeto de confrontación y porque "las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales eran aplicables a las a las Islas Malvinas."

En ese año se produjo la guerra entre Inglaterra y la Argentina por la posesión de dichas islas. Las gestiones diplomáticas se adelantaron fundamentalmente ante la Organización de los Estados Americanos y Colombia, aunque apoyó el derecho de la Argentina, no estuvo de acuerdo con el recurso a la fuerza para hacer valer su derecho. Al producirse en Colombia el cambio de gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) a Belisario Betancur (1982-1986), se modificó sensiblemente la posición argentina. El fracaso del mecanismo regional en la OEA, la ineficacia del TIAR en un conflicto armado frente a un Estado de fuera del Hemisferio, así como la posición de norteamericana fueron determinantes para el cambio de actitud. En este sentido son muy disientes las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Rodrigo Lloreda Caicedo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1983:

"Colombia no es, ni ha sido partidaria de las soluciones de fuerza para dirimir el conflicto. Deplora por lo tanto, que en el caso de las Islas Malvinas, a falta de una solución pacífica durante un largo período y la persistencia de prácticas colonialistas hayan conducido a situaciones de hecho y que todos los esfuerzos de conciliación para evitar el enfrentamiento armado, hayan fracasado…

La Gran Bretaña, luego de su triunfo militar, se niega a discutir el tema de la soberanía sobre las Islas. Esta posición, aunque explicable a la luz de los últimos hechos, resultará insostenible en largo plazo, Prevalecerá finalmente la decisión anticolonialista de la gran mayoría de los países, Colombia entre ellos.

Comentario especial merece la conducta de los Estado Unidos en este doloroso proceso. Su decisión de abandonar la posición neutra inicialmente asumida y brindar apoyo económico, político y militar a la Gran Bretaña, causó justificada indignación en América Latina. A raíz interesa a los Estado Unidos la suerte de sus vecinos. La actitud norteamericana tuvo, sin embargo, el efecto positivo de unir por primera vez en toda su historia a los pueblos latinoamericanos. Debe aprovecharse esta circunstancia para crear mecanismos efectivos que permitan una acción conjunta."

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RHODESIA Y NAMIBIA

En Rhodesia del Sur, el poder había sido monopolizado por una minoría blanca racista, encabezada por Ian Smith. Tal régimen había declarado unilateralmente su independencia de Gran Bretaña en 1965 y contemplaba, para 1969, medidas para formalizar el sistema del apartheid ya operante en el territorio. Las Naciones Unidas habían impuesto sanciones económicas sin que ellas tuvieran mayor efecto, debido a la política de países como Africa del Sur y Portugal que se negaban a acatarlas.

En esta situación se discutió en la Asamblea General de 1969, en la que Colombia se pronunció en contra del régimen racista. A este respecto se aprobó la Resolución 25'8 (XXIV), que Colombia votó afirmativamente. Sin embargo, antes de producirse la votación, el Embajador Plinio Mendoza Neiera formuló algunas reservas respecto a los párrafos 7 y 14 que hacían referencia a la aplicación por el Consejo de Seguridad ciertas medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta. El Embajador Mendoza Neira explicó su posición en estos términos, en el informe rendido a la Cancillería el 29 de Enero de 1970:

" Colombia en el Consejo de Seguridad adoptó ya una posición definida respecto al 'uso de la fuerza' para poner término al Régimen ilegal de Rhodesia del Sur. Nuestro representante en dicho órgano en la sesión del 19 de junio del presente año, al explicar los motivos que tuvo en cuenta para abstenerse de votar el proyecto de resolución sobre el problema de Rhodesia dijo: 'En el ámbito de las Naciones Unidas los países africanos han encontrado en la Delegación de Colombia una comprensión amplia, un tratamiento equitativo y honesto, y un interés en sus problemas, no desmentidos hasta el presente, y de los cuales existen pruebas abundantes. Si mi Delegación se ha visto precisada a abstenerse de votar favorablemente la resolución sobre Rhodesia del Sur, ello se debe a que el uso de la fuerza constituye esencialmente una medida de gravedad tan extrema y de consecuencias tan fuera de lo previsible, que sólo después de agotado todo otro sistema pueda acudirse a éste con la alta responsabilidad que debe caracterizar la actuación del Consjeo."

Colombia formaba parte como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad en 1969. Allí, con respecto al tema de Rhodesia, Colombia en unión de China, Francia, Finlandia, Paraguay y España, consideró que se debía condenar el proyecto de referendum y Constitución Política elaborado por la minoría blanca y tomar medidas efectivas contra el régimen.

En 1970, el Consejo de Seguridad trató de nuevo el tema del apartheid y condenó, el 23 de julio, la violación del embargo a Rhodesia, vigente desde 1963. Esto generó el debate que se dio como resultado la adopción de la Resolución 282 (70) del Consejo de Seguridad, la cual reiteró su oposición a la política del apartheid y condenó la violación de dicho embargo. En esta oportunidad el voto de Colombia fue afirmativo.

El Consejo de Seguridad intervino respecto al asunto de Rhodesia en marzo y noviembre de 1970. En la primera ocasión emitió la Resolución 277 (70), votada afirmativamente por Colombia, en el cual se reconocía el peligro que significaba la situación de Rhodesia para la paz mundial, acusaba a Sudáfrica y Portugal de violar el embargo y condenaba tanto a estos dos países como al régimen racista de Ian Smith. En la segunda ocasión emitió la Resolución 288 redactada en términos similares a la anterior.

Desde sus inicios, Colombia formó parte del Consejo para Namibia creada por las Naciones Unidas en 1966. Hasta la Primera Guerra Mundial, Africa del Suroeste (Namibia) fue colonia alemana. Durante el conflicto fue ocupada por Sudáfrica, la cual recibió posteriormente la autoridad de la Liga de las Naciones Unidas, pero Sudáfrica se negó a informar sobre el ejercicio de sus labores en tal territorio y siguió ocupándolo a pesar de las peticiones formuladas tanto por la ONU como por la Corte Internacional de Justicia para que al menos ejerciera la administración bajo reglas del mandato internacional.

La Asamblea General declaró el fin del mandato en 1966 y creó un Consejo como autoridad legal administrativa, de la cual hizo parte Colombia pro Sudáfrica, por lo cual se gestó un movimiento de liberación nacional conocido como SWAPO.

En su intervención ante la Asamblea General en 1968, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Alfonso López Michelsen, se refirió a la descolonización y al racismo en estos términos:

"Bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, se ha cumplido durante estos veinte años un gigantesco proceso de descolonización en varios continentes trayendo, como consecuencia, una nueva balanza de poder entre los grandes imperios. Nunca, en la historio del hombre se había cumplido una tan grande redistribución del poderío mundial, no como consecuencia de un hecho de armas sino como resultado del diálogo alrededor de una mesa de negociaciones. Unos han adquirido el rango de superpotencias, mientras otros, confiados a territorio original, vieron reducidos su papen en el panorama mundial sin mayores trastornos para la paz. Ha sido una memorable hazaña en la crónica de estos cuatro lustros ésta de desandar varios siglos de domino de la raza blanca sobre otras razas, sin que la estabilidad política del mundo haya sufrido trastornos de alta magnitud como aquellos que ocasionó la conquista de grandes sectores de Asia y Africa por las potencias europeas. Subsisten, es cierto, focos racistas en más de una comarca africana, pero tan inevitable como ha sido el proceso de integración en la esfera internacional, Colombia no duda que en el orden doméstico, también estará condenada a desaparecer la pretendida supremacía de unas razas sobre otras."

El 31 de octubre y el 1 de diciembre de 1969, la Asamblea General condenó al gobierno de Sudáfrica por negarse a abandonar Namibia y llamó la atención del Consejo de Seguridad respecto al tema. Se acordó entonces que se redactaría un proyecto de resolución que sería presentado por dos Estados asiáticos, dos africanos y dos latinoamericanos (Colombia, Nepal, Pakistán, Senegal y Zambia).

En el debate que se suscitó a propósito del proyecto de la resolución, intervino el Embajador Turbay Ayala en los siguientes términos:

"La Delegación de Colombia se honra de ser uno de los países que auspicia el proyecto de resolución que está ahora bajo estudio del Consejo de Seguridad. Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser también Miembros del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y por ello hemos podido seguir muy de cerca el proceso de este asunto. Deploramos que el gobierno de Sudáfrica haya puesto poca o - para ser más justos- ninguna atención a la actitud de la Asamblea, del Consejo Especial para Namibia y las Resoluciones del propio Consejo de Seguridad."

Finalmente, se aprobó la Resolución 264 (69), la cual fue votada afirmativamente por todas las Delegaciones, excepto Gran Bretaña y Francia, que se abstuvieron. Colombia consideró que aunque los términos de la Resolución no eran tan fuertes como deseaban muchas Delegaciones, se había dado un paso adelante. En el mes de julio de 1969, el Consejo de Seguridad sesionó nuevamente para discutir el tema de Namibia. En el debate, Colombia deploró la reticencia sudafricana a abandonar el territorio ocupado y, a pesar de la posición que había tenido anteriormente en cuanto a evitar el uso de la fuerza, consideró que ésta se había vuelto necesaria par prevenir el mayor deterioro de la autoridad del Consejo de Seguridad.

El 12 de agosto de 1969, Zambia introdujo un anteproyecto de resolución copatrocinado, entre otros países, por Colombia, el cual se convirtió en la Resolución 269 (69), a pesar de las abstenciones de Gran Bretaña, Finlandia, Francia y Estados Unidos. Esta Resolución reconocía la lucha del pueblo de Namibia y advertía a Sudáfrica que de no retirarse antes del 4 de Octubre, el Consejo adoptaría otras medidas.

La cuestión de Namibia se consideró también en 1970. En ese año el Consejo de Seguridad adoptó tres Resoluciones al respecto: la 276 (70) del 30 de enero que declaró entre otras cosas, que la presencia de autoridades sudafricanas en Namibia era ilegal, por lo que sus actos en ese territorio eran inválidos e ilegales: y las Resoluciones 283 y 284 del 29 de Julio.

En 1978 el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 435 tendiente a normalizar la situación y creó el UNTAG ( United Nations Transition Assitance Group in Namibia), pero estos esfuerzos fueron torpedeados por la reticencia de Sudáfrica. En 1981 el veto de Estados Unidos , Francia y Gran Bretaña impidió la aprobación de una resolución que imponía sanciones económicas a Sudáfrica para presionar su retiro de Namibia. Adicionalmente, el gobierno sudafricano manifestó que no trataría el tema en las Naciones Unidas a menos que se retirara el contingente cubano de Angola.

Gracias a la gestión de las Naciones Unidas se reunió la llamada Comisión Conjunta, compuesta por Angola, Cuba y Sudáfrica y expidió el "Mount Etjo Declaration" del 9 de abril de 1989, en la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética participaron como observadores y las partes se comprometieron en la solución pacífica del conflicto y pidieron el inicio de tareas de la UNTAG.

Colombia, por su parte, apoyó los llamados nueve puntos, presentados por el Grupo Africano y recogidos en un proyecto de Resolución que se aprobó el 29 de agosto de 1989. Tal Resolución, la 640, disponía entre otras cosas el cumplimiento de la Resolución 435, la disolución de las fuerzas paramilitares, el que se dieran garantías para unas elecciones libres y justas, e imparcialidad de los medios de comunicación.

Al acercarse la fecha de las elecciones en Namibia, el Secretario General informó sobre el incumplimiento de algunas de las disposiciones. De esta forma, el CAUCUS debió elaborar un nuevo proyecto de Resolución en el cual Colombia tuvo una gran participación ya que le correspondió coordinar las actividades de los No Alineados en el Consejo de Seguridad. Colombia y Yugoslavia, representantes de este grupo, negociaron con Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, representantes de los Miembros Permanentes y con Finlandia, representante de los Miembros No Permanentes y no miembros de los No Alineados. La Resolución 643, aprobada unánimemente por Consejo de Seguridad una semana antes de las elecciones en Namibia, cubrió una diversidad de aspectos e hizo énfasis en algunos que no se habían cumplido a cabalidad. El Embajador Enrique Peñalosa, representante de Colombia, intervino en el Consejo de Seguridad a nombre del grupo de los No Alineados y expresó:

" Muy sinceramente, los países No Alineados que presentamos el proyecto de Resolución a la consideración del Consejo hubiéramos querido que se lo aprobara por un consenso indudablemente y verdadero. En verdad, no somos tan optimistas como algunos sobre la situación en Namibia. Si se lee el informe del Secretario General con cuidado y con objetividad, cualquiera puede concluir que son muchos los problemas pendientes. Mucho es lo que se ha logrado, pero, por ejemplo, la noticia que nos ha llegado hoy de que finalmente ha sido desmovilizado Koevoet es una demostración de que durante muchos meses el gobierno de Sudáfrica incumplió sus obligaciones. No se ha dicho si esa desmovilización es una desmovilización total o una desmovilización disfrazada, como ha ocurrido con otras fuerzas armadas, ya que continúan recibiendo su salario del Gobierno sudafricano y, como es lógico, en cualquier momento pueden ser reincorporados con un simple llamado.

No somos optimistas porque, por ejemplo, las disposiciones electorales se acaban de dictar hace unos días, cuando las elecciones han de tener lugar la próxima semana. Tampoco nos llena de optimismo- como muy bien anotó el representante de Brasil- el hecho de que no sean muy claras las disposiciones sobre cómo se va a manejar. Namibia desde el momento en que se certifiquen las elecciones hasta que se declare la independencia. Los países No Alineados compartimos las inquietudes de la delegación de Brasil a este respecto y ofrecemos toda nuestra colaboración para llenar los vacíos que, no cabe duda, existen a este respecto. "

Finalmente, se realizaron elecciones en Namibia entre el 7 y el 11 de noviembre de 1989, en forma libre. Al declararse la independencia el 1 de octubre de 1990, el Presidente electo, Sam Nujoma procedió a solicitar la admisión de su país en las Naciones Unidas, la cual fue aceptada por unanimidad.

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